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Los desahucios aumentan un 7,3 % en el tercer trimestre con respecto a 2013

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El número total de desahucios practicados entre julio y septiembre de este año fue de 13.341, lo que supone un 7,3% más que en el mismo periodo de 2013, según la estadística presentada hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde enero de 2008 hasta septiembre de 2014 se contabilizaron en España 360.125 lanzamientos, según las estadísticas elaboradas por órgano judicial.

Según el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales correspondiente a los nueve primeros meses de 2014, del total de lanzamientos (que incluyen todo tipo de inmuebles, no solo viviendas), el 43,4% se derivó de ejecuciones hipotecarias y algo más de la mitad, un 51,3%, se produjo por impagos del alquiler y el 5,2% restante obedeció a otras causas.

En este sentido, la estadística pone de manifiesto que los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 22,1%, mientras que los acordados en procedimientos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 4,2%.

Este nuevo incremento se suma a una lista de cifras sobre desahucios que no siempre coinciden. Es dato todavía es difícil de calcular ya que los organismos que miden este aspecto, como el CGPJ, el Banco de España y ahora el INE, no toman la misma la vara de medir.

Por comunidades autónomas, los nuevos datos del CGPJ recogen que en Cataluña se produjeron el 22,2% del total, seguida de la Comunidad Valenciana, con el 16,4%; Andalucía, con el 15,8%, y Madrid, con el 11,6%.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en este tercer trimestre, la cantidad ascendió a 16.767, lo que supone el 1,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, atendiendo a la evolución interanual, destacan los datos de Extremadura y Baleares, con un aumento respecto al tercer trimestre de 2013 del 46,6 % y del 45,2 %, respectivamente, además de Aragón (31,3 %), Murcia (21 %) y Asturias (17 %).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el órgano de gobierno de los jueces advierte de que éstos no existen en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica valores absolutos.

De esta forma, y bajo la premisa de que un lanzamiento solicitado a un servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, los datos arrojan que el número de lanzamientos pedidos a los servicios comunes fue de 13.342 (un 6,1 % menos), de los que 8.851 terminaron con cumplimiento positivo, un 23,1 % más.

Por otra parte, los procedimientos monitorios (mediante los cuales se reclaman deudas personales vencidas) presentados en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 144.262, lo que se traduce en un incremento de 14,5 %.









El juez condena a 'Alfon' por resistencia a la autoridad

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El juzgado de lo Penal número 26 de Madrid ha condenado a Alfonso F. O., conocido como Alfon, a un año de prisión por un delito de resistencia en concurso ideal con un delito de lesiones. El juez, sin embargo, le absuelve del delito de atentado contra la autoridad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta sentencia es independiente del juicio que se sigue contra Alfon por tenencia de explosivos el día de la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

Alfonso F. O, Alfon, José Manuel M. J. y los otros dos ocupantes del vehículo, los también condenados Marta B. Jodra y Amparo O. H. recibieron el alto por parte de la Policía Municipal de Madrid después de saltarse un semáforo el 19 de junio de 2012. Según la sentencia hecha pública hoy, movidos por el deseo de menoscabar el principio de autoridad y orden público, les gritaron a los agentes de la Policía Nacional que fueron en auxilio de los agentes municipales que ellos no eran delincuentes y que los dejaran en paz. De inmediato, José Manuel empezó a propinar patadas y puñetazos por todo el cuerpo a uno de los agentes que, con ayuda de sus compañeros, le inmovilizaron y engrilletaron.

Según el relato que el juez considera probado, Amparo se lanzó contra una policía, a la que arañó y arrancó un mechón de pelo, además de propinarle también patadas y golpes. La agente de Policía logró levantarse del suelo y detuvo a la mujer, que de inmediato le soltó un fuerte puñetazo en la cara que le partió el labio. Ya detenidos y reducidos José Manuel y Amparo, el procesado Alfonso F. O., amenazó gravemente a los policías al grito de “te voy a esperar cuando salgas de comisaría, te voy a seguir a tu casa, que no sabes con quién estás hablando. Te voy a matar”, amenazas y empujones en los que también participó la cuarta acusada, Marta B. J.

El juez ha condenado a Amparo O. H. a un año y nueve meses de cárcel por los delitos de atentado en concurso ideal con un delito de lesiones, a Marta B. a un año de cárcel por los mismos delitos que a ‘Alfon’ y a José Manuel M. J. también a otro año de cárcel por los mismos delitos además de a una pena de multa de seis meses como autor de un delito contra la seguridad vial.

A los cuatro acusados se les ha aplicado la atenuante de drogadicción, al encontrarse bajo los efectos de diferentes sustancias en el momento de los hechos, y deben indemnizar en 3.500 euros a los agentes de Policía por los días que tardaron en curar de sus lesiones. También han sido condenados en costas. La sentencia puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

 








UPyD pide al juez del caso Bankia que envíe a Rato a prisión

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La acusación popular del caso Bankia, ejercida por UPyD, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid en el que solicita a su titular, Fernando Andreu, que dicte prisión provisional contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato.

UPyD se basa en las evidencias que aparecen en el informe de los peritos del Banco de España sobre irregularidades en la gestión de Rato, informaron fuentes jurídicas. La acusación popular cita los dos viajes que Rato ha hecho a Suiza (el último, a finales de noviembre, adelantado por el diario.es), desde que fue imputado por auspiciar y fomentar el uso de las 'tarjetas black'. El partido sospecha que Rato tiene fondos en el extranjero.








Pablo Iglesias cambia su declaración de intereses en la Eurocámara para incluir cobros por tertulias

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Pablo Iglesias ha modificado la declaración de intereses que presentó ante el Parlamento Europeo para incluir ingresos como tertuliano percibidos antes de su toma de posesión como eurodiputado. En el documento figura ahora un epígrafe en el que reconoce la "asistencia a tertulias de televisión" que antes no figuraba porque el líder de Podemos entendió "que solo había que señalar los ingresos durante el mandato como eurodiputado", según ha explicado a la Cadena SER.

El apartado en el que Iglesias ha incluido esa actividad obliga a reflejar todas aquellas que se realicen de manera ocasional y que excedan los 5.000 euros de ingresos por año civil. El secretario general de Podemos ha sido en los últimos meses un asiduo de los programas de debate en varias cadenas de televisión, especialmente en Cuatro y La Sexta. No obstante, Iglesias asegura que no cobra por esas intervenciones desde que fue elegido para encabezar la lista electoral para las europeas.

En ese mismo apartado, el líder de Podemos sí reconocía en su declaración inicial su actividad como presentador y director del programa 'Fort Apache'. En ambos casos, el dirigente ha marcado la casilla que fija la cuantías obtenidas entre 1.001 y 5.000 euros brutos mensuales.

La otra actividad que declara Iglesias es la de "profesor de Universidad (interno a tiempo parcial)", por su trabajo como docente en la facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. En ese caso, el Parlamento Europeo sí que especifica claramente que deben incluirse las ocupaciones ejercidas "durante los tres años anteriores a la legislatura en curso".


El Gobierno descarta tocar los sueldos de Rajoy y de los ministros

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no se plantea ahora tocar los sueldos de Mariano Rajoy y sus ministros, un debate que, a su juicio, debe ser "más general y global", empezando por sectores como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado donde también hay "diferencias salariales". Además, ha recordado al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que el PSOE ha gobernado "bastante tiempo antes" y no hizo "nada" para reordenar esas retribuciones.

Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que Pedro Sánchez defendiera este jueves que los más de 200 altos cargos que cobran más que el presidente del Gobierno se bajen el sueldo. Además, abogó por una "reorganización" de las retribuciones en la Administración.

"Han gobernado bastante tiempo antes en que esto ya era así y no se hizo nada. Y en las empresas públicas sí que hicimos un recorte importante de los sueldos que había", ha espetado Santamaría a Sánchez. Es más, ha subrayado que el Ejecutivo de Rajoy también "recortó" las indemnizaciones que se cobraban al cese. "Y nos llevaron hasta los tribunales", ha enfatizado.

La 'número dos' del Ejecutivo ha subrayado que los sueldos son así desde un tiempo "inmemorial" y ha enmarcado parte de las diferencias salariales entre los ministros y los secretarios de Estado en el hecho de que los primeros cobran 12 pagas y los segundos 14. "Es una de las explicaciones del escalón", ha apostillado.

Sáenz de Santamaría ha destacado que este debate sobre los sueldos no es "nuevo" y, de hecho, ha recordado que en febrero del año pasado se reprodujo la misma discusión con motivo de la reforma local porque no se sabía lo que cobraba un secretario de Estado. "Entonces el ministro Montoro dijo que los secretarios de Estado cobran más que los ministros, que la vicepresidenta e incluso que el presidente del Gobierno", ha indicado.

La vicepresidenta ha explicado que en esta legislatura el Gobierno ha aplicado "una congelación de sueldos" y "no los han tocado". Además, ha asegurado que tomaron otras medidas como "pegar un bajonazo a los sueldos" de los responsables de las empresas públicas porque antes eran "superiores".

Dicho esto, ha señalado que el debate sobre los salarios debería ser "más general y más global", dando prioridad a reordenar las "diferencias salariales" que hay en otros ámbitos como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, ha reiterado que más que dentro del Gobierno es "más urgente" actuar en otros ámbitos.

Ante el hecho de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cobre 144.000 euros, casi un 50 por ciento más que Mariano Rajoy (que gana 78.185 euros brutos anuales), Sáenz de Santamaría ha indicado que las comunidades autónomas tienen su autonomía para fijar los sueldos de sus presidentes y ha añadido que son ellas las que "tendrán que explicar por qué lo hacen".

"Nosotros no tenemos ninguna capacidad en este Estado tan descentralizado de imponer a nadie los sueldos que tiene o no tiene, que vienen en sus propias leyes de presupuestos", ha declarado la vicepresidenta del Gobierno, para añadir que "cada uno tendrá que explicar" con qué parámetros determina su sueldo. "Nosotros lo que hemos hecho es congelarlo", ha abundado.








