El fiscal del Caso Nóos, Pedro Horrach, ha presentado hoy ante el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca su escrito con las peticiones de pena para catorce implicados en la trama y la petición de exculpación para la infanta Cristina de Borbón.
Para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el fiscal solicita una pena de 19 años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros. Para su socio, Diego Torres, Horrach rebaja la pena hasta los 16 años y medio de prisión.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno de Canarias para suspender de forma cautelar las prospecciones petrolíferas que Repsol inició el pasado 18 de noviembre frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. La resolución cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados que forman la Sala.
En un auto hecho público este martes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC argumenta que el riesgo para el medio ambiente y el turismo que el Gobierno canario expone "con insistencia" para fundar su solicitud "resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe".
Los cinco magistrados del TSJC que firman este fallo -el sexto juez aboga por conceder la suspensión- subrayan que, "a pesar de las críticas, el protocolo de seguridad que sigue la prospección de Repsol es el de la directiva del Consejo de la Unión Europea" sobre búsqueda de petróleo en alta mar, "que parte de las medidas exigidas en el mar de Noruega, siendo de las más avanzadas del mundo".
El TSJC examina en este recurso un litigio sobre el que ya se pronunció el Tribunal Supremo en junio, cuando desestimó los recursos presentados por el Gobierno canario, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y los ecologistas contra la decisión del Consejo de Ministros de reactivar las autorizaciones que Repsol había recibido en 2001 para buscar hidrocarburos en esa zona.
La diferencia estriba, como subraya la propia Sala, en que el Supremo dictó sus sentencias (siete, sobre otros tantos recursos) cuando aún no se conocía cuál era el parecer del Ministerio de Medio Ambiente, que luego emitió una declaración de impacto favorable.
El TSJC razona que, en esta fase, no puede entrar a valorar el fondo del asunto, sino determinar si existen indicios que permitan cimentar una medida cautelar como la que pide el Gobierno canario.
Su conclusión es que no es así: "Se aprecia", dice la Sala, "que el procedimiento seguido para la autorización ha sido conforme a derecho, dando cumplimiento a la legislación de aplicación".
Citando un auto anterior dictado por el Tribunal Supremo en esta misma controversia, el TSJC recuerda que, "siendo incuestionable el valor ecológico de las Islas Canarias y la relevancia del sector turístico pesquero y portuario para su desarrollo, no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, que requiere promover la investigación de yacimientos".
La Sala considera que el Gobierno canario no ha rebatido la probabilidad estimada por la declaración de impacto ambiental de que se produzca un derrame masivo de crudo por descontrol del pozo durante las prospecciones (0,00282; o lo que es lo mismo, 1 entre 354) y también que alega riesgos "hipotéticos" que parecen más orientados "a la explotación petrolífera continuada en Canarias que a un sondeo de duración limitada a un máximo de 180 días".
El TSJC examina también si procede conceder una medida cautelar por afección a zonas protegidas, para concluir que "las prospecciones están por ahora fuera de los lugares de la Red Natura 2000 y de los espacios protegidos a nivel estatal, autonómico, comunitario e internacional".
La Sala reconoce que existe "la iniciativa" de declarar un Lugar de Interés Comunitario en las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura, pero subraya que un mero proyecto no es "argumento de peso" para bloquear unas prospecciones y que estas podrían incluso ser autorizadas aunque estuvieran en un lugar protegido.
El magistrado que discrepa de esta decisión, Helmuth Moya Meyer, sostiene que el TSJC ha favorecido "resueltamente la posición de una de las partes", Repsol, al asegurarle "la satisfacción completa de su pretensión de culminar las prospecciones".
Este magistrado cuestiona abiertamente la declaración de impacto aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, opina que no se han valorado adecuadamente los riesgos y pide que se aclaren en qué se diferencian las medidas de seguridad que se aplican en Canarias de las que tenía la plataforma petrolífera Deep Blue, que provocó una "catástrofe ecológica descomunal" en el Golfo de México.
Moya Meyer admite que dentro de un lugar protegido puede darse un permiso de prospecciones, pero defiende que, tratándose de "un territorio insular que constituye casi en su totalidad una reserva de la biosfera", esa decisión debería haberla tomado el Consejo de Ministros, no "un subsecretario de Estado".
Este magistrado considera que tendría que haberse valorado "el peor escenario posible" y califica de "cándidas" las afirmaciones del Ministerio de Industria de que un potencial descubrimiento de crudo en esa zona disminuirían la importación de petróleo en España.
Además, entiende que paralizar temporalmente los sondeos no afecta al interés nacional, sino al interés de Repsol, "que tiene mucha prisa por consolidar su situación en la zona ante la inminente declaración de la misma como lugar de interés comunitario (...) y por colocarse en una posición óptima para hacerse acreedor de los derechos de explotación de los yacimientos".
El juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese de la actividad y la prohibición en todo el territorio nacional de la empresa Uber porque, dice, los conductores carecen de autorización administrativa para desarrollar su actividad y su labor implica "competencia desleal". De esta forma, el juez responde a la medida cautelar que solicitó la Asociación Madrileña del Taxi como paso previo a la denuncia contra la empresa.
En su resolución, el juez asegura que se trata de una decisión basada en la legalidad vigente, puesto que la Ley de Competencia Desleal señala que, cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal.
Y justifica que la decisión se tome sobre todo el territorio nacional porque Uber tiene "vocación transfronteriza" y voluntad "de ocupar de manera secuencial el mercado de transporte de viajeros sin reunir de momento los requisitos administrativos exigidos".
"Existen motivos que aconsejan que la adopción de las medidas se haga con la mayor brevedad posible, ya que existen indiciariamente conductas ilícitas que se agotan en sí mismas, como es el reiterado servicio de transporte de viajeros que se viene prestando desde hace semanas en Madrid y con anterioridad en otros puntos del territorio nacional, con la afección directa al servicio público impropio del taxi", determina la resolución, que considera que el sistema se sitúa "presuntamente en el margen de la legalidad".
La situación, añade el juez, se agrava porque la empresa desarrolla su actividad desde el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos, "y se presenta desde los notorios medios de comunicación con una deliberada vocación de opacidad, lo que podría suponer una facilidad para situarse al margen de las leyes españolas y europeas". Es también ese argumento el que emplea para justificar que la medida cautelar se haya tomado sin escuchar a la empresa.
Por todo ello, el magistrado prohíbe en toda España la actividad de Uber, bien desde su aplicación, bien desde su página web, así como cualquier otro soporte o sistema tecnológico o informático "para prestar el servicio de transporte de viajeros indicado".
Reclama, además, a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa Uber. El juez incluye una lista de empresas –entre las que se encuentran Movistar, Ono, Jazztel, Orange o Vodafone– a las que requiere para que suspendan "la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Uber".
Precisamente, Holanda prohibió este lunes Uber por considerar que prestar estos servicios es ilegal si no se tiene licencia. "Los conductores que prestan estos servicios de pago sin tener licencia violan la ley del taxi", aseguró la sala de apelaciones del Tribunal de Comercio de La Haya, que recordó además que estos servicios no están sujetos a las mismas inspecciones que los taxis profesionales.
