La sanidad privada recoge los frutos de los recortes en la pública. Los clientes de las aseguradoras no dejan de crecer y, en los nueve primeros meses del año, la asistencia médica llegó a los 9,2 millones de pólizas, un 3,6% más que al comenzar 2014. La sanidad privada ha ganado así 290.245 clientes, según los datos de la patronal de seguros ICEA. Solo en 2012 el dinero privado gastado en sanidad pasó de 26.312 millones a 27.064. 752 millones más, un aumento del 2,8%. Esa tarta se reparte, básicamente, entre las empresas aseguradoras y las clínicas privadas.

Las compañías de energía y telecomunicaciones han copado más de la mitad de las reuniones (en concreto, el 54% del total) que han mantenido los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con representantes de las empresas desde la puesta en marcha, en octubre de 2013, del súperregulador de los mercados.

La decisión de sacar la plaza del juez Pablo Ruz a concurso puede complicar el futuro del caso Gürtel hasta el punto de que algunas defensas valoran ya la posibilidad de reclamar la nulidad de todo el proceso. Así lo señala Miguel Durán, abogado del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo. El letrado advierte de que si Ruz se queda al frente del caso como juez de apoyo podría incumplirse el artículo 24 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen derecho “al juez predeterminado por ley”.

La irrenunciabilidad de una tasa por ley

Valica Costea, de 10 años, ha contado en el Parlamento Europeo cómo cada día deja su chabola en el poblado madrileño de El Gallinero para ir al colegio. Tiene una hermana mayor que ya ha dejado la escuela para cuidar a algunos de los 11 hermanos que conviven en la casa. Valica dice que quiere ser veterinaria. Sin embargo, en cuatro años sus expectativas pueden dar un vuelco. El 64% de las niñas abandona la Secundaria entre los 12 y 14 años, según algunos estudios. Varios colectivos de gitanos, invitados a la cámara europea por la coalición Primavera Europea, han exigido en Bruselas mayores esfuerzos para la integración de la comunidad gitana en un contexto de recortes para los más desfavorecidos.

En el día de los Derechos Humanos, Malala Yousafzai, de 17 años, recibía el Nobel de la Paz junto al activista indio Kailash Satyarthi y recordaba, una vez más, que va a continuar su lucha "hasta que vea a todos los niños en la escuela". Una reivindicación que casi le costó la vida en Pakistán, donde muchas niñas no pueden ir a la escuela. Este mismo miércoles, Valica Costea presentaba en Bruselas una realidad completamente diferente a varios eurodiputados y miembros de asociaciones de gitanos en España, pero marcada por el mismo deseo de que todos los que quieran estudiar puedan hacerlo. Ella quiere seguir estudiando, pero la compleja realidad que rodea al pueblo gitano puede convertir su caso en una excepción.

"Valica no debería ser una excepción, ni una soñadora empedernida", dice François Bonnetier, la voluntaria de El Gallinero que ha acompañado a la niña en su viaje. "Ella se lo merece". En su primer trayecto en avión, que había emprendido horas antes con inocencia y muchas ganas. Tantas, que cuando un empleado de la seguridad del aeropuerto levantó el brazo en señal de alto, ella le chocó la mano y siguió adelante.

"Cuando hay charcos en El Gallinero siempre tenemos que ir corriendo para no perder el autobús. A veces nos manchamos, a veces no", cuenta con naturalidad. Las pésimas condiciones en las que viven en el poblado chabolista y los altos índices de pobreza –93%, según el Índice de Pobreza Humana– han quedado reflejados en un reciente informe de Save the Children y la Universidad Pontificia Comillas. Valica cuenta que cinco de sus hermanos no van al cole: dos son bebés y otros dos no quieren "porque tienen miedo". "La mayor se tienen que quedar a cuidarlos y mi mamá se va a pedir".

Dificultad de acceso a estudios superiores

Las políticas de integración del pueblo gitano comenzaron hace décadas con la intención de reducir la exclusión de la comunidad y con un punto central en la educación. Desde entonces, los datos de escolarización en etapas obligatorias han aumentado hasta casi los índices del resto de la población. El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, del Ministerio de Educación, apunta en un informe en febrero que España está situada entre los países europeos con mejores índices de escolarización. En 2012, el Consejo de Europa puso al país como ejemplo de las políticas de integración.

Sin embargo, los retos son muchos aún. El Comisario Europeo Joao Delgado, presente en el acto, denunció que "un 76% de abandono escolar de los niños gitanos es inaceptable". Los niños entran en las aulas pero tienen muchas más probabilidades de no finalizar sus estudios. También de no llegar a los niveles educativos superiores: entre un 1 y un 2% de los gitanos accede a la universidad, según datos de la Fundación Secretariado Gitano. En este proceso, las jóvenes abandonan las clases más pronto que los chicos para cuidar de la familia o formar la suya propia. Muchos chicos cuelgan las mochilas para intentar llevar dinero a casa.

"Hay mucho por hacer", apunta Miguel Ángel Vázquez, portavoz del partido Por un Mundo Más Justo, que acudió a las elecciones europeas con la candidatura de Primavera Europea. "Por ejemplo, el colegio está asegurado pero los libros no. Ahí tienen que buscarse la vida para conseguirlos", señala. El partido decidió llevar a una niña de El Gallinero "porque su testimonio es la mejor de las denuncias". "Si tuvieran acceso a una guardería, la niña de 14 años no tendría que salirse a cuidar a sus hermanos pequeños", apunta.

En el acto, que moderó el eurodiputado español Jordi Sebastià, participaron varios gitanos con estudios universitarios que pidieron visibilizar también esa realidad, como un buen ejemplo, y que los medios no solo dieran espacio a representaciones negativas del pueblo gitano. Carmen Santiago, abogada y gitana, apuntó que es importante "creer en los gitanos, creer que podemos estudiar, que podemos ocupar un puesto en la sociedad a la vista". Joan Oleaque, periodista y profesor en la universidad, señaló la importancia de la 'romafobia' en la sociedad: "De los gitanos se puede decir cualquier cosa, algo que contra otros colectivos como los judíos no se podrían decir".

Dos eurodiputados gitanos, Soraya Post y Damian Drăghici, insistieron en la necesidad de derribar los prejuicios y el antigitanismo que hay instalado en Europa y que cobra fuerza con el auge de partidos de extrema derecha. "Hay que cambiar las normas para que no salga barato insultar a los gitanos", exigió Drăghici.

Menos recursos para los niños desfavorecidos

La crisis económica se ha cobrado parte de la cobertura social que funciona de colchón para los que menos tienen. El dinero destinado a la educación compensatoria, los programas que "intentan garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social" se han quedado casi a cero en los presupuestos de 2015. Su partida baja un 90,2% respecto a 2014. Pasa de 53.660.000 a apenas 5,25 millones. El año pasado el presupuesto registró ya una bajada del 68%. En 2012 su presupuesto era de 169,5 millones.

