El presidente y el secretario del comité nacional de derechos y garantías por razones de urgencia y en base al articulo 18.7 de los estatus del partido han acordado la suspensión provisional de militancia del alcalde de Granada, José Torres Hurtado y la concejal de urbanismo, Isabel Nieto, detenidos este miércoles en una operación policial contra la corrupción urbanistica. En la primera reunión de ese órgano se ratificara dicha suspensión, se abrirá el correspondiente expediente y se nombrará instructor, ha informado el PP en un comunicado.

El alcalde ha sido detenido este miercoles en el marco de una operación contra la corrupción urbanística vinculada a la causa del centro comercial Serrallo-Plaza. El primer edil ha estado acompañado por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en su propio domicilio y en el Ayuntamiento antes de ser trasladado, sobre las 13.00 horas, a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, de donde ya salió en libertad con cargos. La concejal Isabel Nieto, también interrogada y detenida, declaró por este asunto el pasado 10 de diciembre en el juzgado.

Torres Hurtado es el máximo dirigente de la capital granadina desde que en 2003 lograse ganar las elecciones por mayoría absoluta, hito que repetiría en los dos comicios siguientes en 2007 y 2011. Ya en 2015 tuvo que verse forzado a pactar con Ciudadanos para mantener su puesto como alcalde.

Alberto Paz pasó quince años como marinero en Noruega. Comenzó como aprendiz y recorrió todos los escalafones posibles. De allí dio el salto a Dinamarca, donde siguió ejerciendo su profesión. Hoy, con 62 años y asentado en Galicia, Alberto cobra una pensión danesa, pero no noruega. Es uno de los 12.000 marineros que trabajaron en Noruega y a los que el país nórdico niega la pensión: alega que al encontrarse en alta mar no vivían realmente en Noruega. Los afectados, agrupados en la asociación Long Hope, tienen una causa judicial abierta en Noruega y han acudido al Consejo de Europa y la OIT. Y denuncian que España podría poner más de su parte para solucionar el conflicto.

"Hemos financiado carreteras, educación, sanidad, pensiones en Noruega pero no hemos recibido nada a cambio", dice indignado Alberto Paz, portavoz de la asociación. Su pensión danesa le permite vivir desahogado, pero no es el caso de muchos afectados. "Hay gente que vino a España y trabajó unos años en algún barco, en bajura o en agricultura, lo justo para generar una pensión mínima. Hay gente que solo cobra 600 euros o incluso una pensión no contributiva", explica Alberto.

Estos marinos (alrededor de 10.000) emigraron a Noruega a partir de los años cincuenta. Sus contratos con las navieras implicaban cotizaciones de hasta el 45 o el 50% de su salario más el pago de impuestos, aseguran. Sin embargo, no fue hasta 1994 que los gobiernos español y noruego firmaron un convenio bilateral para reconocer a los trabajadores y regular el pago de cotizaciones sociales y pensiones. Hasta esa fecha, estos trabajadores pagaban sus cotizaciones, pero sus empresas no tenían la obligación de desembolsar su parte. Ese es otro de los argumentos que usa el país nórdico para justificar el impago de sus pensiones.

El caso de Manuel Ramamallo es de los más llamativos. Tras 25 años trabajando en Noruega, le deben todos los años que cotizó para el país nórdico. "Mi situación es triste porque la única pensión que estoy recibiendo es la mínima de los años que estuve trabajando antes en España". Además, se queja de que "tengo una familia y cobro una pensión mínima, nos duele que hayamos trabajado tanto tiempo casi para nada". Ante esta situación, a la que apunta como responsable tanto al Gobierno de España "que se preocupa muy poco y debería hacer mucho más" como al sistema noruego por "no comprender nuestra situación", Ramamallo muestra su resignación: "Somos muy mayores, los años pasan y si no hacen algo ya cuando pasemos al otro lado el dinero no nos servirá de nada".

Juana García Miniño es de las que ha vivido todas las caras de la situación por las cotizaciones a Noruega. Tras 32 años en el país nórdico, sus contribuciones al estado de bienestar noruego solo empezaron a contar desde 1994, cuando Noruega y España firmaron el convenio bilateral. En 2009 volvió a España a retirarse aunque como el resto de compañeros de Long Hope sigue peleando por todos los años que cotizó. Juana, que al menos recibe la pensión por los 17 años que tuvo su situación regularizada, cuenta que "tengo una hija y nietos viviendo en casa, pero por suerte son independientes aunque nunca se sabe".

