El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha conseguido en un tiempo record no tener a nadie contento. Ni siquiera a los propios encargados de administrar la justicia. Un colectivo de magistrados acaba de poner en marcha unas elecciones paralelas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para protestar contra el nuevo sistema reformado por Gallardón. Los rebelados aseguran que es una forma simbólica de protestar contra el “flagrante incumplimiento del programa electoral del PP” en el que se prometía que serían los propios jueces los que elegirían a los miembros del CGPJ.
El proceso paralelo arrancó el pasado 16 de septiembre y culminará el 26 de octubre con la proclamación de los 12 ‘candidatos’ alternativos al CGPJ - de los 21 que forman el Consejo- que serán elegidos bajo la verificación de un notario, según explica a eldiario.es el magistrado del juzgado número 3 de Guadalajara, Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, muchos de cuyos miembros forman parte de la Asamblea General de Jueces, promotora de la iniciativa.
Villegas deja sentado que él no pertenece a ninguna asociación aunque los otros dos cabezas visibles de este colectivo, Manuel Ruiz de Lara y José Antonio Mora, si pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Estos magistrados aseguran que la idea de realizar unas elecciones simbólicas alternativas surge porque creen que tras la reforma de la ley del Poder Judicial impulsada por el ministro Gallardón, el verdadero proceso, el “oficial”, no es democrático porque los partidos políticos mayoritarios –PP y PSOE- siguen manejando los hilos en la designación de los miembros del órgano de gobierno de la Justicia. “Los vocales del CGPJ seguirán siendo elegidos a dedo”, afirma Villegas.
También denuncian que con la reforma, el ministro “incumple flagrantemente” el programa electoral del PP en el que los populares se comprometían a que fueran los propios jueces los que designarían a los integrantes del Consejo. “El CPGJ nos gobierna pero nosotros no lo hemos elegido”, sentencian.
El nuevo sistema ha mermado protagonismo a las asociaciones de la magistratura para facilitar, según Gallardón, la participación de los jueces y magistrados ‘independientes’, es decir, no asociados. Ahora en lugar de 36 candidatos habrá una lista con 55 nombres para optar a los 12 puestos de vocales que son elegidos por el Parlamento con el apoyo de tres quintos de cada Cámara. El PP tiene mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado, así que podrá sacar adelante los nombres que considere más ‘afines’ a sus intereses mientras el PSOE también hará lo propio.
No es la primera vez que los colectivos de jueces protestan contra decisiones políticas que les afectan. En 2009 cerca de un millar y medio de magistrados firmaron un Manifiesto en contra del anterior sistema de elección del CGPJ, que fue pactado por el PSOE y el PP. De ese descontento surgió la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, creada en mayo de 2011, y en la que no solo militan miembros de la carrera judicial.
El siguiente paso fue la proclamación de la Asamblea General de Jueces, que desde su constitución, en noviembre de 2012, se ha reunido en dos ocasiones en la Plaza de Castilla, sede de los juzgados de Madrid, y cuyos integrantes reclaman un “espacio común”, una Junta Nacional de Jueces donde puedan manifestar sus opiniones. La próxima convocatoria está fechada para el 19 de octubre precisamente para en denunciar la "politización" del proceso y dar a conocer la culminación de las elecciones 'paralelas'.
Pero el malestar con Gallardón se ha extendido prácticamente a otras asociaciones de jueces y magistrados, como Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria o el Foro Judicial Independiente, que tras la reforma de la Ley del Poder Judicial amenazaron con boicotear unas elecciones que también consideran “viciadas” por el poder político.
El interés de los dos partidos mayoritarios por controlar el CGPJ no es baladí ya que es el órgano que nombra a los jueces del Supremo, a los jefes de las salas de la Audiencia Nacional o a los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y los asuntos que deben resolver son de gran trascendencia. Como ‘botón de muestra’: el caso Gürtel- Bárcenas que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