"En tiempos de crisis cortar en educación o limitar su inversión es un gran error", afirmó el comisario europeo Joao Delgado. La abogada Carmen Santiago denunció la desaparición de programas como el Educa3, de impulso de la Educación Infantil de 0 a 3 años. En esa primera intervención hay un gran margen de ajuste del nivel formativo de los alumnos más vulnerables respecto al resto de alumnos, según los expertos.

Valica se va del Parlamento Europeo y este jueves dormirá con sus diez hermanos, de nuevo en El Gallinero. Lo último que dijo a los presentes en el acto es que quería ser veterinaria: "Y ya está". 

El Gobierno no ha tardado en responder a la decisión de Google de cerrar Google News en España por la próxima entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual. Horas después de conocer que el próximo 16 de diciembre, el buscador cerrará su servicio de noticias en nuestro país y hará desaparecer los enlaces a medios españoles en los sites internacionales de esta herramienta, el Ministerio de Eduación Cultura y Deporte ha difundido un comunicado en el que afirma que seguirá adelante con la implantación del conocido como canon AEDE o tasa Google.

En su comunicado, el Gobierno considera que el anuncio de Google "responde a una decisión empresarial" y reitera que "comenzará próximamente el desarrollo reglamentario de la Ley y lo someterá al trámite de información pública en el que todas las partes interesadas podrán transmitir de nuevo sus aportaciones".

El Ministerio subraya que tras la decisión de Google de cerrar su servicio de noticias "el acceso a la información en Internet queda garantizado" y recuerda que las noticias seguirán siendo accesibles desde las webs de los propios medios, en los motores de búsqueda tradicionales y "en los demás agregadores de contenidos informativos", que, aunque el Gobierno no lo aclara, se verán obligados a abonar la tasa si quieren seguir ofreciendo su servicio.

"La Ley de Propiedad Intelectual en nada obstaculiza la libertad de información, siempre dentro del respeto y protección a los derechos de propiedad intelectual de los autores", concluye el Ministerio en su comunicado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respondido este jueves a las críticas vertidas por distintas instituciones nacionales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONG sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente que si le facilitan "una dirección" donde a "esa pobre gente" se les vaya a dar "manutención y trabajo", les envía para allá.

"Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo, le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía", ha dicho en una entrevista en Antena3 en relación a los migrantes que malviven en el monte Gurugú, frente a la frontera de Marruecos.

Fernández Díaz respondía así sobre las denuncias reiteradas contra la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes que sean interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla, práctica que se legalizará mediante una reforma de la Ley de Extranjería introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que el Congreso va a enviar este jueves al Senado para seguir su tramitación.

"Desde despachos del Norte de Europa que no tienen este problema, desde el centro de Europa o desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo yo les diría que me den esa dirección y que enviamos a esta gente, eso sí, con el compromiso de que les van a mantener y que les van a dar un puesto de trabajo adecuado a su dignidad y a sus competencias", ha reiterado Fernández Díaz.

En su opinión, "hay mucha hipocresía". "Si el problema se resolviera cogiendo a esa pobre gente que está en el Gurugú delante del perímetro fronterizo de Melilla o fuéramos a Ceuta y cogiéramos a los miles de personas inmigrantes ilegales y los metiéramos en España y así arreglásemos el problema, le aseguro que yo lo hacía mañana", ha asegurado.

Sin embargo, según ha dicho, "el problema es que el efecto llamada sería de tal magnitud que centenares de miles de inmigrantes que buscan un mejor futuro que el que tienen en sus países de origen vendrían", y España "tiene la capacidad de acogida que tiene".

"Yo comprendo esos dramas humanitarios, cómo no los voy a comprender, pero no acepto que nadie se considere que tiene unos sentimientos humanitarios superiores a mí, y tampoco inferiores. No acepto lecciones de humanitarismo por parte de nadie", ha zanjado.

Asegura que no hay alternativas

El ministro ha insistido en "negar el concepto de devolución en caliente" y ha asegurado que en las ciudades autónomas, "lugares que no tienen comparación posible con otras zonas de España y de Europa", el objetivo es, "simplemente, algo tan elemental y tan complejo allí como es intentar impedir que se entre ilegalmente" en España.

"Diría que si alguien tiene una solución distinta de la que nosotros proponemos para cumplir lo que dice la ley, que a España hay que entrar legalmente por los pasos fronterizos habilitados al efecto y no ilegalmente ni masivamente y en no pocas ocasiones violentamente; si alguien tiene una fórmula distinta de operar a como lo hace la Guardia Civil, que nos lo diga. Hasta ahora nadie ha sido capaz de decírnoslo", ha asegurado.

Además, ha defendido que el objetivo es "garantizar la inviolabilidad de las fronteras", algo a lo que España tiene "el derecho y el deber" y "un plus de responsabilidad" por ser también frontera exterior de la Unión Europea. "Las fronteras delimitan el territorio y el territorio va íntimamente unido a la idea de soberania. Tenemos el derecho y el deber de defender nuestra soberanía"

El aeropuerto de Castellón tendrá su primer vuelo regular comercial a finales de marzo, cuatro años después de su inauguración, aunque los vuelos chárter estarán antes de esa fecha, según ha anunciado este jueves la empresa concesionaria del aeropuerto de Castellón, la canadiense SNC Lavalin.

El presidente del aeropuerto, Alain Russel, ha explicado que ayer jueves recibieron la autorización final de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para abrir las instalaciones, por lo que el primer avión "puede llegar a partir de hoy, y posiblemente antes del fin de semana, y será un avión privado".

El aeropuerto operará de miércoles a domingo de 10 a 18 horas, porque ésa es la autorización que tienen, pero si alguna de las compañías aéreas con las que negocian para operar en el aeródromo situado en el término de Benlloch pide otro día u horario, se necesitarán dos meses para intentar lograr una nueva certificación.

Las previsiones de pasajeros son de 35.000 en el primer año y en un plazo de quince años se aspira a superar el millón de pasajeros, según Russel -según la adjudicación, la concesionaria no pagará al Consell si no recibe 1,2 millones de pasajeros al año-.

"Si no lo veo, no lo creo"

Las primeras reacciones a este anuncio no se han hecho esperar. Así, el candidato a la presidencia de la Generalitat y portavoz de EU en Les Corts, Ignacio Blanco, ha explicado que en este tema aplican "el principio de Santo Tomás, aquello del 'si no lo veo, no lo creo', el principio de comprobación científica".

