El Congreso siguió el guión que estaba previsto y aprobó el dictamen de la ley de Transparencia y Buen Gobierno únicamente con los votos a favor del PP y de los partidos nacionalistas CiU y PNV, junto con los de CC y UPN. PSOE, Izquierda Plural, UPyD, y buena parte del Grupo Mixto, votaron en contra del proyecto por considerarlo “insuficientente”, e incluso “opaco”, tras denunciar que no busca solucionar “los intereses de los ciudadanos sino de la propia administración”.
Esteban González Pons, en nombre del PP, lanzó duros reproches a los partidarios del ‘no’, especialmente al PSOE, grupo al que acusó de cometer “un error histórico”. El portavoz del PP, sin embargo, anunció que su grupo mantendrá “la mano tendida” para acercar posturas a su paso ahora por el Senado.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se implicó personalmente en el debate con un breve discurso desde la tribuna para ensalzar y defender una ley de la que el Gobierno ha hecho 'bandera', porque a su juicio avanza en la calidad de nuestra democracia y va a ser un buen instrumento para evitar la corrupción.
Pero eso no evitó que escuchara el varapalo que le brindaron tanto el PSOE como la Izquierda Plural y UPyD, cuyos portavoces subieron a la tribuna a defender las numerosas enmiendas que no habían sido aceptadas por el grupo mayoritario durante la tramitación del proyecto. Los socialistas y los grupos de la izquierda plural hicieron un plante por considerar que era “incoherente” participar de una ponencia sobre transparencia mientras el propio presidente del Gobierno se negaba a dar explicaciones en el Parlamento sobre el caso Bárcenas o se les impide interpelarle.
El ponente socialista, José Enrique Serrano, justificó su voto en contra resaltando, precisamente, la incongruencia de que los populares quieran impulsar una ley de Transparencia mientras en la Mesa del Congreso “obstaculiza sistemáticamente todas las iniciativas de la oposición” sobre la corrupción en el PP. Serrano dijo que la ley, tal y como ha quedado, “no es el bálsamo de Fierabrás” para acabar con esa lacra y destacó que su partido intentó, sin éxito, que el texto recogiera un mayor control de los contratos con las administraciones para saber “cómo se ejecutan y en qué condiciones se prorrogan”, así como una "mejor regulación de los lobby”. También criticó que el presidente del Consejo sea nombrado por mayoría absoluta y no por mayoría cualificada del Congreso. Por todo ello, consideró que “se ha empobrecido la ley” mientras lamentaba que vaya a ver la luz sin los votos del principal partido de la oposición.
En su turno de intervención, en nombre de la Izquierda Plural, Josep Nuet no dudó en asegurar que “esta ley nace muerta”, “nace del aparato de agitación y propaganda del PP que se mueve entre Génova y Moncloa y que tiene en esos dos ámbitos sus peones”. El portavoz de la Izquierda Plural fue mucho más duro que ninguno de los partidarios del ‘no’ al afirmar que el PP, en esta ley, ha hecho lo que suele hacer siempre el Gobierno, “ha retorcido sus palabras hasta el límite para que parezca lo que no es”. Nuet afirmó además que se ha hecho una ley a “dos velocidades” en donde se separa a la Casa del Rey -a la que han colocado “al secretario general de la Presidencia de comisario político para filtrar las preguntas ciudadanas”-, al Congreso o al Senado, junto a otras instituciones para darles un tratamiento diferenciado del resto de las administraciones. Un “tratamiento especial para las elites de la política”.“Señores del PP, menos agitación y propaganda y más democracia”, finalizó Nuet.
En parecidos términos se pronunció Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de UPyD, cuyo grupo sí participó en los trabajos de la ponencia, lo que no ha evitado que voten en contra. Gorriarán opinó que la ley no está pensada para los ciudadanos sino dirigida a las administraciones. “La ley ha nacido ya marcada por su incumplimiento antes de su entrada en vigor”, dijo, al señalar que el PP podrá seguir invocando la ley de Protección de Datos para negar información al ciudadano, como ha hecho para rechazar muchas de las propuestas sobre Bárcenas. “¿Dónde está su espíritu de transparencia?. Yo no la veo por ninguna esquina”, preguntó al PP. También dudo que el Consejo vaya a ser un órgano independiente porque tal y como está concebido, será “un mandado del ministro de Hacienda”.
El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, explicó la iniciativa puesta en marcha por su organización que ha permitido que 2.280 personas opinasen durante cuatro días en Internet sobre la ley y determinasen el sentido del voto de Baldoví en las enmiendas. A su juicio, la norma "nace vieja, corta y coja" y supone "una oportunidad perdida" porque no alcanza todas las entidades que reciben dinero público.
A todos ellos les contestó Esteban González Pons, en nombre del PP. El hecho de que el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, afirmara este jueves que la aprobación de la ley de Transparencia convertirá a las administraciones públicas en “unas casas de cristal”, sirvió de argumento a González Pons para afirmar que es “una gran ley que va a hacer historia”. Pons intentó tocar en la ‘fibra sensible’ al ponente socialista, José Enrique Serrano, recordando que un partido que ha gobernado durante más de 21 años no puede “quedarse fuera del consenso" porque eso sería “un grave error histórico”. Es más, opinó que los socialistas han adoptado esta postura porque están “incómodos por cómo les va en la oposición” y como respuesta “castigan” al Gobierno y prefieren quedarse “en el rincón oscuro” del Congreso. Aunque Pons reconoció que la ley podría ser “más completa”, el no aprobarla, dijo, provocaría “que la administración se quedará en las tinieblas”. “No podemos estar con las manos cruzadas ante las demandas de los ciudadanos que ven como la corrupción nos afecta a todos. Porque aquí no hay santos y pecadores”, afirmó, recordando palabras de Sáenz de Santamaría. El portavoz del PP, que también tuvo reproches para el portavoz del UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, advirtió tanto a unos como a otros que su grupo “mantiene la mano tendida en el Senado, pese a lo que voten hoy aquí”.
Pons puso el broche final a su intervención rechazando que el Reglamento del Congreso abra la puerta a que la oposición pueda interpelar al Presidente del Gobierno y presentarle una reprobación en el Congreso porque, dijo, “sería como una moción destructiva” y “un subterfugio” para no presentar una moción de censura con programa y candidato alternativo. Este tipo de propuestas de reprobación, a juicio, “suelen conducir al caos”.