Por este motivo, la corte ha reclamado a Uber que detenga la aplicación Uberpop, porque de lo contrario podría recibir multas de hasta 100.000 euros, y de 40.000 euros en el caso de los conductores.
La confluencia para las municipales de 2015 en Madrid ha entrado en un periodo de expectación a la espera de que Podemos acabe su proceso de extensión municipal el próximo 2 de enero. La candidatura Claro Que Podemos Madrid, que cuenta con el aval de Pablo Iglesias y del núcleo duro de la dirección del partido, quiere que esa convergencia arranque de cero en 2015 y exige que todos los miembros de la futura candidatura ciudadana, sean o no militantes, firmen el Documento Ético de Podemos.
"No se le puede pedir a Podemos que ahora entremos en unos platos precocinados", ha asegurado este martes Jesús Montero, miembro del Consejo Ciudadano estatal del partido de Pablo Iglesias y candidato a la Secretaría General de Madrid de Claro Que Podemos. Durante la presentación de la candidatura Claro Que Podemos Madrid, que él encabeza y en la que figura otra integrante del Consejo Ciudadano estatal, Rita Maestre, Montero ha explicado que, de ganar la elección interna, tienen la idea de arrancar de cero un nuevo proceso de convergencia. "Vamos a invitar a las experiencias vecinales y municipalistas a converger en una nueva posibilidad electoral para Madrid", ha asegurado, con el fin de "construir una candidatura de unidad popular y ciudadana".
Así, descartan integrarse en Ganemos y, en todo caso, les invitan a que se sumen a un nuevo proceso. Otras candidaturas a los órganos internos de Podemos en la capital sí apuestan claramente por la convergencia con esta iniciativa. Es el caso de Madrid Sí Puede, una lista encabezada por Alicia Muñoz y Jorge Aranda: "La apuesta de nuestra candidatura será confluir con Ganemos y llegar con ellos a los consensos necesarios para trabajar en este proyecto", señaló Aranda el pasado viernes durante la presentación.
En su propuesta político-organizativa se recogen las exigencias para que Podemos se integre “en cualquier candidatura electoral municipalista”. Además de las que ya figuran en las normas internas a nivel estatal, el sector de Montero propone otras cinco entre las que destacan dos. Primero, que “todos los miembros que formen parte de una candidatura en la que participe Podemos -pertenezcan o no al partido- deberán suscribir el Documento Ético de Podemos”, salvo en lo referente a las cuestiones internas. Segundo, que el nombre de la candidatura “deberá ser consensuado por todos los miembros y colectivos (…) no pudiendo ser un nombre ya existente”.
Ambas cuestiones chocan con el trabajo previo que ha desarrollado Ganemos Madrid desde el pasado mes de junio, hasta el punto de que el calendario que propone Claro Que Podemos Madrid no casa con el aprobado por la iniciativa municipalista en su última asamblea plenaria: Ganemos se da hasta finales de febrero para definir la candidatura y hasta mediados de marzo para elegir la lista, mientras Claro Que Podemos Madrid plantea cerrar su “formato, actores y características” el 31 de enero.
Montero ha asegurado que lo que plantean es “igualdad de condiciones para todos” y no tener que aceptar un trabajo previo, aunque en él hayan participado a título individual destacados miembros de Podemos como él mismo. Además, ha puesto en duda que la iniciativa municipalista sea la más adecuada para lograr la Alcaldía: “Ganemos no es una marca popular. Es conocido en el ámbito de los medios de comunicación y del activismo social y político”, ha zanjado.
Sobre el nombre de la futura candidatura, Montero ha considerado que “cuanta más diversidad de marca, mejor” y ha rechazado “la articulación estatal de plataformas políticas tendentes a federarse”.
Este planteamiento concuerda con el documento que aprobó el Consejo Ciudadano estatal el pasado 29 de noviembre, donde se exigía evitar "denominaciones comunes en amplios territorios". Es el caso de las candidaturas tipo Ganemos, que han surgido al calor de la iniciativa abanderada por Ada Colau en Barcelona y que han reproducido el nombre aunque entre ellas no haya relación orgánica.
Mientras Podemos define su estructura interna en Madrid, Ganemos aguarda y retrasa algunas decisiones que ya estaban sobre la mesa. El próximo 20 de diciembre se celebrará una nueva asamblea plenaria de la iniciativa municipalista. En ella estaba previsto que se aprobara el reglamento de primarias, la fórmula jurídica con la que concurrirá a las elecciones y el salto o no a las elecciones autonómicas. Finalmente, solo se verá la primera cuestión. Sobre las otras dos, en el plenario se planteará el debate, pero no se tomarán decisiones, tal y como confirmó un portavoz a eldiario.es el pasado viernes.
A pesar de que la jueza pedía los nombres de quienes autorizaron el uso de material antidisturbios durante la tragedia de Ceuta, la Guardia Civil ha evitado apuntar a los responsables. "No hubo una petición de autorización como tal", concluye el informe entregado al juzgado al que ha tenido acceso eldiario.es. Pero las órdenes existieron, los agentes presentes en el Tarajal las mencionan y los propios mandos las describen.
Según se desprende de las declaraciones de los agentes que participaron en el dispositivo, el mando más alto que emitió las directrices de lanzar pelotas de goma fue el teniente del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), jefe del grupo de antidisturbios durante el operativo del 6 febrero. Las órdenes afectaban, asegura, únicamente a la unidad que coordinaba. Se desconoce si recibieron una instrucción procedente de instancias superiores, dado que algunos agentes de otras unidades reconocen también haber lanzado pelotas de goma, aunque sin definir su origen. También lo hizo el capitán de la Compañía de Ceuta, aunque asegura que había escuchado "detonaciones" con antelación.
"Esto es un cuerpo militar; aquí hay órdenes, no 'peticiones de autorización", argumentan fuentes de la Guardia Civil consultadas por eldiario.es que prefieren mantener su anonimato. "Esto es un cuerpo jerarquizado y militar, nadie es capaz de mover un dedo sin que un superior se lo ordene. Por iniciativa propia nadie dispara material antidisturbios", explican en relación a la conclusión del informe del Instituto Armado.
En referencia a la respuesta de la investigación interna de la Guardia Civil que afirma que "no hubo autorización como tal" sobre el empleo de material antidisturbios el 6 de febrero, las mismas fuentes sostienen que "el concepto de 'autorización' o 'petición de autorización' está mal empleado", puesto que, reiteran, reciben órdenes. Y destacan: "Para tomar decisiones no acudimos al cargo más alto, cualquier mando superior puede dártela, pero tienen que darla. Otra cosa es que los agentes afectados hayan preferido no especificarla, recordemos que es un cuerpo estrictamente militar donde hay mucho miedo a las consecuencias de hablar de más o desobedecer".