En este sentido, Blanco recuerda que se ha anunciado en diversas ocasiones que el aeródromo castellonense operaría antes de final de año, "antes que acabara 2011, 2012, 2013, 2014...", de modo que "ya no nos creemos nada de nada hasta que veamos que no aterriza o despega un avión", y se refieren a la inauguración tuvo lugar en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, "es decir que vamos a cumplir una legislatura con el aeropuerto inagurado por el 'abuelo' Fabra, pero por donde únicamente han podido pasear peatones y correr conejos".

Además, a Esquerra Unida le preocupa que sea "a costa del dinero público de los valencianos, porque se haya establecido un contrato con una operadora privada por el cual se le compensa en el caso de que no tenga éxito su proyecto empresarial", con lo que "la verdad es que nos parece un negocio seguro para la empresa, pero una amenaza importante de ruina para las arcas públicas de los valencianos".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que con el actual momento económico de España "podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado".

Así lo ha indicado durante la clausura del 'Encuentro Empresarial sobre el Plan Estratégico de Internacionalización y Mercados Prioritarios 2014-2015', en la que ha añadido que "estas Navidades serán las primeras de la recuperación" y que, en todo caso, "si el paro no está dando tregua, el Gobierno no dará tregua al paro".

No obstante, el desempleo, la principal preocupación de los españoles, muestra a ojos de Rajoy una tendencia "esperanzadora". "Creamos empleo de forma incontestable", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, quien ha pronosticado que "a este ritmo, la tasa de paro se situará en 2015 claramente por debajo del 22% con que cerró 2011".

Para justificar esta afirmación, Rajoy ha destacado que la afiliación media ha crecido en 400.000 personas desde noviembre de 2013 y que el empleo fijo se está incrementando actualmente en tasas del 30%, gracias en parte a la 'tarifa plana' de 100 euros para los empresarios que creen empleo neto con carácter estable. "El paro se está reduciendo, no tan rápido como sería deseable, pero sí de forma innegable", ha añadido.

Así, a falta de tres días para que se cumplan tres años de la presente legislatura, Rajoy ha asegurado que el Gobierno no ha tratado en ningún momento de "maquillar" la dureza de la crisis y ha logrado que "el relato haya girado hacia la esperanza con el tiempo".

"Eramos el enfermo de Europa y tras dos años y medio, la economía lleva cinco trimestres consecutivos creciendo con tasas cada vez más vigorosas y con perspectivas alentadoras", ha señalado el presidente del Gobierno, quien, en esta línea, ha mostrado "optimismo" de cara a 2015, entre otras cosas por el perfil "equilibrado" que mostrará el crecimiento económico el próximo año.

Dicho esto, Rajoy ha destacado el "excelente" comportamiento del sector exterior, "clara muestra del grado de apertura de la economía española", y ha animado a las empresas españolas a exportar.

Las cinco organizaciones que ejercen la acusación popular en la pieza de los papeles de Bárcenas han denunciado hoy maniobras del poder político y económico para "apartar" al juez Pablo Ruz, lo que consideran "el colofón a los múltiples obstáculos puestos a la instrucción" de este caso y de Gürtel.

Así lo exponen las acusaciones populares -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad- en un comunicado conjunto en el que anuncian "movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que pone en evidencia cómo han trabajado el PP y sus responsables en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes".

"Comprobamos ahora una vez más con estupefacción cómo destacados representantes del poder político y económico maniobran para que la Justicia no les alcance. No vamos a permitirlo. De ahí los actos de denuncia pública que llevaremos a cabo para que trascienda cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes", anuncian.

A su juicio, la decisión del Consejo General del Poder Judicial de sacar a concurso la plaza que ocupa Pablo Ruz en comisión de servicios desde la inhabilitación de Baltasar Garzón es fruto del resultado de la investigación de la querella interpuesta hace dos años basada en los papeles de Bárcenas y que ha conseguido "acorralar" a destacados dirigentes del PP.

Por ello, mientras que las cinco organizaciones querellantes hacen en este comunicado "un balance positivo de lo conseguido hasta ahora", también opinan que desde el PP y desde el Gobierno "hacen una lectura contraria al comprobar cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los papeles de Bárcenas acorralaban a destacados dirigentes populares y responsables de constructoras".

"Valoramos que ahí está la clave del cese en tres meses del juez Ruz, que es lo que realmente ha decidido en Comisión Permanente el Consejo General del Poder Judicial", afirman.

Hacen además un recordatorio del "ingente trabajo acometido por la acusación popular, así como la instrucción desarrollada por Ruz", que ha permitido "acreditar 59 apuntes de los recogidos en los papeles del extesorero del PP que se encuentra en prisión preventiva, así como imputar a 31 personas y que se haya podido dar como acreditada la existencia de una 'contabilidad B' en el partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy".

"Pero no es menos cierto que las dificultades impuestas durante toda esta etapa por el propio PP y por sus responsables en un buen número de las instituciones que controla han hecho muy difícil este trabajo", señalan los querellantes.

Entre esas trabas, enumeran "otras maniobras del Partido Popular" como "las misteriosas" desapariciones de agendas y los registros de entrada en la sede madrileña del PP, de discos duros de ordenadores con contenidos que incidían directamente en esta causa o "la persistente resistencia a entregar la información solicitada por el magistrado instructor, hecho que llevó a Ruz a ordenar el registro de la sede central del PP en la calle Génova".

Todos los grupos políticos menos el PP piden este jueves a Jorge Fernández Díaz que dé marcha atrás a su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, apodada como "ley mordaza" por toda la oposición. Los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se han levantado en el hemiciclo con una mordaza para evidenciar su rechazo.

Las críticas en la Cámara se centran en su voluntad "represora de los derechos y libertades" y en su intento de reprimir las protestas ciudadanas.

El Pleno del Congreso debate este jueves también, en el marco de la ley de seguridad, la legalización de las devoluciones en caliente, un cambio incluido en la Ley de Seguridad Ciudadana mediante una enmienda del PP presentada a última hora.

(Vídeo de @agarzon)

El debate de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha visto interrumpido durante el turno del portavoz del PP, Conrado Escobar. Miembros del coro de la Solfónica han etonado desde la tribuna de invitados 'La canción del pueblo', que pertenece al libreto del musical 'Los Miserables'.

Los ujieres han expulsado del hemiciclo a los miembros del coro, que protestaban así por la aprobación de la norma.

Los periodistas acreditados en el Congreso tienen prohibido sacar fotografías y vídeos desde la tribuna de prensa. Los fotógrafos acreditados pueden obtener imágenes, pero tampoco tienen permitido grabar vídeos, que queda reservado para la señal institucional del Parlamento.

Todos los grupos políticos menos el PP piden este jueves a Jorge Fernández Díaz que dé marcha atrás a su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, apodada como "ley mordaza" por toda la oposición. Los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se han levantado en el hemiciclo con una mordaza para evidenciar su rechazo.