Los efectos de este conflicto van más allá: hay esposas e hijos de afectados que se han quedado sin pensiones de viudedad u orfandad. A otros la Seguridad Social les ha reclamado el pago de tratamientos médicos porque no figuraban como cotizantes.

Discriminación por razón de nacionalidad

La asociación ha llevado el conflicto a las instituciones. Por un lado, tienen abierta una demanda laboral en los tribunales noruegos que están dispuestos a llevar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por otro, su caso ha llegado a varias veces a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Los marineros defienden que se trata de un caso de discriminación por razón de nacionalidad, tal y como lo contempla la Carta Social Europea, y han conseguido el apoyo del mayor sindicato noruego.

Long Hope no está conforme ni con la actuación de Bruselas ni con la de España. "La Comisión Europea tiene herramientas suficientes para solucionar este problema", asegura Alberto Paz. En cuanto a España, la asociación se ha reunido en varias ocasiones tanto con el Gobierno como con los grupos parlamentarios, la última este martes, con Ciudadanos, Podemos y el PSOE. "Pedimos que España interponga una demanda interestatal contra Noruega en el Consejo de Europa", dice Paz. Este mecanismo, sin embargo, se ha usado solo en casos excepcionales y España ha rehusado utilizarlo en este conflicto.

Francisco Insúa es otro de los gallegos que partió a Noruega para trabajar en altamar. Durante 17 años ejerció su profesión hasta que puso punto y final a su labor con la jubilación con la intención de descansar. Sin embargo, no ha podido retirarse como es debido a la lucha que mantiene para recibir la pensión que durante esos 17 años pagó al sistema noruego. Insúa es de los pocos que se ha atrevido a realizar un cálculo de la cantidad que le adeudan y que ha cifrado en unos 30.000 euros. "Se me debe todo este dinero que coticé legalmente y todavía no se me ha devuelto". Además, cuenta que tiene una familia a la que ayudar a mantenerse "sin un dinero que me pertenece". Este marinero retirado lo tiene claro: se siente "fastidiado y sobre todo robado".

A Francisco Puentedura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, parece no pillarle de nuevas la operación policial que podría acabar con Torres Hurtado como alcalde porque, recuerda, su grupo lleva denunciando desde hace varios años la presunta corrupción urbanística del equipo de Gobierno municipal. Según la investigación, el Ayuntamiento alertaba a empresarios 'amigos' de inminentes recalificaciones urbanísticas para que pudieran adquirir, previamente, los terrenos a bajo precio y hacer negocio.

¿Esperaban ustedes una operación policial que terminase con el alcalde detenido?

Obviamente. Por desgracia, no es una sorpresa y nos esperábamos que acabase la situación de esta forma.

Pero la concesión del parque infantil que se vincula con el caso del Serrallo Plaza data de 2006.

Nosotros remitimos en otoño de 2013 a la Fiscalía una parte de esta historia y ahora se han vinculado otros asuntos urbanísticos que venimos denunciando públicamente desde hace al menos dos años. Siempre se han beneficiado los mismos promotores y los empresarios. Todo forma parte de una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

La concejal detenida, Isabel Nieto, entró a formar parte del equipo de Gobierno de Torres Hurtado en 2007, ¿qué papel cree que juega en este asunto?

Hubo un informe de quien fue director del área de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, denunciando un montón de irregularidades que Isabel estuvo haciendo lo posible por taparlas. Hicimos una denuncia pública ante la Fiscalía hace dos años que abrió diligencias de investigación, una querella y un proceso de instrucción que ahora mismo se está desarrollando y que, precisamente, se ha ampliado con esta investigación de la UDEF.

¿Qué vienen denunciando y a qué otros casos afecta?

Pues los del Pabellón Mulhacén, del Parque Tecnológico de la Salud, etc. Son todas recalificaciones de parcelas que el Ayuntamiento vende o saca a concesión y que luego se recalificaban para producir un aprovechamiento lucrativo a los mismos empresarios. El común denominador es que siempre son los mismos promotores urbanísticos los beneficados por todas estas actuaciones, en contra del interés público y general de la ciudad de Granada.

¿Todas sus denuncias están de alguna forma relacionadas?

