La central nuclear de Garoña está cerrada, pero aún hay algunos integrantes del Ejecutivo que no se convencen de ello. El Partido Popular ha aprobado una enmienda dentro del Proyecto de Ley de medidas en materia de fiscalidad medioambiental que exime a las centrales nucleares de pagar uno de los impuestos que encarece el uso de las centrales. Esta tasa fiscal fue aducida por Endesa como un coste excesivo para poder reabrir la central de Garoña.
En el texto original que recogía el impuesto, se diseñaba una tasa a la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la energía nucleoeléctrica. La fórmula de este impuesto gravaba no solo la introducción de nuevo combustible sino la reutilización del que ya había sido usado con anterioridad.
Esta última parte era la que realmente encarecía el uso de las centrales nucleares. Y la que Nuclenor -participada por Endesa e Iberdrola al 50%- esgrimió, junto con otras razones de rentabilidad, para no reabrir la central. Antes de su cierre, la empresa había extraído las barras de uranio del reactor y se resistía a reintroducirlas aduciendo que esto le supondría un coste, en forma de impuestos, que no podía asumir.
Ahora el PP rectifica y en el texto de la enmienda dice que "en el caso de que el combustible nuclear gastado extraído del reactor se reintroduzca con posterioridad en dicho reactor [...] no dará lugar al hecho imponible". En definitiva, solo se pagará el impuesto la primera vez que se extraiga el combustible gastado.
La eliminación de esta traba fiscal allana al ministro de Industria, José Manuel Soria, el camino para convencer a Endesa de que reabra la central. Soria es un convencido de que la central debe volver a funcionar, aunque ni siquiera sus propietarios lo desean.
En el paquete de enmiendas se recogen otras exenciones de impuestos. Según recogió el martes Cinco Días, varios sectores industriales quedan eximidos del pago del impuesto eléctrico. Así, prácticamente el 85% del sector industrial se librará de pagarlo, entre ellos, el cemento, el aluminio y la metalurgia.
La diputada de ICV, Laia Ortiz, lamenta el "despropósito" del trámite parlamentario de esta ley, que tuvo el debate de totalidad la semana pasada y cuyas enmiendas se pasaron a los grupos parlamentarios el viernes. El PP solo han aprobado sus enmiendas al texto y ninguna de la oposición.