Las críticas en la Cámara se centran en su voluntad "represora de los derechos y libertades" y en su intento de reprimir las protestas ciudadanas.

El Pleno del Congreso debate este jueves también, en el marco de la ley de seguridad, la legalización de las devoluciones en caliente, un cambio incluido en la Ley de Seguridad Ciudadana mediante una enmienda del PP presentada a última hora.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto implica la legalización de las devoluciones en caliente en la línea fronteriza de Ceuta y Melilla. Finalmente, y pese a las presiones de distintos colectivos, el rodillo de la mayoría absoluta del PP ha conseguido imponer su voluntad frente al rechazo unánime de toda la oposición, que ha recordado al Gobierno que dar cobertura a este tipo de expulsiones es ilegal, inconstitucional y contraviene varios tratados internacionales. Era el penúltimo escalón. Ahora viajará al Senado para que quede aprobada definitivamente.

La enmienda que incluyó el Partido Popular a última hora en la Ley de Seguridad Ciudadana ampara legalmente las devoluciones en caliente. Esto es, da cobertura legal para que la Guardia Civil pueda expulsar de forma inmediata a inmigrantes a los pies de las vallas de Ceuta y Melilla, terminando así en manos de los gendarmes marroquíes sin que medie el procedimiento de identificación ni los expedientes administrativos que establece la Ley de Extranjería. Una práctica ilegal, que, según las ONG, se viene realizando desde al menos 2005.

"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España", afirma el texto de la enmienda modificada.

En el Pleno, todos los grupos de la oposición que han intervenido han trasladado al PP su rechazo a esta legalización de las devoluciones en caliente porque consideran que es contrario a "todo el ordenamiento jurídico", tanto nacional como internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos.

El PSOE recurrirá al Constitucional

PSOE, Izquierda Plural y ERC se han comprometido a derogar la ley en cuanto cambie la mayoría parlamentaria del PP y, además, los socialistas han anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. CiU ha apostado por cambiarla en el futuro porque ve necesaria una Ley de Seguridad Ciudadana, si bien distinta a la presentada por el Gobierno, según informa Europa Press.

Para el diputado del PSOE Antonio Trevín, es un "error" el proceso por el que se han regulado las "devoluciones en caliente", al haberse introducido en la ley a través de una enmienda del PP y sin contar con los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ al tratarse de un tema referente a derechos humanos.

Por parte de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado duramente la legalización del rechazo en frontera, que, según ha lamentado, ya se está realizando aunque no está aprobada la ley. Ha condenado el "terrible comportamiento" que a su juicio están ejerciendo en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Toni Cantó, de UPyD, ha lamentado que el Gobierno vaya a legalizar el rechazo en frontera cuando según las organizaciones internacionales se trata de una medida "ilegal", contraria, por ejemplo, al Convenio Europeo de Derechos Humanos o a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. En cambio, desde el Grupo Popular, Conrado Escobar ha leído en alto la enmienda, a su juicio "exquisita y prudente desde cualquier punto de vista", y que además regula "lo que necesita Ceuta y Melilla" para proteger la frontera.

Malestar en las ONG, la ONU, la Iglesia y la Unión Europea

Diversos organismos e instituciones, como las ONG, la Iglesia, la Unión Europea y la ONU, han levantado la voz contra esta disposición. Consideran que contraviene la propia Constitución Española, la Ley de Extranjería, tratados europeos y acuerdos de carácter internacional. "Se convertiría en legal lo que es ilegal", resumen.

Más de un centenar de ONG, como CEAR o Médicos del Mundo, presentaron ante el Congreso un escrito en el que apelaban al PP para que diera marcha atrás. Argumentan que las devoluciones en caliente no protegen el derecho de asilo: los inmigrantes, al ser expulsados de forma exprés, no podrán acceder a asistencia letrada ni presentar sus motivos para conseguir el estatuto de asilo.

A esto, las ONG añaden que la reforma solo se puede llevar a cabo si se modifica la Constitución. Y es que la Carta Magna obliga en el artículo 10.2 al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, algo que no se estaría cumpliendo. Organismos como ACNUR recuerdan que la enmienda desoye la Convención de Ginebra, el Estatuto de los refugiados de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

La Unión Europea también ha aleccionado al Gobierno español sobre la ilegalidad de sus intenciones. El comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha advertido de que contradiría la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

También la Abogacía española ha mostrado sus dudas sobre la legalidad de la enmienda, mientras que la Iglesia ha exigido la retirada inmediata de la reforma al entender que se está "criminalizando la pobreza”. Unas palabras que irritaron sensiblemente al ministro del Interior, confeso devoto de la institución católica.

Los cauces que ha seguido el PP para aprobar esta enmienda han irritado a los detractores: aseguran que al haberse incluido la enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana y no en la Ley de Extranjería –que no se estaba debatiendo– el PP ha conseguido eludir los informes preceptivos de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este último, un total de 120 ONG han pedido que tome partido y frene la tramitación.

La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados dedica un puñado de artículos a las faltas y sanciones que se podrán aplicar a los manifestantes y acciones de protesta contra decisiones y medidas del Gobierno. Los grupos que se baten habitualmente en esos frentes –de la vivienda, el medio ambiente o el trabajo– temen que la poda del derecho de manifestación acalle la contestación ciudadana contra la acción política.

Uno de los colectivos que se ha distinguido por sus acciones de protesta–especialmente alimentadas durante la crisis– ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su férrea oposición a la batería de desahucios que ha conllevado la depresión económica se tradujo en sentadas en bancos que ejecutaban hipotecas u oficinas públicas de vivienda.

Carlos Macías, de la PAH en Barcelona, avisa de que su grupo "ha ido ya por delante de la misma ley mordaza". "Nos hemos adaptado para evitar infracciones", asegura. Se refiere a que, a partir de que el Gobierno presentó el anteproyecto de ley, la plataforma ha modificado sus protestas: "Ahora en lugar de ocupar oficinas las bloqueamos", explica. "Le hemos dado la vuelta al texto y esquivamos las acciones que traen aparejadas sanciones", cuenta Macías. Con todo, subraya: "No vamos a quedarnos en casa cuando hay necesidad de protestar". De hecho, "seguiremos adelante con la desobediencia civil que paraliza los desahucios. Son ilegales y continuaremos evitándolos".

La ley "afecta a la población en general en cuanto a sus derechos", analiza María Serrano, portavoz de Política Interior en Amnistía Internacional (AI). Serrano detalla que el nuevo marco legal "ofrece menos garantías y más sanciones". AI incide en que se ha allanado el camino para que los ciudadanos que protesten sean multados: "Se favorece la vía administrativa y se le otorga la presunción de veracidad a la policía a la hora de sancionar. Si se quiere recurrir, hay que ir a la vía judicial y pagar las tasas".