"Debemos ser mucho más tajantes en el ostracismo a los maltratadores"

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María Naredo Molero es jurista e investigadora especializada en género y derechos humanos. Coordinó en España la campaña de Amnistía Internacional 'No más violencia contra las Mujeres' y recala estos días en Vitoria-Gasteiz para repasar junto al tejido asociativo la aplicación efectiva de la Ley Integral de Violencia de Género tras diez años de vigencia. Es un taller englobado en la programación de La Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, en el que se tratan los avances y retrocesos en la atención integral a las víctimas, desde las acciones en el ámbito el ámbito sanitario, la obtención de justicia o el derecho a la reparación. En su análisis esta experta reclama "menos postureo, menos discursos" y "más voluntad social y política traducida en euros para combatir la violencia de género". Se pregunta cómo a estas alturas es posible la impunidad social frente a los agresores y en ese sentido exige ser "mucho más tajantes en el ostracismo a los maltratadores".

Según los último informes, 14 de los 15 casos mortales en los que las mujeres habían interpuesto una denuncia, la Policía no halló indicios de peligro en su situación. De hecho, tenían una valoración de riesgo bajo o no apreciado. ¿Qué está fallando?

La valoración del riesgo se está realizando con unas metodologías que no son en absoluto fiables. Pero esas herramientas se pueden modificar. Lo más preocupante es que si en lo Policial se realiza la evaluación del riesgo en una parte de los casos, que no llega a ser nunca el 100%, en el ámbito judicial se realiza en una escasísima minoría de los casos. Esto es realmente grave. Nos podemos equivocar en la valoración del riesgo pero si ni siquiera hacemos valoración del riesgo, dónde vamos. El estado está fallando de manera evidente. La Ley integral con la creación hace diez años de los juzgados especializados quiso poner de relieve que estos casos son muy complejos. A menudo la única testigo es la víctima. Hay un déficit de pruebas importante que debe ser sustituido por una diligencia mucho mayor en los informes periciales, en recabar testigos y otra serie de pruebas periféricas que tiene que ayudar a esclarecer los hechos y a evidenciar las necesidades de protección de la víctima. No se ha ido haciendo porque se le sigue dando una importancia menor a los casos de violencia de género. La Ley no ha combatido este prejuicio. Los casos de violencia de género se siguen considerando como casos menores. A menudo se observa la capa o el barniz, un empujón o unos insultos pero no lo que esconden, verdaderas situaciones de maltrato de enorme gravedad tanto psicológico, como sexual como físico. El sistema judicial no profundiza en lo que hay debajo de esos insultos o de ese empujón. La puesta en marcha de la Ley requiere una revisión a fondo.

"Las mujeres denuncian poco y por eso no se les puede ayudar". Esas fueron las polémicas palabras de la exministra Ana Mato que fueron después apoyadas por la responsable del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona. ¿Trasladar así parte de la responsabilidad a las propias víctimas es un desatino?

Total. Tenemos que salir de esas lógicas, de esos discursos. Se vuelve a responsabilizar a las mujeres de lo que les está pasando. Hay que hacerse otras preguntas. El estado no son solo los jueces y la Policía. Las mujeres que luego fueron asesinadas y no denunciaron previamente ¿habían ido a su médica de cabecera?; ¿por qué no se las identificó como posibles víctimas?; ¿cuál está siendo el rol del sector sanitario?; ¿tenían hijos e hijas en edad escolar? y si es así ¿cuál es el rol de las escuelas con los hijos e hijas de las víctimas que muy a menudo evidencian también que la violencia a través de sus síntomas?; ¿cuál está siendo la implicación de otras esferas de lo estatal?. La Ley integral responsabilizó de manera muy importante al sector sanitario, porque hay datos que nos dicen que si bien sólo una cuarta parte de las víctimas interponen denuncia, el 100% acuden a su médico con dolencias sin especificar. Ante ellas, una profesional con formación puede identificar a una víctima que no confiese que está siendo maltratada. ¿Por qué los responsables políticos no hablan del rol de esos otros sectores y por qué no nos preparamos para coadyuvar desde ellos? Debemos reflexionar sobre todo esto para ofrecer respuestas más eficaces contra esta lacra.

Las que sí denuncian ¿tienen garantizada su protección?

Esa es otra pregunta clave. ¿Qué está pasando con las mujeres que sí denuncian? Cuando llegan a lo judicial han roto muchas barreras internas, de presiones familiares. “No destapes esto", "no irás a meter en la cárcel a quien fue tu marido”, son las frases que les repiten. Estas mujeres rebasan todo esto y qué se encuentran después. Muchas no son creídas, o se archiva su caso o se absuelve al agresor por falta de pruebas en una instrucción que no ha sido completa. Tenemos que reflexionar como activistas y profesionales. En estos temas se insiste una y otra vez en la sensibilización, en la concienciación pero hay que poner más énfasis en la formación. Es absolutamente indispensable que estos profesionales que trabajan en estos ámbitos tan sensibles, un juez, un fiscal, un abogado... sean profesionales con suficiente formación.

Las campañas se dirigen mayoritariamente a las víctimas, no hacia los maltratadores. ¿Es acertado este enfoque?

Se está muy acostumbrado a decirle a las mujeres lo que tienen que hacer – como en tantos ámbitos- y a que sean las mujeres las que lleven la mochila sobre sus hombros. ¿Qué sucede con los potenciales agresores?  Hemos de replantearnos la  población diana, a quién dirijo el mensaje. Tenemos de aprender de los países escandinavos, de las numerosas campañas bien dotadas económicamente y dirigiendo los mensajes a la población masculina. Ese es otro de los retos pendientes. Pero por otra parte, el análisis de las campañas evidencia cuáles son las prioridades para el Gobierno. ¿Cuál es el gasto que el Gobierno central está dedicando a las campañas contra la violencia de género y a la evaluación de los resultados? Se dedica el doble del presupuestos a las campañas de reclutamiento del ejército y para la mejora de la imagen del ejército que para las campañas contra la violencia de género, que es quizás la mayor violación de derechos humanos que se comete en nuestro país. La cuantía nos dice algo respecto de las prioridades del Gobierno. Pero después analicemos la extensión de estas campañas. Frente a las campañas de seguridad vial u otras anuales, que se extienden del uno de enero al 31 de diciembre, las campañas contra la violencia machista no duran ni un mes, del 26 de noviembre a mediados de diciembre y no se dedica ni un euro a evaluar sus resultados.

Hay propuestas que plantean ponerles a los agresores el seguimiento, perseguirles a ellos puesto que para ellas es añadir a su padecimiento un señalamiento público, ¿qué opinión le merecen?

Hay un problema grave con agresores que continúan amenazando tras pasar un proceso judicial. Esto tiene que ver con el derecho de las víctimas a la reparación y con las garantías de no repetición de los abusos. Los agresores siguen ahí. Hay que poner algún tipo de remedio para que el coste de todo esto no lo sufran las mujeres. ¿Qué calidad de vida tiene las víctimas de maltrato incluso después de haber recorrido todo el proceso judicial? ¿Qué calidad de vida tiene una mujer que lleva ese GPS que le pita en numerosas ocasiones, que parece que es ella la controlada? Las mujeres nos hablan de lo 'revictimizantes' que pueden ser estas medidas para ellas. Hay que buscar una solución. Puede ser diversa pero, si esto no está funcionando y así nos lo hacen saber muchas mujeres, hay que plantearse otras vías y por supuesto, en los agresores penados, un sistema de seguimiento se impone.

¿El machismo sostiene la violencia?

Por supuesto. Hemos de seguir hablando de las raíces de esta violencia. Yo suelo poner como ejemplo el de un agresor, con orden de protección y denuncia interpuesta, que semanas antes de acabar con su víctima se jactaba de que la iba a matar en el bar mientras tomaba una cerveza. ¿Cómo es posible esa impunidad social? Debemos poner coto y ser muchos más tajantes en el ostracismo a los agresores. Cuando hablo de ostracismo no me refiero a empujar al maltratador a una isla desierta sino mantener una firme y unánime posición social frente al machismo en todos sus grados, desde el más leve hasta el más grave. Si el contexto social sigue siendo de tolerancia, la violencia machista va a seguir ahí.

Se oía en el Congreso hace dos días, en violencia de género no vale el 'postureo', ¿cree usted que hay 'postureo'?

Hay mucho discurso entre los políticos y en la sociedad en general pero la voluntad real para revertir esto y el compromiso real con las víctimas falla. Frente a las víctimas no puede haber permanentes juicios de valor, dudas ... tiene que haber un posicionamiento de cierre de filas igual que lo hay respecto a las víctimas de otros delitos o del terrorismo. Estamos acostumbrados demasiado a menudo a oír cómo se ningunea, cómo se crítica a las propias víctimas en sus actuaciones, en sus expectativas … y esto es un regalo a los agresores. Tiene que haber un cierre de filas y una voluntad política traducida en euros. No solamente en juzgados especializados sino en formación de profesionales y prevención, uno de los ámbitos que ha sido la hermanita pobre de la Ley.


González Pons pide menos críticas de Europa porque Ceuta y Melilla no merecen "mal nombre"

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Siete eurodiputados del Partido Popular han terminado este viernes la visita de dos días a Melilla para conocer de primera mano los problemas de la ciudad autónoma, especialmente los relacionadas con la inmigración. La delegación ha estado encabezada por su portavoz Esteban González Pons que ha sostenido que Ceuta y Melilla no se merecen "el mal nombre" que algunos eurodiputados españoles le están dispensando.

Así, González Pons ha señalado que es necesario "ennoblecer" y dar "buena fama" a las dos ciudades autónomas, algo en lo que, ha aseverado, no están participando, "lamentablemente", algunos europarlamentarios españoles de izquierdas, informa la agencia Efe. Tras visitar la frontera, la valla y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ha defendido el papel de los inmigrantes en el desarrollo de España, pero ha apostado por luchar "contra la inmigración clandestina" que lo que hace es perjudicar al inmigrante.

