Meter la cabeza en el suelo no es una solución. Hacer como que no pasa nada mientras se silba tampoco lo es. No sirve de nada enrocarse en que la ley es la ley, ni tampoco el autoengaño: creerte tu propia propaganda; convencerte de que lo que está pasando en Catalunya es una rabieta, un capricho, una manipulación, un invento o una moda pasajera, como muchos políticos plantean en Madrid. Esto es serio. El independentismo es ya o está a punto de ser mayoritario entre los catalanes, como ayer demostraron. Las encuestas son tan claras como lo fue esa impresionante cadena humana. Y ante eso, al Gobierno de España solo le quedan dos opciones: una reforma o una ruptura. No hay otra en democracia.
En un país libre, en Europa, en el siglo XXI, ni las leyes ni los tanques pueden sostener por sí solos un Estado, si sus partes no desean permanecer unidas. Puedo argumentar contra la ruptura. No quisiera vivir en una España sin Catalunya –como decía Isaac Rosa, no nos dejéis solos, por favor–. Creo que ya somos lo bastante irrelevantes en el mundo como para que nos podamos permitir una división y me gustaría que los políticos encontrasen un modelo político federal o confederal que supere a la España de las autonomías y dé encaje a la mayoría de los ciudadanos. Estoy en contra de la independencia, pero no tengo argumentos democráticos para oponerme al derecho a decidir, ni en Catalunya ni en el Sahara ni en Quebec ni en Euskadi ni en Escocia. Si España es una democracia, Catalunya será lo que quieran los catalanes. Los de Burgos, como yo, pintamos poco en ese debate, por la misma razón que en el futuro referéndum escocés no van a votar los ingleses.
La única opción que tiene el Gobierno español y los partidos nacionales para evitar la independencia no es imponer, es convencer. Desde el inmovilismo se llega a la ruptura por la vía más rápida. La llave de la reforma –quien de verdad tendrá que elegir– la tiene la derecha política española: el Partido Popular. No solo porque la izquierda sea hoy minoritaria en el Congreso; también porque solo el PP puede hacer una reforma así sin que la torpedeen, como sucedió con el inane Estatut que intentó Zapatero en uno de sus mayores fracasos.
Incluso el PP tendría serias dificultades para reformar la estructura territorial de España: les provocaría una nueva brecha en los medios de comunicación reaccionarios que sin duda rentabilizaría electoralmente UPyD. Pero la decisión en este momento histórico la tiene que tomar el PP y su presidente, Mariano Rajoy, que puede pasar a la historia como el último de España (y el primero de Alemania).
Mariano Rajoy y Artur Mas han estado hablando. No se sabe de qué, esta democracia siempre es tan transparente. Desde el Gobierno hay voces, como el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que hace tiempo que defiende abiertamente una reforma constitucional. Parece que el avestruz se mueve. La gran duda es si ya es demasiado tarde.