Serrano se muestra preocupada por varios aspectos que, a su juicio, se ven exacerbados por la Ley de Seguridad Ciudadana. "La sanción de difundir imágenes de las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones, por ejemplo, que ha sido un elemento clave para denunciar abusos policiales". Y todavía más: "Todo el asunto de la falta de consideración con los agentes, ¿cómo se va a medir?", se pregunta. En su opinión, "todo el derecho de manifestación se ve menguado. Ahora se podrá multar a personas que intervengan en una manifestación espontánea por no estar comunicada aunque no sea violenta".

Convertir el conflicto laboral en conflicto de orden público

Amnistía Internacional pone el acento, por último, en la criminalización de ciertos colectivos debilitados. Su portavoz recuerda que la ley permitirá sancionar a "víctimas de trata" si "insisten en ofrecer servicios de prostitución en zonas como parques. Ellas no pueden escoger ni decidir dónde ejercer", avisa Serrano.

Y si un grupo ha visto cómo el articulado de la ley mostraba síntomas de "haber pensado en nosotros", es el del activismo ecologista. Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, analiza que, más allá de que "se convierta a los manifestantes en un riesgo para la seguridad", el Ejecutivo ha incluido acciones propias de su asociación. "El escalamiento de edificios se mantiene como infracción aunque haya pasado de falta grave a leve en la revisión del texto".

Otro punto que se les ajusta como un guante es el de "las manifestaciones en infraestructuras críticas como centrales nucleares, puertos o aeropuertos", señala el portavoz de la ONG. Esas acciones pueden ir desde "graves a muy graves". En estos días se está juzgando a 16 activistas de Greenpeace y un fotógrafo por una de estas protestas en la central nuclear de Cofrentes (Valencia). "Desplegar pancartas, ocupar espacios es nuestra manera de defender el medio ambiente". Es un ataque "al derecho de expresión y manifestación", remata Soto.

Incluso el movimiento sindical se siente incómodo. Inmerso en su campaña contra las acciones legales que afectan a huelguistas ("la huelga no es delito"), la ley mordaza es vista como una "mordaza al movimiento sindical", según la perspectiva de la secretaria confederal de Movimientos Sociales de CCOO, Empar Pablo Martínez. "Convertirá el conflicto laboral en un conflicto de orden público".

El Gobierno ha sacado adelante este jueves con el único apoyo del Grupo Popular la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo contenido ha sido rechazado por todos los grupos de la oposición, que se han comprometido a derogarla en la próxima legislatura si cuentan con la mayoría suficiente para ello.

El debate estuvo salpicado por varios incidentes. Entre ellos, la inesperada intervención de la Solfónica del 15M, que desde la tribuna de invitados comenzó a entonar 'La canción del pueblo', del musical 'Los Miserables' –que habla de las libertades ciudadanas– ante la mirada atónita de Posada. El presidente del Congreso ordenó su expulsión inmediata de la tribuna.

Pero ese no ha sido el único altercado. Justo cuando iniciaba su intervención el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, los diputados de este grupo protestaron desde sus escaños, puestos en pie, con la boca tapada por mordazas y las manos a la espalda. El presidente del Congreso les pidió que se las quitaran porque en la Cámara –dijo– lo que hay que hacer "es hablar". El grupo de Cayo Lara mantuvo su protesta. Solo después de una segunda llamada al orden, y antes de una tercera, que hubiera supuesto su expulsión del Pleno, los diputados se quitaron las mordazas y volvieron a sentarse en sus escaños.

A lo largo del debate, todos los portavoces de la oposición manifestaron su rechazo al texto, que ya han bautizado como "la ley mordaza", cuyo dictamen fue aprobado el 25 de noviembre en la Comisión de Interior del Congreso.

Uno de los aspectos más criticados ha sido la decisión del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería a través del texto de la Ley de Seguridad Ciudadana para dar cobertura legal a las 'devoluciones en caliente' de aquellos inmigrantes que pasen a territorio español. Una decisión que solo ha sido defendida por el portavoz del PP, Conrado Escobar.

Los argumentos que han utilizado los portavoces de la mayoría de los grupos de la oposición para rechazar casi en su integridad la ley han sido muy similares. Pero fundamentalmente se han centrado en que es una reforma "innecesaria" que "cercena las libertades ciudadanas" y que significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público, el TOP franquista. Por estos motivos, todos los grupos de la Cámara se han comprometido en sus intervenciones a derogar la ley en la próxima legislatura si logran una mayoría de votos para ello.  

El portavoz del PSOE, Antonio Trevín, ha alertado de que con la ley lo que pretende el Gobierno es recortar los derechos "normales" de manifestación "convirtiendo al ciudadano crítico en enemigo de la sociedad". Trevín ha recomendado a Rajoy que, si lo que quiere es "acabar con las protestas", lo que tiene que hacer es "rectificar sus medidas de recortes sociales".

El socialista ha prometido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –que ha seguido el debate solo desde el banco azul–, que si retiran la ley "no haremos sangre con su decisión" y colaborarán en una nueva reforma.

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, se ha centrado en denunciar que con esta ley el Gobierno lo único que pretende es "resucitar" el Tribunal de Orden Público franquista, que data de 1959, el llamado TOP, y con él, el regreso de los "grises", la policía de entonces. Sixto ha salido en defensa de sus compañeros de escaño por la protesta que han hecho, amordazados, porque con ello trataban de "manifestar gráficamente lo que ustedes van a imponer al pueblo", les ha dicho Sixto a los diputados del PP.

Feliu-Joan Guillaumes, portavoz de CiU, ha acusado el Gobierno de comportarse de forma "totalitaria", con lo cual cualquier argumento que quiera esgrimir con la ley "pierde la razón". Los nacionalistas catalanes son los únicos que no han querido comprometerse a su futura derogación, pero sí a cambiarla "de arriba abajo profundamente".

En nombre de UPyD, Toni Cantó, ha sentenciado que el Gobierno "vuelve a errar el tiro". Cantó ha reprochado tanto al PP como al PSOE la imagen que están dando de "corrupción generalizada", que, a su juicio, es lo que está motivando la indignación de la gente. "Son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y una madurez extraordinarias", ha dicho. Según el diputado magenta, no se puede "ilegalizar lo que a todas luces es legal", como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones "desproporcionadas" además de "ineficaces".

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha asegurado que las declaraciones del ministro del Interior, invitando a los que critican las devoluciones de inmigrantes en la frontera a acogerlos en su casa, demuestran "cierta derrota política" y en todo caso ignoran el ordenamiento jurídico español e internacional.