Ahora mismo, el urbanismo en la ciudad de Granada tiene abiertas cinco diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, algunas en proceso de instrucción por los juzgados. Al final pues han relacionado todas estas denuncias con avisos que se han producido y tramas donde han coincidido los mismos empresarios como beneficiarios de toda esta actuación corrupta. Ahora es cuando atan cabos y ven esta trama de corrupción urbanística que llevamos años denunciando. Se habla de tres empresas promotoras implicadas.

¿Y el futuro inminente para el Gobierno de la ciudad como lo imagina?

El equipo municipal de Ciudadanos es el que ha estado sosteniendo hasta ahora el equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos dicho que las actuaciones inmediatas requieren de la dimisión del alcalde, de la concejal de Urbanismo y de los altos cargos que han sido detenidos. La responsabilidad política no puede acabar ahí. El PP está en un gobierno en minoría, los grupos de la oposición formamos mayoría en el pleno y es el momento en que los grupos municipales de la oposición tenemos que retratarlo y se tiene que retratar también el grupo de Ciudadanos.

¿Cómo lo plantean?

Nosotros creeemos que para restituir la legalidad urbanística, para acabar con la corrupción en el Ayuntamiento de Granada, el PP no puede estar gobernando ni un minuto más en la ciudad de Granada, hay que presentar una moción de censura que cambie el gobierno de la ciudad.

¿En qué cree que puede terminar todo?

Esta trama va a ir a más, con más implicaciones, y espero que esto acabe con una investigación en profundidad por parte de la Policía y los juzgados, caiga quien caiga, con una depuración total de las responsabilidades legales y políticas inmediatas que se adopten, echando al PP del Gobierno de la ciudad. Es muy lamentable que Granada entre en el mapa de la corrupción urbanística en este país.

Ocho años después, el caso Retablo –tal y como lo bautizó la policía– está listo para ir a juicio. Solo falta el último escrito del fiscal y que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva el recurso de una acusación popular. El sumario apunta a una red de corrupción que restauraba arte sacro en Galicia y en la que, según los atestados policiales, aparecen involucrados dos funcionarios del Gobierno gallego, media docena de empresas de rehabilitación de patrimonio artístico, varios sacerdotes y hasta el exobispo de la Diócesis de Tui, José Diéguez Reboredo, apartado de su cargo cuando estalló el escándalo.

La investigación se inició en 2008 y por ella han pasado tres jueces distintos para indagar sobre los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Tras estudiar los 15 tomos, el actual instructor, el magistrado Andrés Lago Louro, decidió el pasado junio mantener la imputación a siete acusados (dos funcionarios de la Xunta y cinco trabajadores de empresas de rehabilitación) y exculpar a tres cargos eclesiásticos (el exobispo de Tui, el ecónomo de esa Diócesis, Benito Estévez, y el anterior cura de la aldea de Paraños (Pontevedra), Juan Sobrino, por entender que las escuchas que autorizó otra juez en el inicio del caso fueron ilegales.

Precisamente, esos pinchazos telefónicos anulados eran los que evidenciaban la colaboración de varios párrocos gallegos con los cabecillas de la trama hasta el punto de que uno de ellos, Crisanto, el cura de Lérez, llegó a alertar de que la policía les seguía los pasos.

El Gobierno de Feijóo, que se personó como acusación en su condición de doble perjudicado –están en tela de juicio las ayudas públicas tramitadas por esos dos trabajadores y además hay patrimonio artístico dañado por las intervenciones–, también ha decidido exculpar a los miembros de la Iglesia e incluso a uno de los dos funcionarios imputados: el arquitecto de la sociedad pública Xacobeo, José Manuel Pichel Pichel.

En una conversación interceptada por la policía, Pichel ofrece a un aparejador amigo obras en la red de albergues del Camino de Santiago. "Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre", propone Pichel a su colega en una charla telefónica el 29 de septiembre de 2009.

Varios testigos han señalado a Pichel como una de las personas que les exigía dinero y regalos a cambio de las adjudicaciones, pero el escrito de acusación del Gobierno gallego obvia tanto a este trabajador como a los tres miembros de la Iglesia, a quienes sí señala la acusación particular. La Fiscalía en sus últimos escritos ha decidido mantener la imputación al execónomo de la Diócesis de Tui y al cura de Paraños por presuntamente regalar una casa rectoral a uno de los funcionarios que les ayudaban con las subvenciones, pero excluye de la trama al exobispo.