La investigación interna de la Guardia Civil se contradice a sí misma. La Unidad de la Policía Judicial del Instituto Armado justifica una supuesta falta de "autorización" con el protocolo activado durante la mañana del 6 de febrero, la instrucción 15/2011 sobre 'Protección del Perímetro fronterizo Hispano-Marroquí', una circular que exige "someter a autorización o, en su caso, autorizar el empleo de medios antidisturbios". A su vez, son frecuentes las referencias a "órdenes", "instrucciones" e, incluso, peticiones de "permiso" para dejar de portar el arma adaptada para disparar pelotas de goma. Según la investigación interna, el coronel jefe de la Guardia Civil de Ceuta, quien no llegó al terreno hasta las 8:20 de la mañana aunque fue avisado a las 7:00 horas, no emitió ninguna orden sobre el uso de material antidisturbios, o al menos no es mencionada de forma expresa.
"Bajo órdenes del sargento jefe se indicaba que realizaran fuego, del mismo modo que ordenó que los que no tuvieran 'bocacha' [arma de material antidisturbios adaptada para el lanzamiento de pelotas de goma] se dirigieran a la línea de costa", dice un agente perteneciente al Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. El mando citado declara, a su vez, que "una vez in situ, y bajo las órdenes del teniente, transmitió la orden de tener la certeza absoluta de que los medios impactaran a distancia segura para evitar que dañasen a una persona". Según se desprende de su comparecencia, actuó como enlace de las órdenes del teniente del equipo, quien sí reconoce haber emitido "instrucciones al personal desplegado en la playa y al sargento jefe táctico del MIR –el sargento– sobre "el empleo del lanzamiento de medios".
La declaración del teniente jefe del grupo especializado en antidisturbios de la Guardia Civil (GRS) esquematiza sus labores de organización de las actuaciones de los agentes desplegados en el Tarajal el 6 de febrero. Una vez recibido el aviso de la localización de "un grupo numeroso de inmigrantes" en los montes de Marruecos cercanos a Ceuta, "ordena a los distintos miembros de su Unidad –GRS– el reagrupamiento de la misma en la explanada en la que se encuentra. El personal saca el material (antidisturbios) de los vehículos y los pone a disposición de poder utilizarlo", dice su declaración.
Como ya había desarrollado el Ministerio del Interior en su versión oficial, el grupo de inmigrantes sorprendió a la Guardia Civil. Estaban desplegados en la zona de la valla, pensando que iban a tratar de sortearla saltando o a través del paso fronterizo. Pero los subsaharianos siguieron hacia la playa, indican. Entonces, según los testimonios de los agentes, parece producirse una situación de descoordinación en el operativo.
El teniente intenta poner orden en su unidad. "Se centra en intentar reagrupar a los distintos componentes de su grupo por las distintas ternas (divisiones por equipos) que previamente tenían establecidas. Debido a los rápidos despliegues, la Unidad no permanecía unida y no se estaban desplegando de la forma coordinada que deberían", explica el jefe del GRS (antidisturbios).
Entonces, se desplaza al espigón fronterizo, en cuyos alrededores murieron 15 personas en su intento de bordearlo, y "le da las indicaciones que se deben seguir en el lanzamiento de los medios antidisturbios al personal que tenía desplegado en la playa y al sargento jefe del Módulo de Intervención Rápida [equipo de antidisturbios]", admite. En todo momento, para referirse a las órdenes sobre el uso de las pelotas de goma emplea las palabras "indicaciones" o "instrucciones" referidas al modo de lanzar pelotas de goma, no cita la propia decisión de emplearlas. Pero otros agentes de su unidad sí hablan de órdenes, aunque no le mencionen explícitamente a él o citen al sargento que, como éste reconoce, transmitía sus directrices.
"Las instrucciones hacían referencia a que la finalidad del lanzamiento era la de canalizar a los nadadores hacia la orilla, para facilitar la salida del agua y evitar el riesgo para su integridad, y a que se asegurasen de que los impactos de las pelotas fuesen al agua, sin dañar a ninguna persona y manteniendo, en lo posible, cierta distancia de seguridad de varios metros, así como que se intercalaran entre los disparos varias salvas de fogueo", detalla el teniente jefe del Grupo de Reserva y Seguridad.
A lo largo de su declaración, el teniente del GRS sí emplea la palabra "ordenar" cuando no se refiere al inicio del empleo del material antidisturbios. Cuando vuelve a la playa, "ordena a varios agentes que no portaban 'bocacha' que se quitaran el casco y realizaran indicaciones y gestos claros a los inmigrantes", apunta el informe de la Guardia Civil. En otro momento, el sargento jefe del GRS que difunde sus órdenes le pide permiso "para retirar varias 'bocachas' que estaban siendo utilizadas, ya que la situación estaba controlada]", añade el teniente, quien le responde "de forma positiva" y le indica que, "cuando las suelten, permanezcan intentando auxiliar y tratando de controlar a los inmigrantes".
Otro de los mandos que habla de "indicaciones" en vez de órdenes es el jefe de la Unidad de la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta, quien llegó a emplear un arma para mostrar a sus agentes cómo lanzar pelotas de goma. “Cuando llega a la zona de Alfa 1, observa que en el espigón se encuentran desplegados varios agentes y escucha detonaciones que proceden del referido espigón”, relata la transcripción de su declaración. El capitán cita en varias ocasiones que ya había escuchado disparos con antelación, dejando constancia de que lo hacían antes de efectuar su demostración práctica. Varios agentes de los GRS (procedentes de Sevilla) mencionan a los miembros de unidad territorial (la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta) como los primeros a los que vieron disparar pelotas de goma.
El jefe de estos explica que ya escuchaba detonaciones cuando un “número importante" de los inmigrantes estaba “agolpándose en la misma punta –del espigón fronterizo–, creando un embudo donde se puede ver cómo se empujan y apelotonan con la intención de pasarlo andando o a nado”. Entonces, el capitán relata que se dirigió al Tarajal y “pidió un fusil a un agente y varias pelotas, efectuando disparos al agua a distancia prudencial de los nadadores”, con la intención de que los agentes lo “imitaran”.
Una comisión "de entre siete y 10 personas" ejercerá las funciones del ex coordinador regional de IU de Madrid (IUCM), Eddy Sánchez, quien dimitió el lunes 1 de diciembre tras las primarias que sirvieron para elegir a los candidatos de la federación a la Comunidad de Madrid y los distintos ayuntamientos de la región.
Se impone así la tesis de la antigua mayoría, que salió derrotada del proceso de primarias que ganaron Tania Sánchez y Mauricio Valiente y cuyos representantes en la dirección propusieron su disolución para conformar otra que reflejara la nueva situación tras el proceso interno.
Según un comunicado de la organización, la comisión tendrá "carácter unitario". Su composición se cerrará el próximo 16 de diciembre, fecha en la que está prevista una reunión de la Presidencia Regional de IUCM.
Igualmente, se ha delegado en la coordinadora de Área Ínterna, Pepa Merín, el secretario de Organización, Carlos Paíno, y el coordinador de la Presidencia, Daniel Morcillo, representarán a IUCM en los órganos federales de IU.
La primera ocasión en la que ejercerán dicha representación será este mismo domingo, ante la Presidencia federal de IU. Entre los puntos del orden del día, además del reglamento de las primarias para las elecciones generales, se verá la resolución que exigió responsabilidades políticas a tres ex coordinadores regionales de la federación madrileña: los actuales portavoces municipal y autonómico, Ángel Pérez y Gregorio Gordo, y el número dos de Cayo Lara, Miguel Reneses.
