Los niños son "rehenes" de huelgas "políticas" e inconstitucionales, según Wert

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, considera que los niños baleares son "rehenes" de una situación "profundamente irresponsable". Es decir, de una huelga indefinida contra los recortes y la aplicación del trilingüismo. Ya había tenido palabras esta semana para el paro general educativo convocado para el 24 de octubre, calificándolo incluso de inconstitucional. "Se mire por donde se mire, es una huelga política y las huelgas políticas no están contempladas ni amparadas por la Constitución", ha asegurado el ministro.

En realidad, la Constitución, en su artículo 28, "reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses", independientemente de cuáles sean. Pero no va más allá. El problema es que no se ha desarrollado ninguna ley que regule estos supuestos y el derecho de huelga se rige por el Real Decreto-Ley 17/1977, una norma anterior a la Constitución que, según los expertos en derecho laboral, se ha quedado obsoleta. En cualquier caso, el 9 de mayo pasado ya tuvo lugar otra huelga general de la educación con los mismos convocantes -varios colectivos de profesores, padres y estudiantes- y por los mismos motivos: protestar contra la reforma educativa, la subida de tasas de las matrículas universitarias y los recortes en becas.

Para Wert, la huelga "no está justificada" porque "se plantea frente a un instrumento legislativo como la LOMCE, que está siendo discutido por los representantes de la soberanía popular". "No es constructivo enfrentarse a una norma que busca mejorar la calidad de la educación sin aportar ninguna propuesta", ha rematado el ministro.

Sindicatos y asociaciones de padres y alumnos coinciden en que las movilizaciones no sólo tienen su origen en la reforma educativa sino en algo más; lo que llaman "emergencia educativa" actual. Y para explicarla esgrimen datos: los recortes supusieron el pasado año que unos 600.000 alumnos perdieran las ayudas para los libros de texto y material didáctico. Y este curso se inicia con cerca de 80.000 alumnos más y 20.000 profesores menos.

'Listas negras' de huelguistas

Antoni Camps, diputado del PP en el Parlamento balear y miembro de la Comisión de Educación en la misma Cámara, desató otra polémica esta semana con un artículo en El Mundo en el que aseguraba que proponía identificar con nombres y apellidos a quienes hicieran huelga. "Lo positivo de esta huelga es que sabremos, con nombres y apellidos, quienes están preocupados por el futuro de nuestros hijos, y quienes, por el contrario, juegan con los alumnos para conseguir objetivos políticos".

De acuerdo con la legislación, las autoridades pueden preguntar sobre la participación o no del profesorado en la huelga, pero siempre después de que haya ocurrido, nunca antes. Si lo hiciera previamente, se trataría de una intromisión ilegítima en la libertad de las personas, lo que podría ser motivo de denuncia penal y administrativa. Así lo explica una sentencia del Tribunal Administrativo: "La Administración podrá preguntar a los funcionarios si han participado o no en la huelga y si desean alegar algo al respecto, sin que ello constituya una intromisión en la libertad ideológica, siendo tan sólo el medio de constatar la participación en la huelga para aplicar el efecto legalmente previsto en el régimen retributivo".

Los sindicatos han alertado en numerosas ocasiones el poder y la autonomía que otorga la nueva ley educativa a los directores -que les da libertad para elegir los docentes más idóneos para su centro- porque podría afectar a aquellos educadores que no sigan la línea ideológica de su superior.