La privatización sistemática de servicios en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid se ha llevado por delante más de 2.600 puestos de trabajo en un año. Amparado en su denominado Plan de Sostenibilidad, el Ejecutivo madrileño ha dado entrada a cada vez más contratistas en áreas como la limpieza, el mantenimiento, la administración o la lavandería. De esa manera se ha deshecho de muchos trabajadores, al tiempo que las empresas que han ganado los concursos han podado las plantillas de manera automática. Esto, unido al cierre de servicios o a las jubilaciones forzosas, ha destruido unos 2.650 puestos de trabajo en el sector sanitario.
"Extinción de categorías muy anticuadas que serán desempeñadas por medio de empresas de servicios, generando ahorros y mejorando la eficiencia". Con esta frase impresa en noviembre de 2012, Madrid abría la veda para las concesiones a gran escala. Y a partir de ella, casi nada se ha salvado de la ola privatizadora.
Estos días de noviembre han sido los trabajadores de la Lavandería Central Hospitalaria los que se han encerrado en sus instalaciones para protestar tras la adjudicación del servicio a dos contratistas de la ONCE (Flisa y Laundry Center). 326 personas se van a la calle. Unos 200 eventuales y 100 que se trasladan, ya que si se quedaran afrontarían una caída de salario del 46%. Las empresas se reparten un importe de 45,9 millones de euros y Sanidad asegura que se ahorra 36 millones. Flisa ha reconocido que el tajo salarial viene impuesto por las condiciones aplicadas al concurso por parte del Gobierno de Ignacio González.
Pero hace sólo un par de meses, al inicio de octubre, arrancó el contrato que privatizó la limpieza de 18 hospitales. El pastel se repartió entre Clece S.A. (de ACS) y Ferroser, a razón de 94,5 y 102,4 millones cada empresa. 240 personas han perdido su trabajo con la entrada de los contratistas en los centros sanitarios. "La fórmula es siempre la misma", explica Jesús González, responsable del sector en el sindicato CSIT. "Al llegar la contrata, aquellos con contrato eventual salen despedidos y los que son fijos entran en un proceso de recolocación en algún puesto aún bajo competencia pública, del que salta otro trabajador temporal".
Y la cuenta suma y sigue. Algo parecido ocurrió a comienzos de este año con el hospital Puerta de Hierro. El paso a una empresa privada de los servicios no sanitarios arrasó con 400 puestos más. 180 interinos fueron cesados automáticamente y 220 fijos iniciaron una diáspora en el mismo proceso en cadena que describía González.
Otras fórmulas que han adelgazado la plantilla en no pocas personas han sido, por ejemplo, la jubilación forzosa que, según cálculos de los sindicatos, ha llegado en 2013 a 854 personas entre personal sanitario y no sanitario, y la reordenación de Recursos Humanos en las gerencias de Atención Primaria, que ha fulminado unos 500 puestos –la creación del Área Única Sanitaria ha permitido desprenderse de muchos trabajadores al no existir subdivisiones para la gestión de los centros de salud en la región–. La sangría de empleo se ha completado mediante el cierre directo de entidades como la Agencia de Formación Laín Entralgo (100 trabajadores menos) o el Instituto Cardiológico –eliminado en diciembre de 2012–, que acabó con 190 empleos más.