No obstante, ha apuntado que España tiene una capacidad "limitada" de acogida, lo que obliga a defender sus fronteras, que son también las de toda la UE, de la inmigración alentada por las mafias. Según González Pons, España tiene la obligación de proteger la frontera sur de Europa y de hacerlo con el máximo de garantías y respeto a la seguridad de quienes intentan "asaltar" dicha frontera.

En opinión del eurodiputado, nadie entendería que España no tratara de "impermeabilizar" sus fronteras y de que no lo hiciera, además, con el máximo de garantías posibles hacia las personas que quieren acceder a su territorio. Según ha dicho, eso es precisamente lo que se está haciendo, una labor "difícil" de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que ejercen en este aspecto uno de los trabajos "más complicados" que existen.

Para González Pons, es fácil criticar lo que se está haciendo en política de inmigración, pero ha insistido en que hay que ser realista, algo que, considera, no lo son aquellos que plantean como alternativa quitar la valla. Al mismo tiempo, ha alabado la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la línea fronteriza a quienes, dice, "debemos un eterno agradecimiento". También ha instado al nuevo comisario de Interior Dimitris Avramopoulos a que visite Melilla y Ceuta dado que tiene "obligación de hacerlo" al ser dos ciudades autónomas que constituyen la frontera sur de toda la Unión.

"Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de Europa Occidental. Ceuta y Melilla son frontera de toda la Unión Europea. Melilla es frontera de Alemania, de Francia, de los países nórdicos. Aunque la responsabilidad de la gestión de la frontera corresponda a España, la responsabilidad de la política de inmigración que se deriva de la gestión de esa frontera debe de ser europea", ha dicho.

El dirigente ha aludido a la aprobación ayer en el Congreso de la ley de Seguridad Ciudadana -con los únicos votos a favor del PP- que incluye la enmienda que legaliza las devoluciones en caliente a los pies de las vallas de Ceuta y Melilla, defendiendo que lo que busca es garantizar la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los propios inmigrantes, ya que el principal "enemigo" son las mafias. Además, ha lamentado la actitud del PSOE, "que hace una cosa cuando gobierna y defiende la contraria cuando está en la oposición".

Grupos tan diversos como las ONG, la ONU, la Iglesia, la Abogacia Española o la misma Unión Europea han avisado a España de que dar cobertura legal a las devoluciones en caliente es ilegal ya que contraviene la Constitución Española, la Ley de Extranjería -al impedir acceder al estatuto de asilo-, tratados europeos como la Carta de Derechos Humanos o auerdos internacionales como la Convención de Ginebra.








VÍDEOS: Todas las veces que el Gobierno dijo que la crisis "ya es historia"

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Luis de Guindos, en 2012

Fátima Báñez, en octubre de 2012

Cristóbal Montoro, en 2012

De Guindos, otra vez, en 2013

José Manuel Soria, en abril de 2013









Agentes de la Guardia Civil afirman sufrir “presiones” para bajar los avisos de riesgo en mujeres maltratadas

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Una evaluación de riesgo alta para una víctima de violencia de género provoca cierta preocupación en la Guardia Civil, según cuentan algunos responsables de estas unidades en el ámbito rural a la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC). Su secretaria de Igualdad, Pilar Villacorta, apunta que "parece ser que hay una tendencia a que las evaluaciones sean bajas porque ahora mismo no hay los recursos materiales ni humanos que requiere un nivel de riesgo más alto".

La mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género en 2014 tenían una evaluación de riesgo entre medio y no apreciado, según el Consejo General de Poder Judicial.

Desde la asociación, Villacorta denuncia una situación especialmente grave en el ámbito rural, donde, además, "la Guardia Civil que se encarga de violencia de género carece de la formación necesaria y no está solo dedicada a esta tarea". Villacorta, que recoge el testimonio de un agente especializado en el ámbito rural (responsable de más de 100 mujeres amenazadas), traslada a eldiario.es el día a día de estas unidades: aseguran no contar con el personal suficiente para atender a la protección permanente de una víctima y abarcar otras muchas tareas que también tienen encomendadas. Según este agente, "los jefes aprietan las tuercas para bajar el riesgo de las víctimas porque no hay medios humanos ni materiales para ello".

El guardia encargado de violencia de género asegura que "no ha recibido ningún tipo de formación especializada más que la que yo me he buscado". Según cuenta, la Guardia Civil solo proporciona un curso online para saber cómo se recogen las denuncias.

Estas advertencias sobre la falta de personal y especialización han sido remitidas a numerosos órganos del Gobierno, entre ellos el Ministerio del Interior, del que depende la Guardia Civil. "El Gobierno lo sabe", resume el guardia civil. En el Instituto Armado responden que "no tienen nada que decir sobre este tema".

Un 46% menos de valoraciones de riesgo extremo

La mujer que denuncia la violencia que sufre de su pareja o expareja da un paso que las asociaciones de apoyo a las víctimas consideran crucial para salir del maltrato. En 2014, el número de denuncias supera al de 2013. Sin embargo, otras cifras preocupan a los expertos: aumenta el número de víctimas mortales con denuncia previa y la mayoría de las mujeres asesinadas que pidieron ayuda fueron consideradas víctimas de riesgo bajo o medio, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La evaluación del riesgo de la víctima se practica en las dependencias policiales en la primera visita de la mujer a la comisaria, cuando acude a denunciar. El mecanismo que determina el riesgo "extremo, alto, medio y bajo" consiste en un programa informático que cruza las respuestas de la víctima de un cuestionario policial. Además, el agente tiene que validar la conclusión de la máquina y puede aportar una valoración subjetiva.

Ante una situación de riesgo alto y extremo, la policía lanza unas medidas de protección permanente a la víctima. En el riesgo extremo la vigilancia es de 24 horas. Según la información facilitada por el Ministerio del Interior al Grupo Parlamentario Socialista, a raíz de una petición de la diputada Ángeles Álvarez, la cifra de valoraciones de riesgo alto cayó un 31% entre 2010 y 2013. La de riesgo extremo, aún más: un 46%. Las valoraciones de riesgo medio, que exigen una vigilancia ocasional de la mujer, en cambio aumentaron.

Uno de los problemas que afronta la Policía y la Guardia Civil es que no siempre hay un agente especializado en violencia de género para atender al cuestionario. "Porque no es un servicio 24 horas y la persona que tramita la denuncia a lo mejor no tiene un conocimiento profundo del tema", apunta Javier Estévez, portavoz del Sindicado Unificado de Policía (SUP). Aunque la policía ofrece asistencia psicológica y de otros agentes sociales, su valoración no figura en esta evaluación del riesgo, una perspectiva "necesaria" según el portavoz.

"Nos parece sospechoso que desciendan solo las evaluaciones que requieren protección permanente. Porque no hemos observado cambios significativos que nos lleven a esa lectura", apunta la diputada Ángeles Álvarez. La socialista coincide con Javier Estévez en que son necesarios indicadores sobre aspectos sanitarios y de agentes sociales en las evaluaciones de riesgo, "que no se han incluido". En su opinión, más allá de la reducción de los tiempos de revisión del riesgo que ha propuesto el Gobierno, lo necesario es "generar alertas desde los servicios sanitarios y sociales" –ante una atención por una agresión que no tenga parte policial por ejemplo– "que adviertan cuando las circunstancias de la víctima hayan cambiado y sea necesario una nueva evaluación del riesgo".

"No hay personal ni material suficiente"

A la AUCG llegan quejas del ámbito rural que dibujan una situación más precaria que la de los policías. "No tenemos un teléfono específico para las víctimas, como la policía, por ejemplo. Las víctimas así se sienten más protegidas, de una forma más directa", comentan a Pilar Villacorta.

La falta de medios materiales queda patente, por ejemplo, "en la falta de coches camuflados", denuncia esta portavoz. Los agentes tienen que ir con estos coches, que evitan que el agresor se acerque porque son fácilmente identificables, pero una vez se acaba la medida de protección también es evidente para el maltratador.

La reducción de evaluaciones de riesgo alta queda reflejada en las estadísticas, pero también el descenso en órdenes de protección acordadas por los juzgados. De las 50 víctimas mortales por este motivo en 2014, 11 había denunciado. De las 9 mujeres que solicitaron medidas de protección, todas obtuvieron algún tipo de medida pero solo en cuatro casos ésta se mantenía en vigor (tres de ellas fueron cesadas).

"Hay que revisar todo el proceso de protección a la víctima, no centrarnos solo en las evaluaciones de riesgo policiales. Los juzgados están denegando las órdenes de protección y son ellos los que pueden dictar órdenes definitivas de protección, con órdenes de alejamiento, por ejemplo", apunta Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres.








El PP falsea los datos sobre disturbios violentos para justificar la Ley de Seguridad Ciudadana

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El documento interno con los argumentos que los miembros del PP deben esgrimir para defender la Ley de Seguridad Ciudadana afirma que la aprobación de la norma era necesaria por el gran número de disturbios violentos producidos en los últimos tres años. Según el texto, estos fueron 1.000 de enero de 2012 a septiembre de este año y provocaron un coste que el PP cifra en 47,5 millones de euros. El número de heridos ascendió a 865 ciudadanos y a 618 agentes de Policía y Guardia Civil.

Los datos no son ciertos, si nos tenemos a la estadística oficial del Ministerio de Interior. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presumía este miércoles en el Congreso de que el total de manifestaciones en los últimos tres años era de 90.000. En el debate para aprobar la nueva ley, negó que las protestas violentas en España sean numerosas y comentó que "solo suponen un 0,08% de las más de 90.000 manifestaciones pacíficas que se han convocado". Esa proporción supone que solo hubo problemas de violencia en 72 de ellas.

El departamento de Fernández Díaz ha confirmado la cifra a eldiario.es y no se explica de dónde sale el número tan abultado que recoge el PP en el argumentario difundido a sus cargos. Tampoco ofrece detalles sobre cómo puede ser que los altercados hayan supuesto un coste de 47,5 millones de euros, según recoge el documento elaborado en la sede de Génova. Interior no precisa qué conceptos pueden entrar en esa cantidad, más allá de las horas extra pagadas a los agentes desplegados para controlarlas o los destrozos en material urbano, que no cuantifica.