La Generalitat Valenciana ha aprobado conceder una partida de 3.509.000 euros para realizar sus campañas de comunicación en en 2015, este montante supone un incremento del 81% de este gasto respecto al año anterior que fue de 1.936.161,64 euros, incremento que precisamente se produce en año electoral.
Dicho "contrato del servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación: campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación" ha sido publicado este miércoles en el DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) y se concede a Media Planing Levante SL, que era la empresa que ya estaba realizando esta función en la actualidad.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no va a retirar la legalización de las devoluciones en caliente en el perímetro de Ceuta y Melilla porque es "obligación" de España defender su frontera, en respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto.
Sixto quería saber si el Gobierno ha previsto retirar la legalización de las "devoluciones en caliente" ante las "durísimas críticas" tanto internacionales como nacionales, recordando entre otras las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, ACNUR, o la Abogacía Española, por ejemplo, que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho internacional de los Derechos Humanos.
Entre estas reacciones, se encuentra también la de la Iglesia, que ha exigido la "retirada inmediata" de esta regulación en un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su "enérgico rechazo" ante esta iniciativa porque, a su juicio, "pretende legitimar las expulsiones sumarias" en la frontera sur y "criminaliza la pobreza y la movilización social".
Se trata de disposición adicional introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que tras su aprobación en Comisión de Interior el pasado 25 de noviembre, será sometido al visto bueno del Congreso previsiblemente el jueves para su remisión al Senado, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
"Mi respuesta es que no la vamos a retirar y le digo más, ya que me cita tantas personas y tantas autoridades, el tratado de funcionamiento de la UE incluye a las políticas de control de fronteras, asilo e inmigración, y establece que se entenderán esas políticas sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los estados miembros, en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior", ha insistido el ministro.
Según ha recalcado, se trata de una competencia de los estados miembros, en este caso de España, y la desarrolla tanto la directiva de procedimientos de asilo de 2005 como la de refundición de 2013 que recuerdan expresamente esta obligación de los estados miembros.
"Le digo que España está defendiendo porque es su obligación y derecho su frontera exterior, la frontera de límite al territorio, que va ligado a la idea de soberanía. Espero que no me diga que España tienen que renunciar a la españolidad de Ceuta y Melilla", ha señalado.
El ministro del Interior ha recomendado a CiU que acuda a la consulta de un psiquiatra por interesarse por la existencia de una unidad secreta en la Policía destinada a investigar la corrupción de los dirigentes políticos catalanes. En una interpelación en el Congreso, Jorge Fernández Díaz, ha acusado a los nacionalistas catalanes de "paranoia" y ha negado la existencia de ese grupo. "No necesito de la Policía para saber lo que es Cataluña y a dónde la está llevando el independentismo", se ha justificado.
Eldiario.es ha publicado que un grupo de agentes destinados en la Unidad de Prevención Estratégica y Coordinación (UPEC) y en la Unidad de Asuntos Internos han recibido el encargo de buscar datos comprometedores de políticos implicados en el proceso soberanista. A esta especie de unidad correspondió la obtención de la información de los borradores sobre presuntas actividades delictivas de políticos catalanes publicados en la prensa desde finales de 2012.
Según fuentes policiales, una treintena de agentes de Asuntos Internos trabaja en Cataluña, a las órdenes de un inspector, fuera de las competencias que les asigna el reglamento interno de la Policía y sin control judicial. Las informaciones que obtienen sobre el terreno son trabajadas después por algunos de sus compañeros de la UPEC. Algunas, acaban en un juzgado, previamente 'blanqueadas' a través de la UDEF. Otras, sin embargo, son destinadas exclusivamente a los medios de comunicación, publicadas en fechas relevantes del proceso soberanista.
El ministro ha despreciado la información publicada por eldiario.es sobre el grupo de agentes destinado a investigar este tipo de delitos y ha asegurado que los diputados "no sabían de qué estaba hablando" Feliu-Joan Guillaumes, el diputado de CiU que le ha interpelado. Fernández Díaz ha asegurado que no puede "eliminar lo que no existe".
En su opinión, la exigencia de conocimientos específicos sobre delincuencia fiscal y el dominio de lenguas cooficiales como el catalán es sólo una cuestión de preparación que se exige a los agentes y ha presumido de transparencia por el hecho de que se especificasen los requisitos en la convocatoria: "Es un concurso público para una plaza y ahora resulta que es eso lo que les llama la atención y les sirve para tergiversar".
"Si existe esa unidad, demuéstremelo, pero demostrarlo es muy difícil. Estamos aquí para hablar de cosas serias", ha retado el ministro al diputado, antes de deducir que CiU está "en la obsesión y ven persecución incluso en sueños, pero eso es asunto de psquiatras". El nacionalista le ha respondido con la frase "que sea paranoico no quiere decir que no me persigan".
La información de eldiario.es incluía la reproducción de una oferta de trabajo para la Unidad de Asuntos Internos en la que se valoraba los conocimientos en blanqueo de capitales y delito fiscal, así como el conocimiento del catalán, entre otros idiomas.
Guillaumes ha apelado al resto de grupos de la Cámara para pedirles su apoyo y ponerlos de acuerdo en que este tipo de unidades "parecidas a la policía política" deben desaparecer y ha advertido de que estas actuaciones "acaban volviéndose en contra de quien las hace".
El ministro ha asegurado que está muy al día de la situación en Cataluña y que no necesita ninguna unidad especial "para saber lo que es Cataluña". Pero se ha negado a entrar en el fondo del asunto en cuanto a las informaciones publicadas que se han revelado falsas, como el caso de la inexistente cuenta en Suiza del alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
"Es una persecución ad hominem, prohibida por la ley y además no cogen delincuentes porque los informes acaban siendo inventados o sin firmar y acaban en nada", ha reprochado el diputado, que ha calificado de casualidad que el caso Pujol, "el único con base", no haya salido de ahí. "No se puede perseguir a gente por ideología", ha insistido antes de preguntarse si los próximos objetivos de la unidad serán líderes sociales como los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los médicos que practican abortos.
Guillaumes también ha lamentado que la Policía no hubiera dedicado sus esfuerzos a "pillar al aprendiz de Houdini que es el pequeño Nicolás antes de entrar en la recepción real posterior a la coronación. Si en vez de un reaccionario hubiera sido catalán y soberanista, lo hubieran pillado enseguida".
El despido de doce consejeros de los cuatro organismos reguladores que fagocitó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que echó a andar en octubre del año pasado y fue vendida por el Gobierno como un "ahorro de costes", ha costado a las arcas públicas 1.034.078,88 euros, según los datos de retribuciones de altos cargos que ha publicado este miércoles el organismo que preside José María Marín Quemada, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de transparencia.
De esa cifra, el 39,8% del total, 412.254,72 euros, se destinó a pagar las indemnizaciones de cuatro exconsejeros de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), incluyendo las del expresidente, Bernardo Lorenzo (que cobró 112.679,28 euros) y el expresidente, Marcel Coderch (107.184,48 euros).