Regalos de todo tipo

En los más de 3.000 folios que acumula la causa abundan la documentación y los testimonios de testigos sobre presuntos cohechos que los dos principales acusados, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa y José Manuel Pichel Pichel, ambos trabajadores de la Xunta, recibían de las empresas de rehabilitación a cambio de otorgar subvenciones desde el Gobierno gallego y su empresa pública Xacobeo a órdenes religiosas que luego encargaban los trabajos a esas firmas amigas.

Ese triángulo es el que apuntó el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF): los dos empleados de la Xunta condicionaban ayudas públicas a órdenes religiosas para restaurar iglesias y monasterios o construir albergues de peregrinos, a cambio de que la Iglesia contratase los trabajos con empresas afines.

Como contrapartida, los dos funcionarios públicos recibían de esas firmas de rehabilitación ingresos económicos, dinero en metálico y regalos en especie (desde una vaca a dispositivos electrónicos y complementos para el coche, además de reformas en las viviendas de los supuestos cabecillas) sufragadas por las empresas beneficiadas en las obras. Carlos Gómez-Gil, uno de los principales acusados, no pudo justificar ante el juez ingresos sucesivos en cuentas familiares por 122.000 euros.

Retablos arruinados

Por el camino se quedaron varios retablos de iglesias y monumentos del sur de Galicia, arruinados según los informes periciales del Gobierno gallego, por las chapuzas que cometieron las empresas de la red. El caso tiene de todo. Hasta un restaurador arrepentido, Manuel Montes Carballa, imputado también, que decidió tirar de la manta y contar la presión a la que le sometían los funcionarios imputados exigiéndole regalos y favores para poder recibir contratos.

En una conversaciones interceptada por la policía, el cabecilla de la red, Carlos Gómez-Gil, pide a una empresaria, Olga Quintela, también imputada y acusada de cohecho, que infle en 3.000 euros el precio de restauración de varias imágenes de un retablo.

La investigación nació con una casa rectoral propiedad de la Iglesia en la aldea de Paraños (Pontevedra) que pasó a manos del principal acusado, Carlos Gómez-Gil, supuestamente a cambio de 60.000 euros. Antes de que el comprador pagase el primer plazo, la vivienda y la finca fueron adecentadas por empresas de restauración (que según las declaraciones de sus dueños hicieron gratis las obras a cambio de contratos). Ya convertida en chalé con piscina, salió a la venta en Internet por 680.000 euros.

Eso provocó la indignación de los feligreses, que habían contribuido a sufragarla a través de cuestaciones, y decidieron denunciarlo en el juzgado. Hoy ejercen la acusación particular. Según los atestados policiales, el supuesto comprador no pagó nada y la vivienda y la finca fueron"dádivas" del Obispado de Tui al funcionario de la Xunta por los favores prestados, en forma de informes que condicionaban las subvenciones públicas. Ese era también el criterio del penúltimo juez del caso, que ha variado con la llegada del último instructor, partidario de excluir a los miembros de la Iglesia del escándalo.

El letrado de la Xunta se ha adherido a su criterio. En su escrito de acusación, solicita siete años de cárcel para su extrabajador Carlos Gómez-Gil, al que imputa cohecho, fraude y exacciones fiscales, y dos para cada uno de los cinco empresarios de restauración de arte también por cohecho. La última palabra sobre la inculpación de los tres miembros de la Iglesia la tiene ahora la Audiencia Provincial de A Coruña, que debe resolver el recurso de los vecinos de Paraños para sentar en el banquillo a los miembros de la Diócesis de Tui. 

Todas las alarmas se han encendido en los alrededores del ministro José Manuel Soria. El Partido Popular teme que el ministro no esté contando toda la verdad sobre su implicación con los llamados Papeles de Panamá y ha decidido tomar distancia. Los vicesecretarios del PP han comunicado en Génova su intención de no volver a defender públicamente al ministro, tras comprobar lo cambiante de sus argumentos y la rapidez con la que los datos periodísticos le van dejando en evidencia. "Todo apunta a que no está diciendo toda la verdad", asegura un miembro de la dirección popular en comunicación escrita con eldiario.es. La preocupación va en aumento, a las puertas de una nueva campaña electoral.

La tensión entre Soria y la cúpula del PP se hizo evidente en la tensa reunión que este martes mantuvieron María Dolores de Cospedal, Jorge Moragas (jefe de Gabinete de Rajoy) y el propio Soria en los pasillos del Congreso de los Diputados. El ministro de Industria tuvo que explicar ante sus interlocutores sus cambios de versión. El encuentro, no disimulado en exceso, se producía minutos antes de la dificultosa rueda de prensa en la que el ministro no supo explicar por qué aseguró no tener relación alguna con una empresa fundada por su familia. Entre los periodistas presentes en esa rueda de prensa se coló un invitado especial: Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Mariano Rajoy.   