Una ley para "el normal desarrollo de la vida en libertad"

El argumentario interno difundido por el partido insiste en que la norma que este jueves salió del Congreso aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP es "profundamente democrática y garantista" y busca "el normal desarrollo en libertad de la vida de todos". También se niega que persiga recortar los derechos de libre expresión e impedir las manifestaciones de protesta contra el Gobierno. El documento asegura que se protege el ejercicio de estos derechos y que la cuantía de las multas no ha cambiado desde las aprobadas en la norma de 1992.

El número de infracciones tampoco se ha visto modificado, ya que el texto afirma que se han reducido de 58 a 45. Y para justificar el importe de las sanciones, que pueden llegar hasta 600.000 euros en caso de infracción muy grave, el PP aduce que otras administraciones, como el Gobierno vasco, pretenden aprobar leyes similares con iguales multas.

Sin mención a las "devoluciones en caliente"

A pesar de que una enmienda introducida a última hora legalizará las devoluciones en caliente de los inmigrantes en las zonas fronterizas de Ceuta y Melilla, el argumentario no hace la menor referencia a este aspecto. El ministro Fernández Díaz volvió a provocar la polémica al responder así a las críticas a las devoluciones ilegales que formulan tanto las ONG como el Consejo de Europa, entre otras instituciones: "Que me den la dirección y les enviamos a esta pobre gente".

Lo impropio de la declaración no impidió que el ministro repitiera las mismas palabras dos veces el mismo día, durante una entrevista en Antena 3 a primera hora de la mañana y a preguntas de los periodistas en el pasillo del Congreso unas horas después. "Si alguien tiene una forma distinta de operar a como lo hace la Guardia Civil, que nos lo diga. Hasta ahora nadie ha sido capaz de decírnoslo", se reafirmó.








Rouco Varela se muda a un ático de la Iglesia mientras su sucesor vive de prestado en un piso

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Las comparaciones siempre son odiosas. En el caso de la Iglesia, mucho más. Y, aunque no hay nada más parecido a un obispo que otro obispo, las diferencias que a simple vista se observan entre el cardenal Rouco y su sucesor en Madrid, Carlos Osoro, resultan evidentes hasta para un niño.

Pese a que ya no es arzobispo en ejercicio, el cardenal Antonio María Rouco Varela continúa residiendo en el Palacio Arzobispal, sito en la calle San Justo. Mientras tanto, el nuevo arzobispo de la capital, Carlos Osoro, vive en un pequeño apartamento cedido por unas religiosas en el barrio de Chamberí. La situación es tan hilarante que hasta el propio papa Francisco –el mismo que lo ha elegido para cambiar el rostro de la Iglesia española– se refirió a ella hace dos semanas, cuando recibió en Casa Santa Marta a Osoro: "¿Qué, ya tiene un lugar donde vivir?".

Bromas aparte, lo cierto es que, tras muchas presiones –e ideas peregrinas, como denominar al palacio "Casa de los Obispos" y recluir a su sucesor en la planta baja del edificio–, Rouco Varela tiene decidido abandonar el palacio. Todavía no hay fecha para ello, pero sí lugar de destino... que no es otro que un lujoso apartamento, de más de 400 metros cuadrados, situado en la esquina de la calle Bailén con la cuesta de la Almudena.

La casa, con vistas a la sierra y a El Prado, dispone de siete dormitorios y es propiedad del Arzobispado. Sus moradores hasta la fecha son cuatro sacerdotes pertenecientes a Comunión y Liberación –el mismo grupo al que pertenece el polémico arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez–, que se están mudando a un piso de la calle Barquillo.

Un obispo en la calle

Hasta hace un mes y medio, resultaba prácticamente imposible ver al cardenal Rouco en la calle. Apenas saliendo o entrando de su coche para ir a actos oficiales, a la sede de la Conferencia Episcopal o a la catedral de La Almudena. Sin embargo, Carlos Osoro, acostumbrado desde sus años en Valencia a caminar por la calle, continúa haciéndolo en Madrid. Y dejándose ver: ha reabierto su despacho en la sede del Obispado, y todos los días a las doce del mediodía celebra el Angelus, abierto a todos.

A finales de noviembre, y en mitad del aguacero, el prelado hizo una visita, de más de dos horas y media, al poblado chabolista de El Gallinero. Sin cámaras ni corte, embarrándose y atendiendo a las necesidades de sus habitantes. En 20 años, Rouco sólo acudió una vez a este rincón perdido a 12 kilómetros de la capital, y fue a dar una misa. Osoro fue a escuchar.

Un gobierno participativo

A lo largo de dos décadas, Rouco Varela construyó una jerarquía dentro del Arzobispado de Madrid, un grupo de notables que obedecían casi al dictado sus deseos. Algo parecido sucedía en la sede de la Conferencia Episcopal. Una de las primeras actividades de Osoro a su llegada a Madrid ha sido visitar a todos los sacerdotes, por vicarías, y anunciarles su intención de dar voz a todas las sensibilidades. Así, ha proclamado su voluntad de formar un consejo arciprestal, con capacidad de toma de decisiones, y una consulta constante a los sacerdotes, religiosos y grupos de fieles.

Un detalle ilustra la realidad: este miércoles Osoro acudió por sorpresa a la sede del Foro de Curas de Madrid, un grupo que aglutina a casi dos centenares de sacerdotes abiertamente críticos con algunas posturas de la institución. Lo hizo para pedirles que participaran en los debates de la Iglesia madrileña.

No a la misa de las familias

Fue el gran proyecto de Rouco Varela, consistente en demostrar al Gobierno socialista (y los que lo sucedieron) la potencia de la Iglesia en la calle. Tras una macroconcentración en 2007, y gracias al apoyo de los kikos, el cardenal de Madrid decidió convocar todos los últimos domingos de año una gran Eucaristía en la plaza de Colón (algún año tuvo lugar en la plaza de Lima, por obras), con la aquiescencia del Papa Benedicto XVI, para denunciar el aborto, el matrimonio gay y cualquier otro modelo de familia distinto al estrictamente bendecido por el sector más conservador del catolicismo.

Una de las primeras decisiones de Carlos Osoro ha sido, precisamente, la de anular esta concentración. A partir de ahora, cada obispo celebrará en su diócesis la Jornada de la Sagrada Familia. Y en Madrid este año se hará en la catedral, con una jornada de 24 horas de puertas abiertas y con el llamamiento público a los fieles a que acudan con donativos y alimentos que serán destinados a las familias pobres, católicas o no, de todo Madrid.

Las diferencias entre Rouco y Osoro son abrumadoras. No sólo en lo puntual también en lo ideológico, y en la gestión de crisis. Así, mientras el Arzobispado de Madrid fue condenado en 2006 como responsable civil subsidiario en un caso de abusos a menores (encubrió al sacerdote condenado, trasladándolo y tratando de convencer a la familia para que no denunciara), su actual responsable fue el primer obispo –en Valencia– en denunciar ante la Justicia un posible caso de abusos.

Mientras Rouco Varela fue el hombre de Juan Pablo II –y Benedicto XVI– en España, hoy nadie duda de que Carlos Osoro –quien podría ser uno de los 15 nuevos cardenales que el Papa nombrará en febrero– es la persona elegida por Francisco para poner los relojes de la Iglesia de nuestro país en hora. Del siglo XXI.








Yayo Herrero: "La confluencia se alcanzará; lo contrario rompería con la lógica de Podemos"

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Yayo Herrero (Madrid, 1965) cierra un ciclo al frente de Ecologistas en Acción, cuya coordinación colegiada ha ocupado durante nueve años. Ahora, el sistema de renovación de la ONG pone fin a su mandato, aunque se mantendrá en el organigrama como la encargada de mediación y resolución de conflictos, una figura que considera fundamental para lograr la cohesión de una organización.

Herrero entró en la coordinadora de Ecologistas en 2005 cuando, como ella misma relata, "convocabas una manifestación para cualquier cosa y éramos 300". Desde entonces la movilización social creció sin parar. Hoy, toda esa energía está concentrada en lograr entrar en las instituciones: "Hay que construir un modelo político que esté dispuesto a dejarse interpelar, exigir y apoyar por la ciudadanía para corregir sus desviaciones".

Parte del periodo que ha pasado al frente de Ecologistas en Acción ha coincidido con un auge de la conflictividad social y movilización. ¿Cómo ha notado la organización esta situación?

Yo recuerdo los tiempos en los que convocabas una manifestación para cualquier cosa y éramos 300. La irrupción de 'V de Vivienda' y de Juventud sin Futuro fue muy importante. En aquél momento Ecologistas era reconocido por su capacidad para hacer de bisagra entre grupos y gente muy diferente y con los partidos. Luego llegó el 15M, que nos hizo rejuvenecer muchísimo como movimiento porque habíamos interiorizado la derrota. Nos habíamos convencido de que éramos un movimiento de minorías. Luego llegaron las mareas, el 25S, resurgió un nuevo movimiento vecinal y estuvimos en todo eso.

La situación parece haber virado y la presión en la calle se ha reconducido a una movilización para entrar en las instituciones.

En este último año se ha producido un trasvase del peso de la movilización a la construcción de iniciativas electorales y para una organización como la nuestra que quiere seguir siendo un movimiento social no es fácil. Hay gente de Ecologistas en los círculos de Podemos, colaboramos mucho con algunos sectores de IU que están atrapados en unas estructuras incomprensibles desde fuera. Algunos quieren ocupar la centralidad del tablero, otros reconstruir la izquierda del tablero y algunos tenemos la sensación de que nos hemos quedado sin tablero.

El detonante de las movilizaciones fue una profunda crisis económica. ¿Los postulados ecologistas se resienten en una situación así?