Otros 253.942,2 euros, a 84.647,4 euros por cabeza, fueron para indemnizar a tres exconsejeros de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC): Julio Costas Comesaña, Luis Miguel Díez y María Jesús González López.
De la antigua Comisión Nacional de la Energía se recogen dos indemnizaciones: la del expresidente Alberto Lafuente (105.151,68 euros) y la de Joan Batalla, que antes de ser consejero fue jefe de Gabinete de la penúltima presidenta del organismo, María Teresa Costa, y cobró 93.777,6 euros de indemnización.
Las últimas cuentas anuales de la CNE ya recogían un ingreso por importe de 610.000 euros "al dar de baja la provisión que estaba constituida para 3 consejeros que cesan y renuncian a la compensación por realizar otra actividad remunerada y para los 2 consejeros de la CNE que son nombrados consejeros de la nueva entidad CNMC", los nacionalistas Idoia Zenarrutzabeitia (PNV) y José María Guinart (CiU).
El documento de la CNMC revela que la retribución de los nueve miembros del consejo de administración del organismo, trienios incluidos (en el caso de los cinco que además son funcionarios), asciende en total a 980.029,38 euros brutos anuales.
El presidente, José María Marín Quemada, cobra 118.880,86 euros brutos al año, de los que 110.978,98 corresponden a retribución y los 7.901,88 euros restantes, a sus trienios como funcionario. El resto de los vocales, incluyendo a la vicepresidenta, María Fernández Pérez, cobra 105.809,2 euros anuales, sin contar trienios.
Los cuatro directores de instrucción del organismo se repartieron, trienios incluidos, 407.173 euros. Su retribución anual es de 100.100 euros, muy por debajo de lo que cobran muchos de los directivos de las empresas a las que controlan. Por ejemplo, y según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en 2013 un alto directivo de una empresa del Ibex35 cobraba, de media, 786.000 euros al año.
Doce ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy han recibido autorización este año para trabajar en empresas privadas, un listado en el que figuran desde multinacionales hasta universidades, según consta en el Portal de la Transparencia abierto este miércoles por el Gobierno.
Entre ellos están los ex embajadores de España en Francia, Carlos Bastarreche, y Chile, Íñigo de Palacio. El primero ha fichado por Airbus tras recibir autorización en julio --dos meses después de su cese-- y el segundo por la multinacional española Indra, con una autorización emitida cuatro meses después de ser cesado en marzo.
Por su parte, el ex director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA) José Manuel García Sieiro, que dejó su puesto en noviembre de 2013, recibió autorización en julio para trabajar en la consultora Lapid, una empresa de la que es administrador único y que se dedica a la consultoría aeronáutica y aeroespacial.
El que fuera secretario general de Industria y Pymes, Luis Valero, cesado en enero, recibió tres meses después autorización para entrar en el consejo de administración de Enagas, mientras el exdirector de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Manuel Quintanar, fichó por la Liga de Fútbol Profesional como director de Integridad dos meses después de su cese.
Otros cuatro ex altos cargos han ingresado en despachos de abogados. Es el caso de la exdirectora de gabinete del ministro de Justicia, Cristina Coto, que trabaja en Albiñana Suárez de Lezo, así como de la ex delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León (Good Law Levante); la ex secretaria general del consejo de Adif, Rosa Sáenz Cerezo (Roca Junyent) y la ex consejera de la Comisión Nacional de la Energía Marina Serrano González (Pérez Llorca Abogados).
Por su parte, el ex director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, dirige un centro de estudios sociales y económicos en la Fundación Tomillo.
Por último, están vinculados a centros universitarios, la exconsejera de la CNMV Ana Isabel Fernández Álvarez (en CUNEF) y el ex director de Red.es Borja Adsuara, que tiene autorización para trabajar en el Centro Universitario Villanueva, la Universidad de La Rioja y la Universidad Tecnología y Arte Digital, además de en las empresas Guidance y Walnuters.
El Portal de la Transparencia también detalla que este año un total de 19 exaltos cargos han cobrado indemnizaciones por cese. Tres de ellos la han agotado este año, entre ellos el expresidente de la CNMV Julio Segura, nombrado por el PSOE en 2007, que ha recibido 236.779 euros en dos años. El exconsejero del Consejo de Seguridad Nuclear Antonio Colino Martínez -a propuesta del PP- recibió 149.945 euros y el ex secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Fernando Jiménez Latorre 12.622 euros por dos meses de indemnización.
Otros 16 reciben una indemnización mensual que oscila entre los 4.693 euros de los exconsejeros de la Comisión Nacional del Sector Postal y los 9.389 del expresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones Bernardo Lorenzo.
El Gobierno ha publicado el Portal de Transparencia un año después de la aprobación de la ley. Son más de 500.000 datos, algunos nuevos y otros ya publicados, que se centralizan en esta web. Más allá de la publicación de contenido relevante y de todo lo que se queda fuera, la página como herramienta ciudadana puede resultar una tortura para los usuarios a la hora buscar la información que sí está.
"Información descriptiva de la organización, estructura, normativa destacada y funciones de los Ministerios y órganos vinculados o dependientes". Esa es la descripción del primer menú que se ofrece bajo el epígrafe de "Institucional". A diferencia de otras páginas de transparencia en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, en la práctica la que hoy lanza el Gobierno de Mariano Rajoy hace a este portal un traslado del lenguaje técnico de la Administración y la estructura orgánica de las instituciones. En los países de referencia es posible acceder de manera más sencilla y por temáticas a la información que el ciudadano busca.
Los formatos en los que se han colgado esos "50 gigas de información", según el Ministerio de Presidencia encargado de su desarrollo, no siempre son reutilizables, es decir, no se pueden exportar para guardarlos en el ordenador y manejarlos para cruzar entre ellos o con otras bases de datos. Por ejemplo, las subvenciones a partidos políticos no están disponible en un formato compatible con Excel, sino que se limita a ser un listado. O más surrealista: las direcciones en el listado de bienes inmuebles propiedad del Estado están incompletas, con códigos que no especifican su origen (probablemente el Registro de la Propiedad) y no todas aparecen en una búsqueda sencilla en Google Maps.
Los organigramas de los ministerios están en formato PDF y no incluye los nombres de quienes ocupan los puestos que figuran en ellos. Para encontrar esa información es necesario ir al apartado de currículums de altos cargos. Como los organigramas están en documentos no reutilizables, es muy complicado cruzar ambos elementos para obtener información que vaya más allá del titular evidente.
La página permite nevegar por la información a través de tres pilares fundamentales: institucional -los datos relativos a los ministerios y su funcionamiento-, normativa -leyes en elaboración, en vigor y otra documentación legislativa- y económica -presupuestos, retribuciones, contratos, subvenciones, etc.-.
El buscador indexa la información que contiene las palabras escritas fuera de los documentos. Pero su uso resulta inútil en cuanto hay que buscar casi cualquier cosa concreta. Por ejemplo, al introducir "Ana Mato" (con comillas), la oferta de resultados incluye todos aquellos ítems que incluyen las palabras Ana y Mato; es decir, el portal de Transparencia no utiliza códigos de búsqueda básicos que se usan en los buscadores de Internet desde hace más de una década.
