Como en la más encarnizada partida de póquer, nadie quiere enseñar sus cartas en Pescanova. La mano definitiva se juega este jueves en Vigo, en la junta de accionistas que debe elegir al consejo de administración que sustituya al multiimputado equipo de gobierno que presidió Manuel Fernández de Sousa. Pese a la deuda de 3.674 millones que generó la gestión del hijo del fundador y a su correspondiente agujero patrimonial, que asciende a 1.667 millones, la multinacional de la pesca congelada sigue siendo un caramelo muy apetecible. Accionistas minoritarios, inversores de referencia y fondos de capital riesgo se miran de reojo y recuentan apoyos ante la crucial cita del 12 de septiembre, en la que ni siquiera Sousa renuncia a mantener el control.
En esta guerra de todos contra todos en la que cualquier alianza es posible, el grupo que encabeza la cervecera Damm (6,2% de las acciones) parte como el favorito para hacerse con el control de Pescanova, en concurso de acreedores. Asociado con el fondo luxemburgués Luxempart (5,8%) y con Iberfomento (3,3%), este julio se les sumó otra nueva accionista de referencia, Carolina Massaveu Herrero, con una participación del 3,74%. Su frente asegura sumar el 40% de las acciones. Pero aunque haya sido inhabilitado para ejercer la presidencia, Sousa no se ha dado ni mucho menos por vencido, y pretende hacer valer su 7,5% de capital, al que suma el 3% de Alfonso Paz Andrade y un 4,5% de otros accionistas hasta alcanzar el 15%. Enfrente de ambos, o aliados con cualquiera de ellos, están Cartesian, del inversor chino Peter M. Yu, con el 8% del capital, y los minoristas, con otro 5%.
El cisma es de tal calibre y la tensión tan elevada, que el administrador concursal, Deloitte, ha tenido que citar este martes a los representantes de las partes para poner orden y calmar los ánimos ante una junta que se prevé tumultuosa. La clave está en el porcentaje mágico del 51%, lo que da un especial valor al tercio del accionariado disgregado entre accionistas particulares. De ahí que los contactos para forjar mayorías se suceden a velocidad de vértigo. Una alianza ya concretada es la de Cartesian con los minoristas a través de Pescanem, que ha realizado intentos apenas disimulados de incorporar al grupo de Sousa. Su baza sería la exministra socialista Elena Espinosa, a la que propuso incluir en el consejo con el objetivo de auparla a la presidencia.
La simple posibilidad de que Cartesian confluya con Sousa causa estupor en el grupo de Damm, aunque no la descartan en absoluto. “Es inaceptable”, afirmaron fuentes de Luxempart, que recordaron la reciente petición del fondo de Peter M. Yu de demandar a Sousa. Pero la aritmética y el goloso control de Pescanova pesan más que las viejas rencillas. “Solo son sospechas, pero si se hacen los cálculos no vemos con qué apoyos pueden llegar para contar para llegar al 25% si no es con Sousa”, declararon los mismos portavoces a Europa Press. Para agitar las sospechas, Pescanem intenta guardar la equidistancia, y combina las críticas a la gestión de Sousa con alusiones a la participación de tres de los consejeros propuestos por Damm en el gobierno saliente.
Damm, el favorito
Damm no es solo el grupo favorito para controlar el nuevo consejo de administración, sino también el primer actor que formuló una propuesta con nombres y apellidos. Lo hizo en agosto, cuando presentó una oferta de consejo que reduce de 11 a 7 miembros, con el expresidente del Banco Gallego Juan Manuel Urgoiti como presidenciable. Completan la lista Françoise Tech (Luxempart), José Antonio Pérez Nievas (Iberfomento) y José Carceller (Damm), junto con los independientes Yago Méndez (hijo del expresidente de Caixa Galicia y antiguo aliado de Sousa), Luis Miguel Sánchez Merlo y Ángel Legarda.
Sousa se guarda sus nombres, aunque su entorno se ha apresurado a criticar la propuesta liderada por la cervecera por nutrirse de personas “sin experiencia en el sector”. En una carta remitida a los accionistas, el expresidente ha anunciado que renuncia a la reelección siquiera como consejero, y que no propondrá a ninguno de los miembros del equipo saliente, como forma de reconocer unos “errores” por los que pide perdón. Lo que no supone que vaya a renunciar a promover otro consejo de administración distinto ni a perder el control de Pescanova. De momento, Sousa reclama la misma actitud a otros dirigentes que formaron parte del actual consejo de administración, en clara referencia a los tres que figuran en la propuesta de Damm.
Cualquier grupo que sume el 5% del capital podrá presentar una lista al consejo de administración, como ha hecho este mismo martes Cartesian con una relación de 15 consejeros, todos ellos independientes, entre los que inicialmente no está Espinosa. Ahí aparecen nombres como los del gallego Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, y Baldomero Falcones, expresidente de FCC, como presidenciables. Junto a ellos, los de los exministros Pío Cabanillas y José Otero Novas o los de Ramón Calvo (exconsejero delegado de Conservas Calvo), Antonio Renom (Levante Capital) y los socios de Garrigues Ángel Martínez y Santiago Calvo-Sotelo.
Sousa puede hacer valer en la junta su condición de bisagra y añadir una pirueta de equilibrista propia de quien ha sumado tres décadas al frente de la compañía. Todo ello a pesar de un desprestigio insólito en quien hasta hace bien poco alardeaba de humillar a presidentes de la Xunta. El último capítulo de su azaroso ocaso lo escribió con la letra de su mujer, María Rosario Andrade, que intentó llevarse 5,2 millones de euros a China desde una cuenta abierta en Portugal. Ocurrió el 28 de agosto, apenas 10 días después de que la Audiencia Nacional impusiera a su marido una fianza de más de 178 millones de euros como responsabilidad civil.
Este presunto delito de alzamiento de bienes se sumaría a una lista de imputaciones que resultaría insoportable si el expresidente no contara con el 7,5% del capital. La última de ellas, conocida la semana pasada, por negativa o resistencia a la actuación supervisora e inspectora de la CNMV. Al hijo del fundador de Pescanova también se le atribuyen los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante, por los que declarará en octubre ante el juez Pablo Ruz. Es el crepúsculo judicial de un empresario que se resiste a renunciar a su siempre todopoderosa autoridad.