Sí. Dicho de una forma muy bruta, en muchas ocasiones se hace un análisis de la crisis absolutamente miope. Hay muchos siglos de construcción de una utopía emancipadora desvinculada de la materialidad de la Tierra, con la idea de que se podía crecer económicamente al margen de las materias primas y de los ecosistemas que las sostienen o de la gran cantidad de trabajo que se hace en los hogares.

Cuando empiezas a escuchar a gente muy bien intencionada que plantea reflotar el sistema sobre modelos productivos de antes de la crisis y con los mismos parámetros, pero esta vez de buen rollo y sin corrupción, da mucha pena. Hay gente que no lo ha interiorizado, otros que no lo saben explicar y parece que a priori no permite recolectar votos. Si hay un éxito importante en las iniciativas emancipadoras que están surgiendo y se llegara a gobernar, la cuestión de la escasez de las materias primas, de una OMC que funciona como funciona y de unos tratados de libre comercio que te aprisionan y restan la soberanía estarán ahí. Y no tratarlo ni explicarlo es un riesgo enorme porque puedes estar generando ilusión sobre un conjunto vacío. Y la gente no es idiota: las personas nos merecemos un respeto y cuando se nos explican las cosas las entendemos.

¿Tendríamos que dejar de lado el productivismo y comenzar a pensar seriamente en el decrecimiento?

Me gustaría salirme de esa dicotomía keynesianismo-decrecimiento porque sitúan en una confrontación a gente que no confronta tanto. El documento de Torres y Navarro para Podemos tiene elementos que son muy salvables e interesantes desde el punto de vista ecologista, como estimular sectores que sean compatibles con el desarrollo de la naturaleza. Que la gente debe tener empleo, que el Estado tiene que tener un papel fundamental y que el modelo tiene que ser compensador y distributivo de la riqueza es una cosa obvia en el momento actual.

De lo que hablamos nosotros no es de reducir el PIB, sino de que este se tome como una especie de tótem indicador. Nosotros hablamos del decrecimiento de la esfera material de la economía porque nuestras sociedades van a tener que aprender a vivir con menos materiales y energía, con menos cobre, menos platino, menos litio, menos petróleo... Si a esto le sumamos el calentamiento global, que básicamente significa un cambio en las reglas que organizan lo vivo, te encuentras en un momento en que ese decrecimiento es una obligación. Así que vamos a pensar cómo vamos a hacerlo para evitar que quienes tengan el poder económico, político y militar sigan sosteniendo su estilo de vida a costa de una especie de ecofascismo que expulsa cada vez a más mayorías fuera del terreno.

¿Se puede construir un discurso mayoritario con esta base?

Estoy convencida de que sí. En los últimos años hemos ido a todo tipo de espacios, desde foros cristianos de base a sindicatos. Y cuando tienes tiempo para poner estas cosas encima de la mesa la gente lo entiende. Es perfectamente capaz de entenderlo. Si algo tienen los planteamientos de la economía ecologista y feminista es que son tan cercanos y tienen tanto que ver que son más fáciles de entender que cuando pretendemos que la mayoría entienda qué es la prima de riesgo o la Bolsa.

Comentábamos antes que la gente que hace unos años estaba catalizando las movilizaciones sociales hoy están intentando un proceso de confluencia que no es nuevo en España pero que parece más cerca de lograrse que nunca. ¿Cuál es tu valoración de este escenario?

Yo el que más conozco es el de Madrid y me parece muy interesante. Que en Ganemos se hayan juntado los que se han juntado ya me parece bueno en sí mismo: gente de partidos políticos que hasta hace unos meses no hablaban ni entre ellos, gente de las mareas y de los movimientos sociales, personas que vienen del mundo de la autonomía, etcétera. Hace cinco años era imposible ni imaginarlo. Ahora es muy importante que se acaben de recoger las firmas necesarias para seguir con el proyecto.

El proceso parece a la vez que está a punto de despegar y de venirse abajo. ¿Qué sensación tiene usted?

Los que ponen siempre más problemas para confluir son los partidos políticos. Y probablemente empiece ahora una parte delicada. Las declaraciones que hizo el otro día Jesús Montero [candidato a la Secretaría General de Podemos Madrid] no ayudan. En Ganemos, por lo que sé, no hay muchas cosas cerradas porque se ha tenido un enorme respeto a que se fueran dando los pasos que se tenían que dar dentro de Podemos. Y lo que ya se ha avanzado ha sido con la participación de gente de Podemos.

Esa confluencia se alcanzará. Lo contrario rompería con la lógica que ha impulsado Podemos. También es importante lo que pase en IU, que tiene que abrir las ventanas.

Otro reto que queda es el de construir equipos ilusionados. Imagínate que se llega al Ayuntamiento y ves que está terriblemente endeudado, con contratos atados y con un organigrama que marea. En esa situación tienes que llegar con ilusión y convencido de que la gente que te acompaña son tus compañeros, con quien puedes reírte. Y que si tienes ganas de llorar sea alguien que te quiere y te aprecia. Cuando se habla de cómo conformar listas o equipos no sé si lo tienen tan claro.

Estas conversaciones, negociaciones y debates se producen ahora mismo en un agente externo como es Ganemos. ¿Puede darse la confluencia en otro escenario?

Lo que está en juego es la voluntad política. ¿Queremos juntarnos con otros y otras para construir ese cambio de modelo? ¿Queremos hacerlo en diálogo con los movimientos sociales? ¿Creemos que además de una lista electoral hace falta un movimiento de base que sea contrapoder y presione para que hagamos las cosas que hay que hacer en la institución?

Yo estoy segura de que Felipe González no quería ser lo que fue de mayor; o que muchos sindicalistas no querían ser lo que son. No hay persona humana que esté libre de derivas y trayectorias. La única manera de paliar eso es construir un modelo político que esté dispuesto a dejarse interpelar, exigir y apoyar por la ciudadanía para corregir sus desviaciones. Por eso el planteamiento inicial de Ganemos me gustaba, porque se hablaba de la lista y a la vez se apostaba por un movimiento municipalista.

¿No vale con llegar a las instituciones para que todo cambie?

Los cambios que hay que hacer son de un calado muy grande y no le van a gustar a todo el mundo. Dentro del 99% hay unas diferencias de clase enormes. No hablamos solo de aplicar reformas fiscales para el 1% que todo el mundo piensa que es cualquiera menos él, sino que son para todo el mundo. Muchas de las cosas que hay que hacer van a depender de que la gente las quiera y de que estén dispuestas a defenderlas y apoyarlas en la calle, por eso creo que construir el movimiento de esa manera es necesario.

¿Qué necesita Ganemos Madrid para cuajar?

Tengo la sensación de que está en un estado más lento de lo deseable esperando a que Podemos se decida. Espero y deseo que Podemos Madrid plantee cuanto antes qué quiere construir. Y también me parece que tiene que haber personas concretas que sirvan de referentes.

Barcelona tiene ese liderazgo en la figura de Ada Colau. ¿Quién podría ser en Madrid?

A mí lo que más envidia me da de Barcelona es el equipo que tienen tan sólido y tan plural. En Madrid yo no conozco una persona que lo englobe todo, pero hay muchas personas activistas que tienen una trayectoria importante pero que no tienen una proyección mediática que las haga ser conocidas.

En nueve años han pasado muchas cosas, ¿qué diferencia la Ecologistas en Acción de entonces y la actual?

En lo interno lo que más destacaría es que estamos mucho más cohesionados. Ya tenemos 16 años y eso se nota. Hemos aprendido a conceder mucha importancia y a dedicar mucho tiempo a la resolución de conflictos internos. Yo dejo la coordinación de Ecologistas pero sigo en la organización encargada de la parte de mediación y resolución de conflictos. No es que salgan muchos, pero para tener una organización cohesionada hay que abordarlos para que nadie sienta que ha perdido.

¿Qué tipo de conflictos surgen en una organización como Ecologistas?

Son diferencias de posición. Tenemos muchos grupos territoriales y, por ejemplo, una determinada obra puede afectar a dos zonas con visiones distintas. Ecologistas es una organización hiperplural, con grupos muy conservacionistas y otros que vienen de la ecología política, que tenían visiones encontradas en el tema de la energía eólica o del uso de agrocombustibles. Es fundamental llegar a una posición de consenso; aunque se tarde en llegar.

¿Por qué las organizaciones intentan que desde fuera la sensación sea de que no existen disputas y conflictos?

Si tú empleas tiempo para el debate, en pié de igualdad, limpio y sincero, la postura a la que llegas al final es mucho mejor que a la que hubieran llegado las partes por separado. Tendrá más matices y se llega a una postura mucho más defendible y con la que la gente se siente más cómoda. Eso sí, lleva tiempo y hay que armarlo bien.

En lo externo, ¿qué cambios aprecia?

El movimiento ecologista ha jugado un papel importantísimo en mucho de lo que estamos vivienda. Ecologistas en Acción ha estado en la mayor parte de los procesos judiciales que han hecho aflorar los escándalos de corrupción, que han permitido evidenciar cómo se trasvasaban cantidades ingentes de dinero público a constructoras vía sobornos y que han desvelado cómo se han invertido cantidades tremendas en proyectos sin contenido social.

¿Ha sido sencillo poder implicarse en tantos casos?

Los grupos locales, a veces de cinco personas, se han revisado toda la documentación, han hecho alegaciones y han planteado denuncias donde es difícil hacerlas. Denunciar en Madrid la Marina Isla de Valdecañas es bastante más fácil que hacerlo en El Gordo [Cáceres, municipio donde se sitúa el complejo turístico] para que te acaben echando del pueblo tus vecinos y vecinas. que han interiorizado los mitos de que todos estos atropellos se hacen para crear puestos de trabajo. Aunque seamos un país récord en infraestructuras y en paro.

Ha sido muy difícil oponerse a estas cosas. Somos una organización muy cohesionada y con la autoestima alta, pero nos llamaban cavernícolas y catastrofistas. Ahora la gente ha interiorizado que no somos catastrofistas, sino que vivimos en la catástrofe.

¿Y ha servido para algo?