Joan Tardà, de ERC, ha calificado la ley de "ataque endemoniado" a las libertades de expresión, reunión y manifestación, por considerar que quedan "supeditadas" a la arbitrariedad del Ejecutivo.

A la serie de incidentes hay que sumar la escena que nada más comenzar el debate ha protagonizado el diputado del Grupo Mixto, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, que ha recibido también la regañina de Posada por colocarse el DNI en la boca cuando estaba aún en la tribuna de oradores.

El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha defendido con énfasis la ley y ha afeado a los grupos de la izquierda "los numeritos que han montado" en señal de protesta, como taparse la boca con mordazas.

Dirigiéndose a los diputados del PSOE e IU, Escobar les ha recomendado "no gritar y debatir" porque "eso es lo que se debe hacer en democracia". El conservador ha rechazado las críticas generalizadas a la ley, que ha calificado de "vanguardista en materia de derechos y libertades" asegurando que, cuando entre en vigor, "las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos".

El portavoz del PP también ha afirmado que, lejos de cercenar derechos, mejora la ley vigente aprobada por el PSOE siendo ministro del Interior José Luis Corcuera y que fue denominada "ley de la patada en la puerta". Aquel artículo fue declarado inconstitucional y le costó el cargo al entonces ministro socialista.

El debate sobre las propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una exigencia de responsabilidades al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, por su actuación respecto al juez Pablo Ruz. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha pedido la cabeza de ambos tras acusarles de intentar quitarse de encima al juez que instruye los principales casos contra el PP: Gürtel, los papeles de Bárcenas y la presunta financiación irregular que se deriva de ellos.

"No les vale ningún juez. Lo que les vale es la impunidad", ha clamado Llamazares a la hora de defender que no se aparte a los jueces en pleno proceso de instrucción, cuando se da por hecho que Ruz sólo contará con una prórroga ya que la plaza que ocupa se sacará a concurso. El diputado, que ha confesado su impotencia ante la situación, ha calificado al CGPJ y a su permanente de "parlamento bis formado por numerarios y supernumerarios" y de "camarilla" dispuesta a favorecer los intereses del PP en deshacerse del magistrado. También les ha echado en cara que su comportamiento "echa por tierra sus promesas de luchar contra la corrupción".

Aunque la mayoría del grupo conservador ha tumbado la propuesta, otras formaciones han insistido en la necesidad de dar ejemplo y no apartar al juez. Rosa Díez, de UPyD, y Rosa Aguilar, del PSOE, también se han escandalizado por la actitud del PP y han subrayado que que va en contra de las exigencias de los ciudadanos de que la Justicia sea verdaderamente indpendiente.

"Justicia, politizada, corrupción asegurada", ha sentenciado Díez. "Es una decisión que en el PSOE no compartimos, la haya votado quien la haya votado", ha afirmado Aguilar, en referencia a que una de las vocales propuestas por los socialistas esté a favor de que se saque a concurso la plaza en la que Ruz sólo podría quedarse un trimestre más como juez de apoyo.

Pese a que las propuestas relativas a la continuidad de los jueces en los casos "complejos y de trascendencia pública" que tienen abiertos eran de corte general, Aguilar ha recordado la evidente relación con la situación de Ruz: "Aunque afecte a otros 40 jueces, lleva impreso el nombre de Ruz". La socialista ha tildado de "escándalo" que Lesmes "haya presionado" para dejar al juez "con fecha de caducidad y al borde del precipicio" por obligarle a solicitar una prórroga que puede ser contraproducente para el caso ya que se puede esgrimir como motivo de nulidad.

"Dicen a la ciudadanía que va a seguir haciendo lo mismo y no es verdad. ¿Por qué no han prorrogado seis meses la comisión de servicios?", ha preguntado Aguilar, antes de reclamar que Lesmes acuda al Congreso para dar explicaciones. Para ello, será necesario que el PP no lo vete, y así se ha anticipado a reclamarlo la diputada del grupo socialista.

La respuesta del PP ha consistido en acusar a la oposición de venir al Congreso "a hablar de su libro" y a mentir. El diputado Molinero también les ha reprochado de "acosar y derribar" a la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, y se ha permitido aconsejarles que no se dediquen "a manosear a los jueces".

La Abogacía del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia, tiene actualmente en nómina a al menos 102 personas como "parados voluntarios", esto es, bajo la llamada fórmula de la colaboración social, para hacer tareas propias de ordenanzas y auxiliares administrativos. Paradójicamente, con esta práctica el órgano encargado de la defensa jurídica del Estado incumple la ley al vulnerar una sentencia que el Tribunal Supremo dictó en marzo y que prohibió a las administraciones emplear a colaboradores sociales para cubrir tareas estructurales.

No es el único organismo del Ministerio de Justicia que incurre en esta práctica: durante 2014, los servicios centrales del Ministerio contaron con 22 'parados voluntarios' y el Centro de Estudios Jurídicos de Justicia, con ocho. En total, al menos 132 personas han realizado labores de colaboración social este año en departamentos del Ministerio que desde septiembre dirige Rafael Catalá y desempeñando tareas administrativas y de ordenanzas. Así se lo comunicó la exdirectora general de Función Pública y ahora secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortes, a los sindicatos en abril de este año.

En marzo, el Supremo dictó una sentencia en la que cambiaba su doctrina al respecto de la colaboración social: determinaba que las administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados en el tiempo. De no ser así, estas personas pueden ser consideradas trabajadores ordinarios y sus ceses, por tanto, pasarían a ser despidos improcedentes, tal y como ha sucedido ya en varias sentencias. Comisiones Obreras considera que el caso de los colaboradores sociales de los organismos del Ministerio de Justicia incumple de forma flagrante la norma y apoyará las denuncias de todas las personas que así lo decidan.

"Llevamos mucho tiempo denunciando esta situación. Ahora, entendemos además que se está incumpliendo la sentencia del Supremo. Las labores que desempeñan estas personas son estructurales, constantes. Llevan documentación, hacen gestiones de banco, tareas burocráticas y administrativas, papeleo...", señalan desde la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Justicia. Explican, además, que en abril mantuvieron una reunión con representantes de estos organismos en la que éstos se comprometieron a analizar la situación, pero no han recibido respuesta.

El uso de la colaboración social en Justicia viene de lejos. En un acta de reunión entre el Ministerio y las secciones sindicales que tuvo lugar en 2008, el segundo punto del orden del día eran precisamente los colaboradores sociales. Entonces, los sindicatos reclamaron que las plazas cubiertas mediante esa figura se convocaran como oferta pública de empleo y denunciaron que estos 'parados voluntarios' cubrían puestos estructurales. Aunque la subsecretaría de Justicia se comprometió a no autorizar ni renovar a ningún colaborador social desde marzo de ese año, su palabra no se cumplió: según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, en 2010 hubo 144 colaboradores sociales y 138 dos años después, en 2012.