"Hay incertidumbre y preocupación por si no lo sabemos todo", aseguran en la dirección del PP. Miembros del grupo parlamentario también reconocen que las continuas ruedas de prensa del ministro no le han ayudado y señalan que el miedo a que le acusaran de esconderse ha provocado que entrara en pánico (según ellos por culpa de Rita Barberá y la Operación Taula). "Es cierto que ha salido ya demasiadas veces y habría sido mejor una sola rueda de prensa, aunque hubiera tardado más, que tres comparecencias sucesivas", aseguran. Ante la duda de que no explicara lo del padre, se encogen de hombros.

La decisión de los cargos más jóvenes del PP de desentenderse de la polémica ha obligado al responsable de organización, Fernando Martínez-Maíllo, a ser quien dé la cara. El número dos de María Dolores de Cospedal seguía manteniendo este martes la versión oficial, es decir, que en el partido "no tienen ningún motivo para dudar de la palabra" de Soria y que en la comparecencia prevista para el próximo martes "todo quedará perfectamente explicado". Precisamente Martínez-Maíllo es quien está al frente de la comisión parlamentaria. 

El silencio, nueva estrategia

El malestar en torno a Soria se ha llevado por delante su estrategia de exposición pública. Este miércoles, antes de entrar en un almuerzo informativo el ministro ha advertido que no hablará más hasta su comparecencia parlamentaria, prevista para este martes. Se trata de un cambio radical de estrategia. 

La dirección del PP quiere aguantar todo lo posible, evitando los problemas añadidos que el propio Soria ha introducido con su confusa verborrea. Por el momento no se plantea el escenario de dimisiones, "con la dificultad que plantea estando en funciones". 

Génova ha decidido esperar a que la fuente de los Papeles de Panamá se seque en lo que respecta a Soria, a quien se ha exigido silencio a partir de ahora.  

Tres versiones distintas ha dado José Manuel Soria, actual ministro de Industria en funciones, sobre sus relación con distintas empresas familiares radicadas en Bahamas y el Reino Unido:

1) "Ni tengo ni he tenido empresas registradas en Panamá. Es falso".

2) "Nunca he tenido ni acciones, ni participación, ni responsabilidad con la empresa UK Lines Limited. (...) Ni yo ni nadie de mi familia".

3) "Mi padre y Manuel Kadi fueron socios en la empresa UK lines hasta que él murió".

Estas son algunas de las confusas y contradictorias explicaciones que Soria ha defendido en los últimos días. Todo después de que La Sexta, junto con El Confidencial y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desvelaran su vinculación como administrador de una empresa registrada por el despacho Mossack Fonseca en Bahamas.

En este gráfico se puede ver la red internacional de empresas con las que el ministro Soria y su familia han estado vinculados en Reino Unido, Bahamas y España, según datos del Registro Mercantil británico y español, y los documentos desvelados por la investigación de Los Papeles de Panamá. Explicamos, paso a paso, cuáles han sido las conexiones del actual ministro de Industria, su familia y sus socios comerciales con la sociedad registrada por el despacho Mossack Fonseca en Bahamas.

Tras la muerte de su padre, en 1990 y hasta 2006, José Manuel Soria mantuvo diversos cargos directivos en la red de empresas vinculadas a él y su familia. Dedicadas a la exportación hortofrutícola, tomate principalmente, el actual ministro ocupó cargos de administrador, presidente o apoderado en UK Lines (Reino Unido), UK Lines (Bahamas), Oceanic Lines y Oceanic Consignataria. Oficialmente y según los registros mercantiles español y británico, compatibilizó estos puestos con su actividad política como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003) y de presidente del Cabildo de Gran Canaria (2003-2007).

Los documentos de la investigación de los Papeles de Panamá, desvelados por La Sexta y El Confidencial, y la información pública a la que ha tenido acceso eldiario.es demuestran que Soria y su familia sí han tenido vinculación societaria con UK Lines en Reino Unido, que ha sido administrado personalmente estas sociedades y que también fue administrador, junto a su hermano, de una sociedad con el mismo nombre registrada en Bahamas. Toda estas afirmaciones han sido negadas, en algún momento, por el ministro.