Cuando vas a un círculo de Podemos o una asamblea de Ganemos o IU, a un espacio donde se junta gente, es muy fácil que salga el asunto del pico del petróleo y de la crisis energética; que se hable de cambio climático y de los límites físicos del planeta. Esto hace cinco o seis años no salía en ningún sitio. Y ha sido gracias al movimiento ecologista.

También hemos podido abrir el diálogo entre el ecologismo y el feminismo o el sindicalismo, de tal manera que al final te das cuenta de que es la voracidad de los negocios quien se está cargando el empleo decente, los ecosistemas e intenta recluir los trabajos que sostienen cotidianamente la vida a la esfera del hogar y sus relaciones patriarcales de por medio.

En algunos de esos casos, como el que menciona en Extremadura o el desdoblamiento de la carretera de los pantanos en Madrid, la Justicia les ha dado la razón pero no se han ejecutado las sentencias. ¿Tiene sentido destruir parte de una carretera una vez que se ha construido aunque se declare ilegal?

Podríamos llenar paredes de sentencias ganadas y no ejecutadas. La M30 es una vía ilegal, ganamos la sentencia y mira la de coches que pasan por ahí. Salvo en casos como el del Bernabéu, donde el juez ha decretado una paralización cautelar, lo que suele suceder es que ganas el juicio en primera instancia, el tribunal impone una fianza para paralizar cautelarmente la obra mientras se resuelven los recursos y, si no la puedes pagar, nada. En el caso de la Marina Isla de Valdecañas era una fianza millonaria. Tú ganas la sentencia pero tienes que poner dinero para que, si al final el empresario es el que gana en un órgano superior, no haya perdido ningún tipo de inversión en ningún momento. Es la misma lógica del caso Castor o del tratado de libre comercio que negocian la UE y EE UU.

Yo esto lo veo como el tema de la impunidad y la memoria histórica. Cuando nos planteamos desenterrar a las personas que están en las fosas no vamos a recuperar su vida, pero hay un tema de dignididad. Para nosotros, cuando se gana una sentencia y esta no se ejecuta asentamos esa idea de impunidad; de que aquí no pasa nada aunque te saltes la ley.

¿Y cuál ha sido la cruz de estos nueve años?

No hemos conseguido conectar con el imaginario colectivo de la gente, con las ideas de progreso, riqueza y bienestar que las personas tenemos metidas en la cabeza. Para la mayoría de la gente siguen siendo las mismas que le vienen muy bien al capital. Ahí tenemos un esfuerzo muy grande que hacer.

La campaña de Podemos y su salida a la política me ha dado mucho que pensar porque hay que reconocer que el esfuerzo que hicieron Pablo [Iglesias] o Íñigo [Errejón] ha ido muy directamente a conectar con preocupaciones que tenía la gente. Eso no lo hemos sabido hacer, aunque es verdad que no es lo mismo conectar con la preocupación por la corrupción cuando era visible y estaba demostrada que conectar con otras menos tangibles como el cambio climático.








El uso de sedaciones forzosas en los vuelos de deportación llega al Parlamento Europeo

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Las sedaciones forzosas en los vuelos de deportación llegan al Parlamento Europeo. La eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, ha registrado una pregunta para que el Consejo y la Comisión expresen qué opinión les merece la utilización de fármacos por parte de la Policía Nacional, a través de prescripción de un médico adscrito al Cuerpo, para adormecer a los inmigrantes expulsados de forma forzosa, tras haber sido publicado por eldiario.es.

El protocolo español de repatriaciones deja abierta la puerta a la utilización de sedantes. El Ministerio del Interior lo permite siempre y cuando el médico que acompaña al operativo apruebe su utilización "por razones de seguridad". Ese profesional sanitario es un funcionario adscrito a la misma Dirección General de la Policía o el doctor del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad de partida del vuelo –un médico privado–, según fuentes policiales. El Consejo de Europa tampoco prohíbe estas prácticas, aunque pone condiciones a su uso.

La pregunta de IU menciona la legislación europea reguladora de la organización de aquellos vuelos de expulsión a terceros países a personas que hayan recibido la notificación de expulsión. "El uso de sedantes  para facilitar la expulsión está prohibido", deja clara la disposición comunitaria, aunque añade: "Sin perjuicio de las medidas de urgencia que se impongan para garantizar la seguridad del vuelo".

No sería la primera vez que las instituciones europeas entran a valorar las sedaciones en estos vuelos. Hace tres años, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó a todos los estados miembros que realizaran informes médicos previos y posteriores a la expulsión para, así, garantizar el buen estado de salud de los inmigrantes. También apostó por una mayor transparencia en este tipo de operativos con un sistema de control más independiente.

España prohibió las sedaciones salvo por prescripción de un médico a sueldo de la Policía Nacional tras la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.

¿Dónde está el límite? La ONU recomienda que a la hora de administrar sedantes, estos deban ajustarse a criterios estrictamente médicos para no incumplir la normativa. Amnistía Internacional afirma que muchas veces es imposible comprobar si los médicos del dispositivo emplean la sedación de acuerdo con los criterios estrictamente médicos.

En uno de los últimos vuelos de deportación, el 20 de noviembre, un testigo directo contó a eldiario.es cómo la Policía Nacional sedó a tres personas para lograr subirlas al avión atadas de pies y manos con destino Senegal y Nigeria. "No sé si los españoles saben qué pasa allí dentro... no lo creo", dice uno de los repatriados y que viajaba en ese vuelo tras más de diez años en España.

Para Marina Albiol, las sedaciones forzosas en los aviones de repatriación "vulneran los derechos fundamentales de los deportados, y no solo por el hecho de estar siendo deportados que ya es grave, sino también por cómo se está realizando". Con todo, exige a Bruselas que dé un paso al frente "aplicando las sanciones oportunas al Gobierno español".

Chinches en el CIE de Valencia

Izquierda Unida también ha incorporado otra pregunta rumbo a los mismos destinatarios que la anterior, el Consejo y la Comisión europea. En esta ocasión, bajo el título 'Plaga de chinches en el CIE de Zapadores (Valencia)', la formación pretende que Bruselas conteste si piensa abrir una investigación a fin de comprobar el cumplimento todas las medidas de salud e higiene imprescindibles en los CIE españoles. Y todo, recuerdan, ante el "largo historial de quejas que alertan sobre las condiciones". Las fotos publicadas por eldiario.es han servido a IU para reforzar su pregunta incluyendo ilustraciones sobre la plaga en el CIE de Zapadores.

A la espera de lo que responda Bruselas, la respuesta parece clara si atendemos a las denuncias de la 'Campaña por el Cierre de los CIE'. Esta plataforma asegura que en el Centro de Internamiento de Valencia se están vulnerando varios derechos como el de la salud. La plaga de chinches fue declarada a principios de verano. Ya han presentado una denuncia para tome partido el juzgado encargado de velar por el bue hacer en el CIE, algo que hasta el momento "no está ocurriendo, hay inoperancia judicial", dice la plataforma.

Rachid contó su experiencia en el CIE de Valencia a eldiario.es. Aseguró que los insectos están por todos los lados, "hasta en la comida". Frente a la versión de la Policía Nacional, él sostiene que han venido varias veces a fumigar pero que el problema persiste ya que los remedios que utilizan son muy básicos. La plataforma 'CIEs NO' comparte el análisis, y añade que en la primera fumigación se decidió desalojar todo el edificio, lo que conllevó que a unos les mandaron a Madrid, otros a Barcelona, y el resto corrió peor suerte: se aprovecho la oportunidad para, según la plataforma, repatriarlos.








Las ONG piden a las empresas que donen pañales y potitos en lugar de juguetes por Navidad

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La Naviera FRS, que hace servicios de transporte de personas y mercancías entre España y el norte de África por el Estrecho de Gibraltar, se puso hace días en contacto con la organización de Cruz Roja en la zona para ofrecer colaboración en una campaña solidaria con motivo de las fiestas de Navidad. Este gesto es habitual en miles de empresas españolas que, a través de ONG creadas por sus empleados o de los departamentos de responsabilidad social corporativa (RSC), consideran que las fiestas navideñas son un momento adecuado para llevar adelante este tipo de iniciativas.

Tradicionalmente, la propuesta solidaria más habitual, dada la cercanía de la festividad de los Reyes Magos, ha consistido en la organización de campañas de donación de juguetes. En esta ocasión, sin embargo, la organización de Cruz Roja en la zona de Algeciras-Tarifa ha pedido a la naviera que centre todos sus esfuerzos en conseguir pañales y potitos (comida para bebés) y deje en segundo plano el esfuerzo para recoger juguetes. Rocío López, responsable de la ONG, ha explicado que ante la situación de paro y pobreza que viven cientos de familias jóvenes con hijos en la zona, “debemos centrar todos nuestros esfuerzos en conseguir artículos de primera necesidad”.

Un portavoz de Cruz Roja a nivel nacional ha señalado que la ONG sigue apoyando campañas de recogida de juguetes por estas fechas, pero recuerda que desde hace dos años ha formulado una nueva estrategia con la que orienta todas sus acciones y colaboraciones. Dicha estrategia consiste establecer como prioridad absoluta la asistencia a los cuatro principales colectivos españoles que están en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. El primero de ellos “y el más prioritario” es el que incluye a 2,7 millones de niños españoles que viven “en hogares pobres”. “Si hay que elegir entre un juguete y un pañal o un puré, no tenemos duda”.

Higiene y alimentos

Nieves Álvarez es la responsable de RSC en la filial española de ABB. Esta compañía, como otras entre las que se puede citar a NH o Red Eléctrica Española, son conocidas en los foros y asociaciones que promueven y coordinan la actividad solidaria de trabajadores y empresas en colaboración con ONG. Álvarez explica que su compañía lleva cinco años colaborando con Cáritas y que desde hace varios años son conscientes de que “el foco de la ayuda ha cambiado, tanto de contenido como de destinatarios: ahora estamos centrados en paliar la explosión de la pobreza en España y nuestras campañas van destinadas a cubrir necesidades de supervivencia, especialmente en los colectivos más vulnerables: niños y ancianos”.