El Ministerio prescindirá de 30 personas

Esta semana, entre 30 y 40 personas que desempeñan estos trabajos de colaboración social en organismos de Justicia han recibido una carta remitida por el ministerio en la que les comunican que desde el 31 de diciembre dejan de contar con su labor.

Es el caso de Cecilia (nombre ficticio), de 59 años, que fue llamada como 'parada voluntaria' a comienzos de 2013 para realizar labores de auxiliar administrativa en uno de los departamentos que la Abogacía tiene en cada Ministerio. "He sido una auxiliar administrativa más, he hecho informes, dictados con dictáfono... tengo testigos que pueden probarlo y estoy dispuesta a denunciar", dice. En su departamento, asegura, otra persona lleva seis años como colaboradora social desempeñando el mismo trabajo y, de momento, no ha recibido notificación de lo contrario. A cambio de su trabajo, la Abogacía complementa el subsidio que cobran (el de mayores de 55 años) hasta llegar a la base reguladora de la categoría laboral que les corresponde según las funciones que desempeñan. No cotizan, eso sí, como trabajadoras ordinarias.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tiene previsto reunirse con estas personas para valorar posibles denuncias por despido improcedente: con la nueva doctrina del Supremo en la mano reclamarían que su colaboración social era, en realidad, un puesto de trabajo ordinario y que su cese, por tanto, es en realidad un despido improcedente. "Es un incumplimiento claro de la sentencia del Supremo y nos vamos a poner a disposición de todos los afectados que quieran denunciar", dicen.

También en 2015

Los Presupuestos Generales para 2015 reflejan que tanto la Abogacía del Estado como el Centro de Estudios Jurídicos continuarán empleando colaboradores el año próximo. Las cifras en las que se desgrana el presupuesto que la Abogacía destinará a personal muestran que el coste laboral de 74 personas de la categoría profesional 4 (que corresponde a auxiliares administrativos) será un 23,36% menos de lo que lo correspondería: será de 11.097,03 euros anuales frente a los 14.478,80 que 'cuesta' un trabajador de esta categoría. Lo mismo sucede con las ocho personas que trabajarán en el Centro de Estudios Jurídicos: su coste será de 12.051,25 euros al año, cuando la media es de 15.506,12 euros, es decir, el Estado se ahorrará un 22,3% de media.

Ese 'ahorro' es el que demuestra que esas 82 personas serán parados que prestarán labores de colaboración social: cuestan menos porque la Administración solo completa el subsidio que esos trabajadores ya cobran y no les paga, por tanto, el sueldo completo y las cotizaciones pertinentes. Según la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, esa es la única explicación de este menor coste, ya que Justicia no cuenta con ningún programa para contrarar trabajadores eventuales y que, por tanto, cobraran menos sueldo.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia que, de momento, no ha dado su versión al respecto.

El sueldo de la presidenta y consejera delegada de Paradores de Turismo, Ángeles Alarcó, asciende a 173.183 euros brutos, según una escueta nota publicada este jueves por la empresa en su web, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. La retribución de la exmujer del exvicepresidente económico y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, está muy por debajo de las de ejecutivos de compañías comparables del sector privado, pero la coloca, por ahora, en el tercer puesto del ránking salarial de los presidentes de empresas estatales. 

Un Portal de Transparencia poco transparente. Es una de las conclusiones tras buscar la información sobre el coste económico del desarrollo y lanzamiento de esa web que el Gobierno ha vendido a bombo y platillo. Tampoco es posible encontrar datos sobre quién está detrás de la página, porque no ofrece un contacto al que poder hacer preguntas.

El Ministerio de la Presidencia asegura que el desarrollo de esa herramienta ha supuesto un gasto de 300.000 euros. Sin embargo, no hay rastro de los contratos que permitan saber cómo se han invertido. Fuentes de ese departamento explican que se trata de "contratos menores" -aquellos que cuestan menos de 18.000 euros- para prestar "asistencia técnica puntual".

Ese tipo de contratos no aparecen aún en el Portal de Transparencia porque se publicarán "trimestralmente" a partir de enero de 2015. Es decir, habrá que esperar al mes que viene para saber cómo se han gastado y a quién se ha pagado por el desarrollo de esa herramienta. Hasta ahora esos contratos inferiores a 18.000 euros eran opacos.

Según fuentes de Presidencia, en enero del próximo año se publicarán los correspondientes al último trimestre de 2014. Por tanto, si los acuerdos con los desarrolladores de la web de transparencia se firmaron en ese periodo, se podrán conocer junto a los demás contratos menores que la Administración General del Estado haya suscrito entre septiembre y diciembre.

¿En qué se gastan 1,4 millones de euros?

La única información que, por el momento, ha ofrecido el Gobierno sobre el coste económico se limita al montante total del desarrollo (300.000 euros) y a asegurar que no se ha realizado mediante empresas, sino con asistencias técnicas puntuales. El Ejecutivo presume de que así ha conseguido que el Portal cueste 10 veces menos de lo que hubiera supuesto que una empresa externa se encargara del desarrollo.

El único contrato existente sobre la página en el momento de su lanzamiento es el relativo al diseño de la campaña publicitaria que aparecerá en los medios a partir de enero. La empresa adjudicataria es la sociedad limitada Adsolut, que realizará ese trabajo por 36.000 euros. La plataforma de contrataciones del Estado permite conocer que, en total, recibió nueve ofertas para ese concurso, pero no da detalles sobre las que se descartaron.

También se desconoce actualmente cuál es la cuantía que el Gobierno destinará a publicitar en los medios esta página web, que hasta ahora ha triunfado por algunos datos estrella como los sueldos de los altos cargos, que dejan al presidente Rajoy en un segundo plano salarial al cobrar menos que muchos sus subalternos.

A partir de enero, el Gobierno venderá el nuevo Portal de Transparencia en distintos medios, pero a día de hoy no se sabe cuáles serán seleccionados para esa campaña de publicidad institucional ni la agencia de planificación seleccionada. También se desconoce cuánto se gastarán las arcas públicas en esa publicidad. Aunque el montante total presupuestado para esta herramienta de transparencia asciende a 1,4 millones de euros, de momento sólo se conoce el destino de 336.000 euros.

Sin contacto

Otro de los rincones opacos del portal es saber quién está detrás de él. Así, no existe un mecanismo de interlocución con los responsables de la web a través del que escribir o contactar para hacer consultas, preguntas o plantear dudas. A este respecto, el único dato que el Gobierno hizo público en una sesión informativa con periodistas fue que cada Ministerio tiene una "unidad de transparencia" que se encarga de tramitar las solicitudes ante los organismos correspondientes.

