La decisión que tomó la Comunidad de Madrid de no contratar a integradores sociales, enfermeros, fisioterapeutas y técnicos que ya venían trabajando en los colegios con aulas de integración de niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo no parece tener vuelta atrás. A pesar de las concentraciones en las aceras de los edificios públicos. A pesar de las 97.000 firmas recogidas vía Change.org por una madre preocupada por cómo afectará a las "necesidades de apoyo intensivo, personalizado y continuado" que presentan estos niños. La intención de los socialistas madrileños de llevar este asunto a los tribunales tampoco pesa, ni las denuncias individuales que van a interponer los cientos de técnicos de apoyo relegados. Ni tan siquiera "el fraude de ley" que Marisol Panadero, integradora y afectada por esta decisión, plantea como subyacente en estas contrataciones.
La pretensión de la Consejería de Educación es cumplir con la legislación laboral que impide que un trabajador concatene contratos temporales más allá de los 24 meses en un periodo de 30. La Comunidad cifra a los afectados en 200 de los 700 que tenían destino el curso pasado, aunque a la portavoz de la plataforma que está planteando las moviliaciones le parece que la cifra de 200 "se queda corta" ya que "al menos 100" son los integradores afectados y estiman otros tantos por cada ocupación. Cuando este verano la Administración regional detectó que no podía seguir contratando por obra a los mismos técnicos que venían desempeñando el refuerzo con niños, sobre todo, afectados con Trastorno del Espectro Autista, no decidió hacerles fijos, sino buscar a otros a los que legalmente pudiera hacerles el contrato temporal. Desde el año 2000 se cubrían estas vacantes con la bolsa de trabajo de la Comunidad de Madrid pero este curso se están cubriendo el 80 por ciento de las plazas de los colegios con contratados mediante el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). "La tasa de reposición establecida por el Gobierno Central en todas las administraciones para este tipo de personal en el 2013 es 0", explica la Consejería. "Esto hace imposible la renovación, por parte de la Consejería de Educación, de estas casi 200 personas. Lo contrario supondría infringir la Ley".
Audio proporcionado por el PSM.
Después de reunirse el pasado 10 de septiembre con diferentes colectivos que trabajan en la protección de los niños con necesidades especiales, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, aludió a precedentes jurídicos como la sentencia 32/57 de 2011 del Tribunal Supremo que establece que la rotación de profesionales no asegura el derecho fundamental a la educación para personas con autismo. Según Carmen Toledano y Victoria Moreno, parlamentarias del mismo partido, lo ocurrido "es contrario" a los principios establecidos en el III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, un mapa de trabajo del Gobierno regional, en cuanto al ofrecimiento de una educación inclusiva de calidad. La Consejería aclara que "contratará al mismo número de personas, con la titulación y experiencia requeridas para desarrollar satisfactoriamente estas labores" y, además, "dará formación específica a todos estos trabajadores para garantizar que los alumnos con necesidades especiales sigan recibiendo la mejor atención".
"Hay un conflicto laboral pero sobre todo hay un conflicto de calidad de la educación", explica Panadero, una de las representantes de este colectivo en lucha. Los estudiantes sin necesidades especiales pueden beneficiarse o ser indiferentes ante la rotación del profesorado pero no ocurre lo mismo con los niños con autismo, que precisan de un entorno estable que les ayude a superar sus problemas de comunicación. "Donde no puede romperse la cadena es por el eslabón más débil" opinaba Núria, madre de un niño con autismo que cursa Primaria en un centro común, pero adaptado. "Amparándose en los recortes se puede hacer todo tipo de barbaridades y es la excusa perfecta para un modelo educativo que alguien tiene en su cabeza y este es el momento. A veces la crisis viene bien para determinada gente, recortas donde a ti te interesa y no recortas de otras partes" opinaba enérgica Núria antes del verano, cuando la Consejería amenazó con juntar dos aulas en una y ahorrar costes en las 104 que existen en la Comunidad de Madrid.
"Lo que nos está sucediendo forma parte del plan de destrucción de la educación pública, buscan la externalización de los servicios sin tener en cuenta a las familias y las están maltratando" analiza Marisol, recalcando que no están "en contra de la rotación" pero sí en contra de que se contrate a personal con experiencia en campos diferentes a los demandandos. Esta educadora se ha quedado en paro y no cree que pueda volver a trabajar hasta el próximo mes de septiembre, cuando pueda volver a optar a ser contratada para el mismo trabajo que desempeñaba. Tampoco es buena opción buscar trabajo fuera de Madrid, pues no hay equiparación de su categoría en otras comunidades autónomas. "Se han reído del esfuerzo que hemos hecho durante siete años de lucha por defender nuestro trabajo, no siquiera existimos como categoría laboral". El modelo de la Comunidad de Madrid lleva once años en fase experimental y, aunque los expertos y los padres aseguran que es todo un éxito, la Administración no da los pasos para consolidarlo. Según los padres, la experiencia les está demostrando que aquellos niños con autismo se integran mejor en la sociedad si han estudiado en centros comunes y no en los de Educación Especial. Para que esto suceda, se necesitan aulas preparadas, con un máximo de cinco niños con necesidades educativas especiales, y atendidas por un pedagogo terapéutico y un integrador. Logopedas y fisioterapeutas son recursos cada vez más compartidos y escasos que también están desapareciendo.