En el caso de que el usuario tenga problemas para localizar la información, no podrá localizar a ningún funcionario de la Administración para solicitar la información. La web no dispone de ningún apartado de contacto, como sí sucede en las páginas de referencia de otros países.
Uno de los objetivos fundamentales del portal es atender de manera ágil a las solicitudes de información pública que hagan los ciudadanos. El proceso habilitado en el Portal de Transparencia es, sin embargo, una calvario. Para pedir documentación es necesario rellenar un formulario en el que se exige la identificación a través del DNI.
Hay tres opciones para eso: tener un lector de DNI electrónico -algo poco común-, haber solicitado el certificado digital -es necesario hacerlo en una oficina de la Administración- o pedir una clave de identificación similar a la que se solicita para realizar la declaración del IRPF por Internet.
La identificación personal no es algo que se requiera en otros países de referencia y el Poder Judicial acaba de decir que por su parte no va a pedir a los ciudadanos que se identifiquen ni que motiven su solicitud, para proteger su privacidad y su identidad en caso de conflicto. El Gobierno, sin embargo, ha ideado una pasarela tecnológica que lleva al usuario del nuevo portal a otras páginas webs donde tienen que certificar su identidad. Si son ciudadanos con otra nacionalidad que no sea la española, la cosa se complica más: el listado de países 'disponibles' es muy corto y en ocasiones el proceso muere en las webs oficiales de otros gobiernos.
Habrá que esperar al menos 30 días -el plazo marcado para que el Estado responda a la solicitud de información- para saber si es posible contestar a la "unidad de transparencia" que ha trasladado la información pedida. En principio, si el ciudadano no queda satisfecho con la respuesta, podrá presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia, que dilucidará si tiene o no razón, e incluso acudir a la vía contencioso-administrativa para que sea un juez el que resuelva.
Más detalles técnicos. Al solicitar acceso a determinada información, los navegadores avisan de que puede no ser una conexión segura. Sí lo es, solo que el mecanismo que esta web está utilizando para ser más segura no es de los más comunes de Internet y que sí usan las webs más importantes.
Algunos elementos de diseño, como la hoja de estilos o el icono que sale en la barra de navegación cargan desde un servidor diferente, registrado por Ministerio de Administraciones Públicas y alojado en un servidor de BT. Por esto a veces se “rompe” la página, además de por los problemas de conexión derivados de la afluencia concurrente de visitantes.
La traducción es incompleta. Por ejemplo en esta página se ve cómo solo cambia el menú al catalán, pero el contenido se mantiene en castellano. Lo mismo pasa en inglés.
La Audiencia Provincial de Palma ha rechazado este miércoles el recurso presentado por la defensa de Jaume Matas contra la decisión del juez de Vigilancia de Penitenciaria de Valladolid que anuló la concesión del tercer grado por Instituciones Penitenciarias. Este fallo implica que Matas vuelve a estar clasificado en segundo grado y, por tanto, no tiene acceso al régimen de semilibertad.
Los jueces que condenaron a Matas destacan ahora que el interno no ha participado en ningún programa de rehabilitación de su conducta delictiva. El exministro solo ha tenido como actividades la limpieza de su celda y la práctica de deporte. "Resultaría hilarante considerar 'tratamiento' el apuntarse a un campeonato de frontenis", consignan los magistrados en su auto.
Los jueces de Palma enmiendan al Ministerio del Interior en su resolución razonada. Le reprochan que no haya tenido en cuenta los numerosos procesos en los que está inmerso Matas a la hora de seguir un "tratamiento penitenciario". El interno no ha seguido "un programa individual que se debió realizar y que incomprensiblemente nunca se realizó".
A partir de esta decisión, Matas pasará las 24 horas del día en la cárcel, clasificado en segundo grado. Desde que Prisiones le concedió el tercer grado, el exministro solo acudía a dormir. El juez de Vigilancia Penitenciaria corrigió la decisión de Interior, pero Matas recurrió. La decisión de la Audiencia de Palma conlleva el reingreso a tiempo completo en la cárcel.
En contra de los argumentos presentados por su defensa, la Audiencia Provincial asegura que el hecho de que Matas acudiera voluntariamente a la cárcel "no significa ausencia de responsabilidad sino la aceptación de su inexorable destino, evitando su detención y conducción al centro por la fuerza pública".
Las declaraciones públicas de Matas no apuntan a un reconocimiento del delito, según añaden los magistrados de la Sección Primera. El exministro "verbaliza y publicita con ostentación el repudio al castigo penal", lo que va en contra del comportamiento, añaden, de una persona "reinsertada o reeducada". "No creemos que limpiar la celda (una obligación de todos los internos), salir al polideportivo (pese a tener problemas de salud) y apuntarse a un campeonato de frontenis pueda considerarse tratamiento que modifique la perspectiva criminológica de Jaume Matas", continúan.
Sobre el apoyo familiar a Matas, la Audiencia indica que no tiene duda de ello, pero recuerda que su mujer y cuñados están imputados en causas similares a las que le han costado a Matas los nueve meses de condena. Y prosiguen enmendando a Interior: "Ignoramos de dónde obtiene el subdirector [de la cárcel de Segovia] la información de que el interno tiene una actividad laboral en el exterior". Según los jueces, en el expediente que ellos manejan no aparece dicha información. El alta en el Régimen de Autónomos no es información "objetiva", dicen.
El PP ha vuelto a dar largas este martes en el Congreso a nuevas soluciones para el drama en el que se encuentran miles de familias por no haber podido afrontar el pago de sus hipotecas. Los conservadores han rechazado en el pleno del Congreso la moción de la Izquierda Plural, consecuencia de una interpelación, defendida por el diputado de ICV, Joan Coscubiela, en la que se pide al Gobierno nuevas medidas para reforzar la protección de los desahuciados.
Entre las medidas, el grupo de la Izquierda Plural solicitaba la inmediata aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad para "evitar la muerte civil" de las familias que han perdido su vivienda, con la idea de que puedan acceder a un alquiler social. Todos los grupos de la oposición han apoyado la iniciativa y han acusado al Gobierno de "estar perdiendo el tiempo" mientras mucha gente sigue en la calle o está a punto de ser víctima de un desahucio.
En su intervención, Coscubiela ha apremiado al Gobierno a que se expropien, al menos de forma temporal, las viviendas que los bancos se han quedado después de un proceso de desahucio para que sus propietarios puedan acceder a ellas con alquileres sociales. Según ha explicado Coscubiela, ésta sería una medida transitoria, al menos hasta que se apruebe la ley de la Segunda Oportunidad a la que hace tiempo se refirió el PP.
La moción debatida hoy -que será votada este jueves- es consecuencia de la interpelación urgente que el propio Coscubiela planteó el pasado 26 de noviembre al ministro de Economía, Luís de Guindos, al que ya entonces reprochó el escaso impacto que han tenido las medidas tomadas por el Gobierno para paliar este drama social. En aquel debate, De Guindos se comprometió a prorrogar la moratoria de dos años de los lanzamientos hipotecarios cuando venza en marzo de 2015.