La directiva de ABB señala que desde Cáritas ha recibido para esta campaña de navidad unas recomendaciones precisas sobre los productos en cuya recogida debe hacer especial hincapié: “Alimentos infantiles, productos higiénicos para niños y también para personas mayores, los dos colectivos con mayor riesgo; dodotis de bebé pero también para ancianos, geles, cremas dentales, cepillos de dientes...”

Aportación en metálico

Las modalidades que adoptan las iniciativas solidarias desde las empresas durante estas fechas, o a lo largo de todo el año, son variadas. En la operadora de satélites Hispasat se ha acordado hacer una donación en metálico con los fondos que habitualmente se destinaban a la fiesta de navidad y a regalos a la plantilla. Además, entre los trabajadores se ha articulado una campaña de recogida de alimentos.

Marta Martín, responsable de RSC de NH Hoteles, detalla que durante todo el año la cadena suministra cada día comida a una institución de acogida de menores abandonados y da de comer en los comedores de alguno de sus establecimientos a un centenar de personas sin techo.

Esta navidad, aparte de otras iniciativas, NH ha puesto en marcha un programa, en colaboración con hospitales infantiles, por el que dona habitaciones en sus hoteles para que los familiares de menores con enfermedades graves puedan acompañarles durante estas fiestas. Martín corrobora el cambio de enfoque que ha provocado el aumento de la pobreza en las acciones solidarias. “Parece razonable que queden en segundo lugar acciones como recogida de juguetes, cuando lo que está en riesgo es la alimentación, la higiene y la salud de los más pequeños”.

La plantilla de la aerolínea Iberia cuenta desde hace años con una activa ONG, “Mano a Mano”, que utilizaba los espacios sobrantes en las bodegas de los aviones para llevar alimentos y medicinas a zonas de pobreza endémica, especialmente en África y Latinoamérica. Con la explosión de la crisis en España, “Mano a Mano” ha creado una pequeña red de comedores en las grandes ciudades españolas y provee de alimentos a algunas instituciones solidarias. La empresa, en su sistema de compra de billetes ‘online’, da la opción al cliente de donar entre 3 y 20 euros, a la vez que paga su pasaje. El dinero recaudado se entrega a Unicef.

Obligación del Estado

Nieves Álvarez, de ABB, valora el esfuerzo solidario que hacen los trabajadores de su empresa y de muchas otras. “El trabajo de asistencia desde las ONG y la colaboración que les prestamos las compañías y sus plantillas es muy importante, pero tenemos que seguir siendo conscientes de que es una actividad que debería hacerse desde el Estado”. Se queja también de que “el discurso de la erradicación de la pobreza apenas aparece en las intervenciones de los partidos”.








El fin de la renta antigua: jaque anunciado

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Escójase la fecha que se prefiera: han pasado 50 años desde la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 o 20 desde la ley actualmente en vigor, que estableció una moratoria para la extinción de los contratos de alquiler de locales comerciales suscritos bajo la LAU de 1964. El caso es que el 1 de enero de 2015 se extinguen por ley (y si así lo desea el propietario del inmueble) miles de contratos de alquiler de los locales donde han estado, desde hace décadas, negocios de esos que se identifican con una ciudad. En apenas un mes llega el fin de la renta antigua, y los afectados ven con angustia la cercanía de una fecha fijada en una ley aprobada en 1994. El último intento legislativo de retrasarla acabó en fracaso: el Grupo Popular del Senado rechazó una moratoria de cinco años el pasado 3 de diciembre.

"Se nos va el comercio tradicional, porque no podrá asumir los nuevos costes", lamenta María José Valenzuela, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Málaga. Valenzuela presentó a finales de noviembre pasado una plataforma de afectados, que se suma a las ya existentes en ciudades como Granada. El problema para ellos es el siguiente: la Disposición Transitoria Tercera de la LAU de 1994 estableció que los contratos de arrendamiento de local anteriores al 9 de mayo de 1985 continuarían rigiéndose por la ley de 1964 y que se extinguirían a los 20 años (si el arrendatario es una persona jurídica) o con la jubilación o muerte del arrendatario cuando sea persona física, salvo que el cónyuge o descendiente continúen el negocio, en cuyo caso el límite a contar desde 1994 es, nuevamente, de 20 años.

"Hemos detectado que muchos de los afectados no saben en qué situación están", explica Javier Gutiérrez, socio del despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, que asesora a la plataforma. "Podrá decirse que todas estas personas han tenido la oportunidad durante 20 años de replantear su relación. Es cierto. Pero también lo es que el desequilibrio económico estructural ha impedido, sobre todo durante los últimos años, pararse a pensar en esta situación", opina Gutiérrez. "Cuando estás luchando para poder llegar a fin de mes hay que tener una capacidad grande para plantear un problema que va a llegar en dos, tres o cinco años", dice Valenzuela. Según la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, el fin de la moratoria afecta a unos 190.000 negocios en España. No hay datos definitivos en Andalucía, aunque la Junta de Andalucía cifró entre 20.000 y 30.000 los comercios afectados. Gutiérrez cree que aflorarán situaciones hoy desconocidas.

Peticiones de entre el 200 y el 400% de incremento

José Antonio Castañeda es el propietario de Discos Candilejas. La tienda, referente en Málaga durante el boom del CD, lleva abierta 36 años, 27 de ellos en un local de la calle Santa Lucía, céntrica pero perpendicular a la arteria que forman calle Larios y calle Granada. Asegura que paga 700 euros mensuales de alquiler (comenta que los locales contiguos pagan en torno a 1.000), y que habrá abonado unos 300.000 euros en todos estos años. No ha recibido ninguna notificación de los propietarios. "Si no hubiese sido por la renta antigua hubiera cerrado mucho antes", comenta. Su negocio empezó a morir en 2001. Hoy pocos compran discos y Castañeda dice que pierde dinero. ¿Y por qué mantiene el negocio? "¿Y qué hago? Me gusta. No tiene explicación que sigamos abiertos. Llevo 27 años con los mismos empleados". Asegura que hasta que no se presente la Guardia Civil no se marchará del local.

 

 

La mayoría de comerciantes prefieren no hablar porque temen represalias. Una de las asistentes a la presentación de la plataforma contó su caso bajo condición de anonimato porque está negociando con el propietario. Heredó de su padre un bar en Estepona y asegura que el propietario del local le pide un 400% más de lo que paga ahora: "Está todo en manos del arrendador. Y ese es el problema: el arrendador pone sus condiciones". Según Valenzuela, muchos se niegan a renegociar.

Durante años fue al revés: esos propietarios vieron como los dueños de locales vecinos, no sujetos a la renta antigua, se lucraban con el crecimiento desmedido del valor de la propiedad. El coste de oportunidad para ellos fue alto. Existían dos mercados paralelos: el abierto, sujeto a las reglas de una competencia feroz, cuando no de la pura especulación; y el cautivo, sujeto a una normativa pensada para los años 60 y a las actualizaciones de renta previstas en la LAU de 1994 (el IPC anual, a partir de que la renta inicial se haya doblado). La renta antigua sirvió para mantener negocios tradicionales a base de crear un mercado artificial y dos clases de propietarios y de arrendatarios durante muchos años. Alberto Rodríguez, del Centro Comercial Abierto de Granada, propuso hace unas semanas una subida del 30%, que compensaría, a su juicio, el desfase entre el IPC de estos 20 años y lo que han subido en realidad los precios de los alquileres. Pero Valenzuela asegura que muchos propietarios exigen ahora un incremento de entre el 200 y el 400%.

La Junta de Andalucía intervino en el debate el pasado martes. Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, reclamó una nueva prórroga a la moratoria de la ley, y aseguró que las franquicias y multinacionales "no contribuyen a un modelo de desarrollo urbanístico acorde con la cultura mediterránea", en declaraciones recogidas por Europa Press.

Otros dan soluciones alternativas para poner el suelo al servicio de la creación de riqueza productiva. "Si tienes un local cerrado es porque tienes muchos locales y no lo necesitas. Eso no genera puestos de trabajo, y debería gravarse con impuestos", opina una empleada de una tienda de ropa del centro que no se verá afectada porque el dueño es el mismo desde hace 40 años. Según Valenzuela, los negocios históricos ofrecen al propietario del local una estabilidad en los ingresos. En cambio, los nuevos contratos tienen una duración, en muchas ocasiones, de "cuatro o seis meses", antes de que el negocio cierre. En el centro de Málaga proliferan los bares, que han hecho subir el precio. Es conocido el caso de Morrisey's, un pub irlandés que se trasladó desde la Plaza del Siglo al no poder afrontar el pago del nuevo alquiler, 18.000 euros.

La calle Larios, entre las más caras de España

La calle Larios fue peatonalizada en 2002, no sin resistencias de sus comerciantes, y desde entonces los precios de los alquileres no han hecho sino subir. Según un informe reciente de la consultora Cushman & Wakefield, Larios es la calle más cara de España fuera de Madrid y Barcelona. Se paga una media de 150 euros por metro cuadrado y mes por alquilar un local, un 3,4% más que hace un año. 720.000 euros al año por un inmueble de 400 metros cuadrados. Muchos opinan que las franquicias compensan eventuales pérdidas con las ganancias en sus muchas otras tiendas, y mantienen sus locales en las calles más exclusivas por posicionamiento. En Larios queda un local vacío a pie de calle. Lo alquila Sociedad Azucarera Larios Patrimonio (SALSA), que no comunica el precio si no es previa identificación, porque dice estar en "negociaciones" con un interesado y no quiere que el dato sea público. En Calle Nueva, que corre paralela, un local de unos 70 metros cuadrados se alquila por 7.000 euros al mes, aunque la renta subirá próximamente.

Entre franquicias de ropa y lencería, perfumerías y ópticas, sobreviven en Larios la Farmacia Mata, la Cafetería Lepanto, un estanco tradicional y Casa Mira, una heladería y turronería con siglo y medio de historia. La mayoría de los edificios de la calle son propiedad de dos familias: los Quesada y los Larios (origen de SALSA Patrimonio). Un paseo permite constatar el triunfo de las franquicias. A un lado, Benetton, Mango, Desigual; enfrente, Antonio Parriego (un negocio familiar fundado en Madrid), Vodafone, Kiko, Rolex, Swarowski. Mango y Primor (una perfumería de origen malagueño que se ha extendido por toda España) tienen dos locales.

