El fiscal general del Estado , Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que no hay negociaciones para llegar a un pacto con Iñaki Urdangarin para evitar su ingreso en prisión en el caso Nóos y que tampoco existe un trato de favor por parte de la Fiscalía en este procedimiento hacia su esposa, la infanta Cristina.
Eduardo Torres-Dulce ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los periodistas a su llegada al Congreso de los Diputados, donde hoy comparece, y ha asegurado que la Fiscalía no contempla ningún pacto con parte alguna de dicho caso, seguido para investigar un supuesto desvío de fondos públicos del Instituto Nóos que presidió Urdangarin.
El periódico El Mundo informa hoy de que el marido de la infanta Cristina negocia un pacto con el fiscal para evitar ir a juicio. Según ese diario, Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, plantean un acuerdo de conformidad para aceptar las penas sin que se celebre el juicio. El pacto que reclama Urdangarin es una pena inferior a dos años de prisión, mientras que Torres aceptaría una condena a cuatro años si su esposa es exonerada, según ese medio de comunicación, que añade también que el fiscal Pedro Horrach exige el encarcelamiento de los dos dirigentes de Nóos así como el reintegro del dinero que supuestamente se desvió.
El acuerdo que plantean Urdangarin y Torres es sustancialmente menor a las penas a las que podrían ser condenado por los delitos que les imputan tanto el juez Castro como el Ministerio Público (prevaricación, fraude, falsedad, malversación, tráfico de influencias y delito fiscal) que ascienden a más de 15 años.
Respecto a la infanta, Torres Dulce ha insistido en que la Fiscalía no ha apreciado indicios para que sea imputada, tal como el fiscal del caso ha informado al juez instructor, y ha recalcado que por tanto no hay trato de favor. "Sería trato de desfavor hacer lo contrario", ha apostillado.
Anticorrupción remitió un escrito al juez que instruye el caso Nóos en el que volvía a oponerse a la imputación de la hija del rey. Ese pronunciamiento se produjo antes de que llegaran los últimos informes solicitados por el magistrado a Hacienda y la Policía y de que diera traslado a las partes para que se pronunciaran sobre la posibilidad de encausar a Cristina de Borbón.