Vladimir Navokov murió con un deseo muy explícito y una orden categórica para sus familiares. Si no conseguía terminar la novela El original de Laura en sus últimos días, su esposa Vera tendría que quemar el borrador en una hoguera. Esta última voluntad fue ignorada por su mujer, a la que también debemos que la primera edición de Lolita no fuese reducida a cenizas. O eso dijo su hijo Dmitri cuando traspasó los derechos de la obra embrionaria a una editorial. 

En una cura de conciencia, el vástago traidor recurría en el prólogo de Laura a otro perfeccionista vendido (en el sentido más apropiado de la palabra) por su amigo íntimo. Gracias a la desobediencia de Max Brod, hoy podemos leer algunas obras más emblemáticas de Franz Kafka como Metamorfosis, El Castillo y El Proceso. ¿Héroes o canallas? El gran debate de la literatura póstuma no se conforma con un gran éxito editorial. 

El caso de Eduardo Galeano es un poco distinto, aunque no sabremos nunca hasta qué punto menos deshonesto. El escritor ya admitió que no volvería a leer Las venas abiertas de América Latina porque se desmayaría de aburrimiento. Era un maniático de la excelencia y jamás dejaba de pulir sus textos. Sin embargo ya lleva dos novelas póstumas publicadas y ambas antes de cumplir el aniversario de su muerte. El cazador de historias sigue la estela de Mujeres, tanto en formato como en fondo. El escritor uruguayo gustaba de expresar la grandeza de las cosas pequeñas con un lenguaje conciso. "Revelar el universo a través del ojo de una cerradura", como decía él. Esta nueva antología forma un mosaico con pedacitos de recuerdos del fútbol, mitologías incas, retratos de personas y de nadies. 

Desde la editorial Siglo XXI aseguran que Galeano había cerrado con detalle milimétrico su última obra, incluida la foto de la portada. Sus piezas literarias siempre funcionan por acumulación, aunque parezcan redactadas de un plumazo, y giran todas alrededor de una misma temática. Por eso la última parte del libro -agregada por capricho de la editorial- se antoja inconexa con el resto de las páginas. Basta con leer el prólogo del editor Carlos Díaz para entender por qué. "Había empezado una nueva obra, de la que dejó escritas unas cuantas historias; le gustaba la idea de llamarla Garabatos". 

Estos pensamientos huérfanos se han incluido sin un consentimiento específico de su autor. Y a Galeano le gustaba referirse a la "palabra viva" para identificar un buen libro. "Las palabras caminan latiendo. Y en estos días, por pura casualidad, me entero de que en lengua turca caminar y corazón tienen la misma raíz". Sería injusto, no obstante, señalar la única licencia de la editorial como una invasión de su memoria. El cazador de historias lleva su firma hasta la última coma, incluyendo a ese pedazo adoptivo pero reconocible. 

Esa pasión inútil

Eduardo Galeano tenía dos tipos de escrituras. La primera despertaba las conciencias de Occidente mediante una literatura amable sobre temas desgarradores. Como los muros altisonantes y mudos del Sáhara, Cisjordania, las vallas de Ceuta y Melilla o México; o como los nadies, "aquellos que cuestan menos que la bala que los mata". La otra era una escritura tan personal que, con el simple hecho de leerla, parece que estés manoseando la intimidad de su cerebelo.

El cazador de historias se podría englobar en la segunda. Comienza con historias de su infancia, retazos de los castigos que sufría en el colegio por su fresco compromiso social y panorámicas de su pueblo. También con infancias ajenas, bíblicas o inventadas. También habla de países, cafeterías que han acunado a los mejores escritores, de taxistas desconocidos y de sus nietos. 

Le dedica una parte entera a la búsqueda de la vocación, las razones de su escritura -qué tantas veces ha descrito en entrevistas- y las primeras borracheras junto a sus maestros literarios. Pero termina dedicándole unos cuantos relatos cortos a la muerte, escritos en sus últimos días de enfermedad, cuando las palabras solo le vagaban por el mismo camino. 

El sol nos ofrece un adiós siempre asombroso, que jamás repite el crepúsculo de ayer ni el de mañana. Él es el único que se marcha de tan prodigiosa manera. Sería una injusticia morir y ya no verlo.