Días antes, en el Senado, el titular de Economía también se comprometió a extender la prórroga del Fondo Social de Vivienda (FSV) durante otro año más, a partir del próximo 1 de enero, para cubrir situaciones excepcionales.
Para Coscubiela no bastan con estas promesas: urge que la prórroga de la moratoria entre en vigor ya. Y también que el Gobierno apruebe cuanto antes esa ley de Segunda Oportunidad para que los afectados por los desahucios "puedan reestructurar sus deudas igual que lo hacen las sociedades mercantiles" .
"Tienen que evitar la muerte civil de estas personas para que no arrastren la deuda de por vida porque eso es una barbaridad". "Es un clamor generalizado no solo de este Congreso sino también de los jueces decanos, que han señalado este problema como una prioridad legislativa", ha dicho el diputado de ICV para lamentar a continuación que el Gobierno sigan haciendo "oídos sordos" a las demandas de la oposición.
"Si no comen, al menos dejen comer y no bloqueen las propuestas de los demás si no saben resolver ustedes los problemas de la gente". "Espero que esta vez sean sensibles y no vengan anunciado planes a las familias mientras las disparan con una ametralladora. Tanto fariseísmos es insoportable", ha concluído Coscubiela.
Los demás portavoces de los grupos han mostrado su apoyo rotundo a la moción de la Izquierda Plural. Todos han reprochado al Gobierno su falta "voluntad política" para afrontar con "valentía" el drama de las familias desahuciadas. El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, y la diputada de CiU, Lourdes Ciuró, han defendido sendas enmiedas al texto de la moción para "mejorarla". La portavoz del PSOE, Leire Iglesias; el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, y el representante del Grupo Mixto, Pedro Quevedo, han coincidido en que el Gobierno es "muy tozudo" al no ver la realidad ni el aumento de la pobreza que hay en nuestro país mientras pinta un futuro "idílico".
En su turno, el portavoz del PP, Ernesto Aguiar, se ha mostrado sorprendido y molesto por las acusaciones de Coscubiela y de los demás portavoces. Aguiar ha llegado a acusar a Coscubiela de estar "utilizando el dolor ajeno para intentar obtener rédito politico". "No es justo que se diga que el Gobierno no está haciendo nada, porque "desde el primer minuto" ha sido "el primero en tomar medidas a favor de los deudores hipotecarios al ser consciente de la gravedad del problema". "Pero parece que ustedes sufren de amnesia", ha lamentado el diputado del PP.
Aguiar ha vuelto a recordar "la herencia recibida" y ha afirmado en que una de las medidas impulsadas por el PP ha ido encaminada a "evitar las malas prácticas del pasado" que dieron lugar a esas hipotecas con cláusulas abusivas "para que no se repitan el futuro". El conservador ha insistido en ligar la superación de este drama social al hecho de que ya se está notanto "la recuperación económica y la creación de empleo".
El portavoz del PP ha finalizado su intervención sin nuevos anuncios ni compromisos y advirtiendo de que "no vamos a apoyar la mocion porque hemos aprobados medidas muy positivas aunque usted, señor Coscubiela, injustamente no las quiera ver".
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha advertido a España de que legalizar las devoluciones de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohibe expresamente las expulsiones colectivas. "España no puede legalizar lo que es ilegal", asegura.
En un artículo publicado en el Huffington Post recogido por Europa Press, Muiznieks incide en que esta propuesta, introducida en forma de disposición adicional en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana "es injusta e ilegal según el derecho internacional" y "mermaría inevitablemente protecciones fundamentales de los derechos humanos por las que la comunidad internacional ha luchado arduamente desde la Segunda Guerra Mundial".
"Las normas internacionales no ponen en tela de juicio el derecho de los Estados a establecer sus propias políticas de inmigración. Sin embargo, incluso en los casos en que la gestión de los flujos migratorios plantea retos específicos, los Estados no pueden recurrir a prácticas incompatibles con sus obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951", expone la máxima autoridad europea en la materia.
Según explica, "el recurso a este tipo de devolución en caliente hace imposible evaluar las necesidades de protección" de estas personas e "impiden que los migrantes se beneficien de otras garantías legales firmemente establecidas en el derecho internacional, en particular el derecho a solicitar y a disfrutar del asilo, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura".
"La situación de los que hoy tratan de llegar a Europa no difiere de la de los que huyeron de la guerra, la persecución, la tortura o la pobreza en el pasado. Desde 2013, cuando el número de personas que llegaban de forma irregular a Ceuta y Melilla comenzó a aumentar, la proporción de aquellos que venían de países devastados por la guerra, la violencia y la persecución, incluidos Siria, la República Centroafricana y Malí, también ha aumentado", señala Muiznieks.
Conforme recuerda, en lo que va de año, han entrado cerca de 5.000 personas, incluidas unas 2.000 que huían del conflicto en Siria (de los cuales un 70% son mujeres y niños). "España tiene la obligación legal de evaluar su situación de manera adecuada y de otorgar protección a quienes la necesiten. El rechazo sumario en frontera, ya sea de un individuo o de un grupo, es incompatible con dicha obligación", asegura.
La apertura del Portal de Transparencia durante la mañana del miércoles ha permitido conocer los sueldos de los cargos públicos del Estado, incluidos aquellos adscritos a empresas de titularidad pública. Entre los diez que más cobran suman 1.441.745,99 euros por año, una media de 144.174 euros.
El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, es el cargo de designación pública que más cobra de todo el organigrama. Su salario asciende a 210.000 euros brutos al año, una cantidad que supera con creces la que recibe el presidente del Gobierno (78.185 euros brutos al año).
El siguiente en la lista también pertenece a la sociedad pública que preside Aguirre. Se trata de su vicepresidente, Federico Ferrer. Su salario varía muy poco con respecto al de su superior, y asciende hasta un total de 204.452 euros. Al mes ambos rondan los 15.000 euros brutos.
El tercero en la lista de los mejor pagados de la Administración Pública se encuentra en el Ministerio de Defensa. Se trata del representante militar ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea, el teniente general Ángel Mazo Dapena. Su salario asciende a 181.770 euros brutos al año. El antiguo jefe de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ejército del Aire fue nombrado para este cargo por el actual Gobierno en agosto de 2012.
Otras dos presidentes de entidades públicas ocupan el cuarto y quinto puesto. Se trata del presidente de RENFE, Pablo Vázquez Vega, y el presidente de ADIF, Gonzalo Ferre, respectivamente. El primero se embolsa al año 159.929 euros brutos, mientras que su homólogo en la empresa de administración de infraestructuras ferroviarias rebaja ese salario en apenas 1.000 euros, quedándose en 158.754 euros.
Jaime Sánchez Revenga percibe un salario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 141.705 euros brutos al año como director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Revenga ya era parte de este Ministerio, en el que ocupó los cargos de interventor general de la Seguridad Social y director general de Presupuestos, hasta su nombramiento en 2012 para este cargo.