Los usuarios sólo podrán pedir información a través de una solicitud que algunas organizaciones especializadas en transparencia, como Access Info, han calificado como "obstáculo" al imponer la necesidad de tener DNI electrónico, un certificado digital o la petición de una clave por la vía telemática.

En el caso de que la respuesta no sea convincente, el solicitante tendrá recurrir al Consejo de la Transparencia. Este organismo tendrá que decidir si la Administración ha errado y debe dar los datos o, si por el contrario, no es necesario. Esta segunda opción se dará en aquellos supuestos que están establecidos como "límites" porque afectan a "una persona o el interés público". Así, no se aportará información que vulnere la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la política económica o monetaria, la propiedad intelectual, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, etc.

El PP cierra la puerta a nuevas propuestas para paliar el drama de los desahucios. Su intención, como ha avanzado el ministro de Economía Luis de Guindos en las últimas semanas, pasa por estirar las medidas ya puestas en marcha cuyo impacto, con los datos sobre la mesa, es cuanto menos discutible. Este mismo miércoles rechazaban en el Congreso la moción de la Izquierda Plural, consecuencia de una interpelación, en la que la coalición reclamaba al Gobierno que moviera ficha para reforzar la protección de las familias que pierden su vivienda. 

"No es justo que se diga que el Gobierno no está haciendo nada, porque desde el primer minuto ha sido el primero en tomar medidas a favor de los deudores hipotecarios al ser consciente de la gravedad del problema". El portavoz del PP, Ernesto Aguiar, se apresuró a recordar lo que sí ha hecho su partido para frenar el problema, aunque quizá el debate no está en el qué sino en el cómo. 

En noviembre de 2012 y a rebufo del movimiento antidesahucios, el Ejecutivo dio salida, vía decreto ley, a una serie de medidas de urgencia para "reforzar la protección a los deudores hipotecarios". Entre ellas estaba la moratoria de dos años para ejecutar el desalojo de las viviendas habituales, vendida como una de las políticas sociales estrella de una legislatura marcada por los recortes.

Unos meses más adelante, esta y otras nuevas soluciones, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias o la creación de un Fondo Social de Vivienda, quedaron plasmadas en una ley cuya efectividad ha sido muy cuestionada por parte de los movimientos sociales, por la oposición y hasta por el mismo partido que la puso en marcha. Y es que los datos aportados por el Ministerio de Economía dejan al descubierto los efectos ínfimos de las que fueron medidas estelares y ahora hacen aguas. 

Tanto es así que, más allá de una comunicación oficial de las cifras, el Gobierno ha preferido no publicitar esos números. Según la cartera dirigida por Luis de Guindos, 26.000 familias han podido acogerse a alguna de las ayudas hasta hoy. En concreto, 10.000 han logrado reestructurar su deuda, 3.000 han conseguido la dación en pago, 12.000 se han acogido a la moratoria de dos años y 1.465 han accedido a una vivienda del Fondo Social.

Falta de transparencia

Son datos que, aunque bienvenidos, contrastan con la dureza con la que el drama de los desahucios ha golpeado en los últimos años. Un impacto que, a pesar de su vigencia actual, todavía es difícil de contabilizar. Las cifras ofrecidas por varios organismos como el CGPJ, el Banco de España y ahora el INE, bailan en función de la vara de medir.

Además, el resultado de las políticas del Gobierno para frenar los desalojos es imposible de valorar porque ni ciudadanos ni tampoco expertos pueden acceder a esos datos. El Ministerio de Economía es reticente a mostrar la relación entre el número de personas que han solicitado adherirse a alguna de sus ayudas y las que lo han conseguido. Esta cartera únicamente ha informado a eldiario.es de que han recibido 3.250 solicitudes para acceder al Fondo Social de Vivienda. De ellas, se han aprobado el 45% porque, según Economía, "el resto no cumplen con los requisitos exigidos". 

Las exigencias sociales para poder adherirse a este alquiler reducido ya tuvieron que flexibilizarse el pasado mes de mayo. Aunque las económicas se han mantenido –tres veces el IPREM (unos 1.500 euros mensuales)–, el hostigamiento de las críticas obligó a la Comisión de Seguimiento y Coordinación del Fondo Social de Vivienda a dar entrada a unidades familiares con hijos menores de 18 años (hasta entonces era imprescindible que los menores tuvieran tres años o menos), personas en situación de dependencia o discapacidad (antes era necesario que fuera del 33% o superior), o personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que a través de un aval hayan asumido la deuda de sus hijos o nietos. 

Esta ampliación ha facilitado que el número de familias beneficiarias haya aumentado ligeramente. Un mes antes de que se hiciera efectiva, por ejemplo, solo 410 viviendas de las 6.000 que componen el Fondo Social habían sido entregadas. Un semestre después, ese número es más del triple. Sin embargo, miles de personas siguen sin encontrar en la administraciones soluciones efectivas a su situación y echan el pulso a una realidad que se vuelve en su contra con la única ayuda de las plataformas antidesahucios. 

El 3,5% de los desahuciados se acogieron a la moratoria

Desde enero de 2008 hasta junio de 2014 –la última actualización de datos– se contabilizaron en España 346.784 lanzamientos, según las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si la moratoria para aplazar los desahucios, una medida a la que pueden acogerse las personas desalojadas a partir del 1 de enero de 2008, ha permitido la suspensión de 12.000 de ellos, eso significa que los beneficiados representan apenas el 3,5% del número de familias expulsadas de sus viviendas en el periodo que abarca la ayuda.

Si hacemos el mismo cálculo con el porcentaje de personas con acceso a un alquiler reducido, las cifras no mejoran demasiado. Según los datos de Economía, solo el 1,4% de las familias desahuciadas en los meses que lleva en vigor la medida –desde enero de 2013– está viviendo hoy en una de estas casas. Los cálculos son aproximados, porque los datos no distinguen entre tipos de vivienda y no corresponden exactamente al mismo plazo temporal (el número de desahucios es hasta junio y la suma de beneficiarios llega hasta diciembre).

De momento, Luis de Guindos ha anunciado que la prórroga de la moratoria ya es efectiva hasta mayo de 2015 (dos años después de la entrada en vigor de la ley). Una vez que se cumpla ese plazo, todo son incertidumbres. Probablemente, y según se desprende de las palabras del ministro, se seguirá alargando. Mientras, al no haberse abordado la cuestión de la deuda con una ley de Segunda Oportunidad –una de las peticiones de la Izquierda Plural–, las cantidades que deben las familias al banco van engordando, lo que podría implicar, de cortarse en algún momento la moratoria, un aumento considerable de los lanzamientos hipotecarios que han ido quedando en la reserva.