El dictamen de la ley de Transparencia que este jueves se somete a votación en el pleno del Congreso incluye a la Casa del Rey aunque los miembros de familia real no estarán obligados a pormenorizar los gastos de sus numerosas actividades públicas, ni a desvelar los negocios que realicen con las asignaciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado.
La Iglesia no aparece citada expresamente en la ley aunque también tendrá que dar explicaciones del dinero público que ingresa como todas aquellas instituciones, organismos o empresas que reciban más de un 50% de subvenciones del Estado.
El PSOE mantendrá su voto en contra -salvo sorpresas de última hora- así como Izquierda Plural, ERC y el BNG. Todos, eso sí, defenderán desde la tribuna sus enmiendas, que han quedado fuera del dictamen. Sin embargo, el proyecto saldrá adelante para ser enviado al Senado gracias a la mayoría absoluta del PP y al apoyo de CiU, PNV y varios grupos minoritarios.
“Evidentemente no se va a poder saber cuánto se gasta un miembro de la familia real en peluquería al igual que tampoco los parlamentarios tenemos por qué dar detalles de los gastos que hacemos en vacaciones con nuestros sueldos”, afirmó a eldiario.es uno de los ponentes de la ley que mañana subirá a la tribuna a defender la postura de su grupo ante una ley que, según el PP, es “una de las más avanzadas de los países de nuestro entorno”.
Sin embargo, en muchos aspectos el proyecto deja bastante que desear. Por ejemplo, en lo que respecta a la Casa del Rey. Aunque desde hace meses la página web de Zarzuela da cuenta de la agenda de los miembros de la familia real y del presupuesto que tiene asignado, la nueva ley de Transparencia no avanza mucho más allá. La disposición adicional sexta establece, además, que será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno “el órgano competente para tramitar el procedimiento de cualquier solicitud de información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley”.
El Gobierno, pues, será el que decidirá lo que puede o no hacerse público ante la solicitud de un colectivo o un particular.
Paradójicamente, aunque la ley incluye el derecho a pedir información, no hay obligatoriedad de dar respuesta a todo lo que se quiera saber. Los límites al derecho de acceso a la información quedan establecidos en el artículo 11 (nuevo artículo 14) que podrá ser restringido cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y la protección del medio ambiente. Trece límites en los que podrán excusarse los responsables de nuestras administraciones para denegar datos que consideren ‘inadecuados’.
El artículo 19 aclara que “el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”.
La ley establece que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los secretarios de Estado y demás altos cargos, deberá publicarse en el BOE, "omitiéndose datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares". Los miembros del Senado y del Congreso se regirán por el Reglamento de sus respectivas Cámaras por lo que dependerá de ellos mismos decidir, por ejemplo, si en la web se desglosan los gastos de los numerosos viajes de trabajo que realizan, más allá de la cifra global que hayan supuesto, y otros detalles de esos desplazamientos. Sus bienes patrimoniales y declaraciones de la renta están ya en la página web aunque con datos incompletos y ambiguos en muchos casos.
En la ley están asimismo incluidos los partidos políticos que deberán declarar las donaciones que reciban de empresas o particulares, y estas recíprocamente. También se someten a la ley los organismos judiciales, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Consejo Económico y Social. Evidentemente, quedan dentro de la ley las organizaciones sindicales, la CEOE, las fundaciones y todas aquellas entidades privadas y sociedades mercantiles con participación pública o que reciban subvenciones del 50% de su capital social. En este lote, dado que recibe sustanciosas ayudas económicas del Estado, estaría la Iglesia pero en el texto del proyecto de ley no se la nombra en ningún momento.
Para vigilar el cumplimiento de la ley se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano ‘independiente’ cuyo presidente será elegido por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y no podrá ser destituido durante su mandato. Ya no será el Ministerio de Hacienda el que aplique las sanciones, como en un principio se había establecido. El Consejo será el encargado de solventar las reclamaciones y recursos. Los nacionalistas de CiU y del PNV han quedado satisfechos porque este Consejo respeta las competencias autonómicas y sólo intervendrá en las comunidades con las que haya firmado convenio, dejando que sea el órgano autonómico designado el que actúe en cada caso.
En el apartado del Buen Gobierno, las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley deberán cumplir una serie de normas. Entre otras cosas, “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.
La ley también cuenta con un régimen sancionador que se aplicará “a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente”. Algunas infracciones podrían dar lugar a “la destitución del cargo público que ocupe el infractor, y la no percepción de pensiones indemnizatorias”. En los casos más graves la inhabilitación sería de entre 5 y 10 años. Los infractores, además, tendrán la obligación de “devolver las cantidades indebidamente percibidas y de indemnizar por ello a Hacienda”.
El PSOE e Izquierda Plural, al igual que el BNG y ERC, están dispuestos a mantener sus posturas de votar en contra de ley como muestra de rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno en el caso Bárcenas y “las mentiras” que ha vertido en sede parlamentaria, según aseguran estos grupos. Sin embargo, el proyecto será aprobado gracias a la mayoría absoluta del PP y con los votos de CiU, PNV y posiblemente también de UPyD, que han participado en los trabajos del dictamen de la ponencia, además de varios diputados del Grupo Mixto. El proyecto pasará al Senado, donde no se esperan cambios, para ser definitivamente devuelto al Congreso para su aprobación final antes de que acabe el año.