En el Ministerio de Cultura también hay grandes beneficiados por los altos sueldos de la Administración. En este caso se trata del director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, cuyo salario asciende a 133.097 euros al año. Zugaza ejerce este cargo de responsabilidad desde 2002, cuando fue nombrado por el Gobierno de Aznar. El museo acumuló en 2013 pérdidas por valor de 6,09 millones de euros.
Teresa Pedrosa Silva es la delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, cargo por el que cobra 132.036 euros al año. Entre sus funciones está presidir el Comité Ejecutivo de dicho consorcio, cuyo objetivo "no es otro que fomentar la innovación y el tejido productivo de Vigo y su área de influencia", como declara Pedrosa en la carta de presentación de su página web.
La secretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela, ocupa el noveno puesto en esta lista de los mejores pagados. Su cargo le reporta al año 125.377 euros brutos, casi 9.000 euros al mes.
Por último cierra esta lista el director del organismo Consorcio Valencia 2007, Pablo Landecho. Landecho, que antes había sido jefe de Gabinete de Francisco Camps durante su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana, percibe por este puesto 120.000 euros brutos al año. El Consorcio Valencia 2007 arrastra una deuda que en 2013 se acercaba a los 400 millones de euros, según apunta El País.
Algunos altos cargos, como por ejemplo la presidenta de la CNMV, no aparecen en esta lista, porque, a pesar de que son nombrados por el Gobierno, no dependen jerárquicamente de un Ministerio.
Las fundaciones que dependen del PP cobran diez veces más en ayudas y subvenciones que las socialistas, según se desprende de los datos recogidos en el portal de transparencia que acaba de estrenar el Gobierno. Las primeras han recibido durante este año en torno a los 6,5 millones de euros, mientras que Ideas, vinculada al PSOE, se ha quedado en poco más de 650.000 euros.
La que preside José María Aznar, FAES, obtuvo por esta vía en 2014 unos ingresos de 1.320.000 euros, gracias a tres organismos diferentes. Son las ayudas que conceden la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, las de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y las del Ministerio de Educación. Las dos primeras dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y suman 562.547 euros, mientras que la tercera, la más cuantiosa, alcanza los 758.081.
Además de FAES, en la órbita del PP se encuentran otras dos fundaciones: Humanismo y Democracia y la Fundación Mujeres en Igualdad. La primera recaudó cinco millones a través de las ayudas de Exteriores, destinadas a cooperación al desarrollo y para la organización de congresos y seminarios. La segunda, 75.000 euros entre las subvenciones de Exteriores y las que concede el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
La proporción es de diez a uno si se comparan las que están en la órbita de los conservadores con las del PSOE. Entre estas últimas, la principal es la Fundación Pablo Iglesias y la única que aparece en la relación del portal. Los 656.000 euros recibidos este año han provenido tanto de Exteriores como de Educación.
La vinculada a Izquierda Unida, la Fundación por la Europa de los Ciudadanos, es la que menos fondos obtuvo ya que consiguió ayudas por valor de 103.445 euros gracias a las subvenciones de Exteriores y del ministerio de José Ignacio Wert.
La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, ha defendido la financiación que la Unión Europea aportó al Ayuntamiento de Melilla para construir un campo de golf junto a la valla que separa África de territorio comunitario. "La política regional de la UE apoya las inversiones destinadas a impulsar el crecimiento y el empleo y considera que las infraestructuras deportivas públicas mejoran la vida de los ciudadanos en la UE", ha respondido Cretu a una pregunta formulada por la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
La impactante fotografía de José Palazón puso el foco en este césped de nueve hoyos cuya construcción fue financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que tienen como objetivo, según explican sus requisitos, "corregir los principales desequilibrios económicos" (entre los que se incluye el fomento del deporte). La contribución total europea alcanzó los 1,4 millones de euros, según Cretu.
"Se trata de una infraestructura pública que es propiedad de la ciudad de Melilla, cuyo deseo es promover las actividades deportivas entre sus ciudadanos", ha explicado la comisaria europea. "Dado que el campo de golf se ha construido sobre un vertedero 'no oficial' también ha contribuido a mejorar la gestión de los residuos urbanos", asegura Corina Cretu en repuesta a Marina Albiol, que preguntaba si la Comisión consideraba que "un campo de golf de lujo" cumplía el fin de "corregir desequilibrios".
Sobre la gestión que el Ayuntamiento de Melilla está llevando a cabo sobre el campo de golf, la Comisión Europea afirma que "La responsabilidad de seleccionar, gestionar y poner en práctica los proyectos de un programa recae exclusivamente sobre los Estados miembros y las autoridades de gestión designadas". En este sentido, recuerda que "en todo momento deben observar plenamente la legislación nacional y de la UE aplicable".
Tras la recepción de la respuesta de la Comisión Europea, Marina Albiol ha cirticado la justificación esbozada por la institución que ha financiado el campo. "La desfachatez llega a su máximo esplendor cuando desde la comisión europea intentan justificar que se destinen estos fondos europeos a un campo de golf diciendo que es para fomentar el deporte y el empleo. Realmente parece que se esté burlando de nuestra inteligencia", ha declarado la eurodiputada. "Que se dediquen 1,4 millones de euros de dinero público, del Fondo de Desarrollo Regional para un campo de golf es una buena muestra de cuáles son las prioridades de la Unión Europea. Y resulta especialmente simbólico cuando este campo de golf está situado al lado de la valla de Melilla donde se observa el drama cada día", añade.
El campo de golf levantado frente a la valla de Melilla es una instalación municipal gestionada por un club privado presidido por Enrique Bohórquez, que a su vez es el editor de uno de los principales periódicos de la ciudad autónoma: Melilla Hoy, un diario que recibe un volumen importante de subvenciones públicas.
Bohórquez fundó el Club Campo de Golf Ciudad de Melilla junto con dos personas muy cercanas al Gobierno de Juan José Imbroda: el viceconsejero de Turismo de la ciudad autónoma, Javier Mateo, y el presidente de la Fundación Melilla Monumental –que canaliza toda la gestión para la candidatura local como Ciudad Patrimonio de la Humanidad–, José Vallés. La empresa se creó en 2010, poco después de la inauguración de las instalaciones que le dan nombre. En 2009, el campo municipal era gestionado por la Fundación de golf de Melilla. Tras la creación del club, cambió de manos. Desde entonces, el Consistorio ha pagado cerca de cinco millones de euros públicos, como publicó eldiario.es.
A partir de la concesión, según aparece reflejado en el Boletín Oficial de Melilla (BOME), el Club Campo de Golf Ciudad de Melilla comenzó a embolsarse cerca de 220.000 euros anuales "para sufragar los gastos ocasionados por el desarrollo de la actividad deportiva vinculada a la gestión" del centro deportivo. Además, según denuncia el Partido Socialista de la ciudad autónoma, la partida de los presupuestos municipales destinada al mantenimiento del campo de golf gira en torno a los 400.000 euros.
Han pasado décadas para conocer cuántos bienes inmuebles tiene el Estado. Son 12.039, según figura en el listado que ha hecho público el Gobierno a través del Portal de la Transparencia. En ese inventario sólo figuran las de la Administración General, es decir, los ministerios. Se trata de miles de edificios, solares y parcelas rústicas que están distribuidas por toda España.