Dos nuevos comercios abrieron en un esquinazo a media altura de la calle el 5 de diciembre: una tienda de Collection of Style y otra de &Other stories. Los dos locales son de SALSA y las dos marcas pertenecen a la cadena sueca H&M. "Esto se convertirá en un centro de franquiciado y multinacionales. Málaga perderá su idiosincrasia", se queja Valenzuela. Será como Barcelona. Como Madrid. Como cualquier lugar de Europa. Pero eso tampoco es nuevo.









Rajoy carga contra las "ocurrencias" del PSOE para reformar la Constitución

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado este sábado a preservar el espíritu de la Constitución y se ha mostrado dispuesto a reformarla si lo exige el "interés general de los españoles", "el interés real" de los ciudadanos o "el desarrollo del proyecto común europeo". Eso sí, ha alertado contra las "ocurrencias y eslóganes" del PSOE, que pide reformar la Carta Magna pero sin concretar nada, y contra los "adanes que pululan hoy en España que se creen que todo empieza con ellos", en referencia a Podemos.

"La Constitución no es intocable pero no es un juguete y no admite ni bromas ni frivolidades. No somos dogmáticos ni fundamentalistas de esta Constitución concreta y, de hecho, hemos sido colaboradores necesarios de las dos reformas que ha tenido y apoyaremos cualquier reforma a futuro si ello fuera necesario", ha proclamado en un acto de defensa del texto fundamental celebrado por el PP en la La Granja de San Ildefonso en el que han participado los presidentes autonómicos y regionales del partido.

De hecho, antes de su intervención, Rajoy ha posado con todos sus 'barones' en una foto de familia --el único ausente ha sido el riojano Pedro Sanz por motivos de salud--. También han dado lectura a la llamada 'Declaración de la Granja', en la que el PP reafirma su compromiso con el texto de 1978, dice que el espíritu de la Transición "debe preservarse siempre" y recalca que España "necesita más que nunca" la Constitución aprobada hace 36 años.

"La Constitución sigue tan viva como siempre"

El jefe del Ejecutivo ha querido poner en "valor" la Carta Magna porque, a su juicio, es "lo mejor" que han hecho los españoles y sigue "tan viva como siempre". Es más, ha subrayado que es "tan buena" porque "es de todos y no de algunos", propiciando así "la mayor etapa de progreso de la historia de España".

Y todo esto, ha recalcado Rajoy, hay que "explicárselo a los adanes que pululan hoy en España, que se creen que todo empieza con ellos", en alusión explícita al partido de Pablo Iglesias. Según ha dicho, España ha tenido en la Constitución "su mejor palanca para el crecimiento".

"Nada de esto nos tocó a los españoles en una lotería. Nada vino sin esfuerzo y generosidad. Salió bien porque fuimos responsables, supimos pactar, ceder y tener la grandeza de espíritu para ganar todos sin que nadie saliera derrotado", ha afirmado, para agregar que a cada una de las "pegas" que se le pueda hacer a la Carta Magna, "cada español puede responder señalando mil y una ventajas".

RECHAZA LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL PSOE

Ante el "negativismo a ultranza" de "algunos" que "desmotiva y paraliza", Rajoy ha pedido centrarse en lo que han hecho "bien", como el texto fundamental, y "cargarse de esperanza, autoestima e ilusión" de cara al futuro porque España "es un gran país".

"Harina de otro costal es lo que hacen algunos, desgañitarse para deprimir la autoestima de los españoles. Son esos que que dicen que todo va mal, son esos que ignoraron la crisis e ignoran ahora la recuperación. No tienen remedio", ha resaltado, en alusión a los socialistas.

Y ante la propuesta del PSOE de reformar la Carta Magna -ha pedido en el Congreso crear una subcomisión para abrir ese debate que el PP ha rechazado--, Rajoy ha señalado que éste no es momento en España "para ocurrencias, frivolidades o eslóganes" que, a su entender, solo muestran la "desorientación" de quien las hace.

ESPAÑA HA DEJADO DE SER EL "FAROLILLO ROJO DE EUROPA"

En línea con su discurso de las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha afirmado que España ha pasado de ser el "farolillo rojo" de Europa a encabezar el crecimiento económico en el continente. Así, ha recordado que era el país que más empleo destruía de la UE y ahora es el que "más empleo está creando" y ha puesto en valor la "actitud, la generosidad y el compromiso" de los españoles para salir de la crisis.

Rajoy ha recalcado que para llegar a la actual situación la palabra "clave" son las reformas, "una agenda completa y ambiciosa de reformas en todos los frentes" que, a su juicio, ya están dando "un fruto cierto". "Todas tenían un sentido único: mejorar España y hacerlo de un modo singular, dando respuesta a nuestras carencias y, al mismo tiempo, manteniendo lo mejor que teníamos", ha resaltado.

Según el jefe del Ejecutivo, la crisis ha puesto a prueba a España y el país ha respondido "con sufrimiento" pero también con "entereza" porque tenía unas "instituciones sólidas y estables". En su opinión, España ha podido "aguantar la embestida" y "mudar su piel" con el mayor proceso de reformas hecho "nunca" gracias a la Carta Magna. "¿Cuánto no será de buena la Constitución cuando han cabido tantas nuevas reformas y tantos nuevos cambios para nuestro país sin necesidad de retocarla?", se ha preguntado.

LA CONSTITUCIÓN, "PASAPORTE PARA EUROPA"

En un discurso con continuas referencias al proyecto europeo, Rajoy ha manifestado que la Constitución fue el "pasaporte" de España para Europa. "Nos hizo iguales y nos abrió la puerta. Por eso para nosotros la Constitución y Europa son dos conceptos que no se pueden divorciar", ha exclamado, para avisar a los nacionalistas e independentistas catalanes que "ya no es tiempo de mirarse en el ombligo de los autóctono", ni de poner el "énfasis en las diferencias" ni de "fomentar los aislamientos".

"Ése es nuestro afán, llegar a ser tan europeos como españoles", ha aseverado. "Y de eso me gustaría oír hablar. No de cómo limitamos nuestra propia capacidad o nos distraemos en ensoñaciones, sino de cómo integraremos mejor los 47 millones personas que habitamos la piel de toro en el conjunto de 500 millones de europeos", ha apostillado.

Y una vez más, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que para el Partido Popular "no es negociable" la soberanía nacional, la unidad de España, los derechos fundamentales de los españoles y la igualdad de todos". "Eso no es negociable", ha enfatizado, cosechando una cerrada ovación de los suyos.


Catalá admite que "hay que mejorar" la clasificación del nivel de riesgo en los casos de violencia machista

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido que la clasificación del nivel de riesgo en los casos de violencia de género "es una circunstancia que hay que mejorar" y ha manifestado la "máxima sensibilidad" del Gobierno para dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de "los medios suficientes para que puedan hacer bien su trabajo" si es que "hay alguna insuficiencia de medios en algún lugar o en alguna circunstancia".

Catalá ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas, tras tomar parte en San Sebastián en la Jornada de Covite 'Justicia y Terrorismo: El papel de la Administración en la construcción de un relato basado en la dignidad', acerca de la denuncia de "presiones" por parte de la Guardia Civil para bajar el nivel de riesgo de las víctimas de la violencia machista, así como de "carencia de medios y absoluta falta de formación específica", como ha publicado eldiario.es.

El ministro ha apuntado que este año 2014 ha habido 50 víctimas de violencia de género y ha asegurado que desde el estado de derecho se sigue "intentando reforzar las capacidades que tenemos". En ese sentido, ha recordado que se prevé "reforzar" el código penal para "dar respuesta a esta realidad que existe en nuestro país".

Catalá ha considerado que la violencia de género "es una realidad lamentablemente todavía demasiado frecuente en nuestra sociedad" y ha considerado que se debe trabajar desde los ministerios de Justicia e Interior, así como desde los medios de comunicación o el sistema educativo, para "sensibilizar a toda la sociedad sobre la lucha" contra este tipo de violencia y el "rechazo absoluto" a la misma.

En su opinión, las fuerzas y cuerpos de seguridad también tienen "una misión importante, siendo verdad que la clasificación del nivel de riesgo es una circunstancia que hay que mejorar y objetivar para asegurar, en la medida de las posibilidades, que todas las víctimas de la violencia de género tengan la máxima protección por la ley, por los jueces y por las fuerzas y cuerpos de seguridad".








MAPA: Destinos para encarcelados por corrupción

El Congreso se resiste a dar nuevos pasos en materia de transparencia

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El Congreso de los Diputados ya debería haber tomado medidas para adaptarse a la ley de Transparencia, que entró en vigor el miércoles, y ofrecer en su web mucha más información de la disponible actualmente. Mientras el Senado modificó su Reglamento en junio para adaptarse a la nueva regulación, el Congreso, incumpliendo los plazos, aún se lo está pensando. En la Cámara Baja no hay intención de hacer grandes variaciones. El presidente, Jesús Posada, es un firme opositor a abrir la mano a la publicación de nuevos datos como el coste de asesores o el gasto en viajes.








"Ningún factor objetivo explica la brecha salarial entre hombres y mujeres en España"

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El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba a España como el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años a causa del paro y la pérdida de poder adquisitivo de los sectores con menos ingresos. Contiene también una nueva forma de medir la brecha salarial entre mujeres y hombres que arroja una conclusión poco explorada hasta ahora: la brecha salarial debería ser favorable para las mujeres, es decir, son las trabajadoras las que de media tendrían que cobrar por encima de los trabajadores si se atendieran a los factores que determinan la productividad de los individuos, como la educación o la experiencia. Una de las autoras del informe, la experta de la OIT Rosalía Vázquez-Álvarez, explica las conclusiones del informe.








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