Podemos sale modestamente a la calle para hacer campaña para la consulta que ha organizado para que las bases voten si deben respaldar el Gobierno basado en el acuerdo PSOE-Ciudadanos o, si por el contrario, apoyan la propuesta de Pablo Iglesias de un “gobierno a la valenciana”. Dirigentes de Podemos se han reunido con varias decenas de personas en la plaza del museo Reina Sofía para explicar por qué rechazan apoyar la investidura de Pedro Sánchez si la condición es ese acuerdo. Pese a la escasa afluencia de público, los asistentes que han tomado la palabra han animado a la dirección a que siga con su plan.

“No es nuestro pacto, no es nuestro acuerdo”, ha resumido el diputado autonómico y senador Ramón Espinar, que ha recalcado que no puede serlo y menos desde que Esperanza Aguirre ha dicho que no está mal el texto rubricado por Sánchez y Albert Rivera. “El PSOE debe su existencia a los bancos -ha dicho el dirigente madrileño-. Es un partido que entre la mayoría social y Felipe González siempre elige a Gas Natural y Felipe González”.

“Nuestros cinco millones de votantes no son menos que los suyos”, ha dicho Carolina Bescansa, que ha recordado que solo les separan 300.000 papeletas del PSOE. “Lo que quieren hacer es una bigamia. No se puede juntar el agua y el aceite. Eso lo saben. Si lo saben, ¿por qué insisten? Quieren meterse en una dinámica de culpabilizarnos”, se ha respondido Jesús Montero.

La diputada gallega ha criticado “las excusas” en las negociaciones que se han llevado a cabo en el Congreso, pero ha agradecido que Ciudadanos dejara “claritas” las condiciones en la única reunión a tres que mantuvieron en la que, según ha asegurado, les dijeron que “no” a todos sus planteamientos: “Si ese es vuestro proyecto no puede ser el nuestro y eso es de agradecer que lo haya hecho Ciudadanos porque si no seguiríamos mareando la perdiz”, ha expresado Bescansa.

También han aprovechado para cargar contra los equipos negociadores de PSOE y Ciudadanos. Así, Bescansa ha asegurado que se siente “cómoda” al volver a las plazas “después de esas mesas, esas propuestas, esas excusas, detrás de esos papeles, detrás de esos negociadores que no se han puesto para negociar, que son los que están en las puertas giratorias”. “Nos han puesto a Jordi Sevilla que está en una consultora que asesora al 97% de las empresas del Ibex 35”, ha expresado Bescansa sobre la presencia del exministro en PriceWaterHouseCoopers. También han tenido palabras para Luis Garicano, de Ciudadanos, a quien han calificado como “primo hermano de los de la FAES”.

Interpelados por uno de los asistentes, los dirigentes de Podemos han justificado que las reuniones hayan sido a puerta cerrada, a pesar de que Iglesias pidió que se retransmitieran en streaming. “Si las negociaciones se hubieran televisado enteras no se habría movido nada, estaríamos en la casilla de salida. Se habrían dicho vacuidades”, ha dicho Bescansa. No obstante, los propios negociadores de Podemos admiten que las conversaciones debían tener un cierto margen de discreción.

"Sin miedo" al 26-J

El acto se ha convertido en uno de campaña en miniatura: “Ánimo y a ganar”, ha dicho uno de los asistentes que ha intervenido y al que han respondido al grito de “Sí se puede”. Algunos de los participantes han animado a los dirigentes de Podemos a “no rendirse, no claudicar y no tener miedo”. A la dirección le ha servido para palpar que en la calle les animan a seguir con su plan: "No entiendo que nos digan que tenemos que apoyar un Gobierno de PSOE y Ciudadanos cuando para mí es como si hiciéramos un Gobierno conjunto con el PP", ha dicho uno de los presentes. 

Solo un asistente de los que ha tomado la palabra ha planteado la posibilidad de que Podemos deje que arranque la legislatura y con la "grieta" -en alusión a la "grieta" que ha hecho Podemos "en el régimen", según ha explicado Bescansa- hacer en el Parlamento "algunos cambios necesarios como la paralización de la Lomce". "Estamos acostumbrados a organizaciones sinvergüenzas que dicen que hacen unas cosas que no hacen", ha respondido el líder de Podemos en Madrid, Luis Alegre.

Los dirigentes de Podemos han agradecido varias veces volver a las plazas después de "cuatro meses en las instituciones que han parecido 400 años" y han pedido a sus bases que les "obliguen a salir" a la calle. Así ha sido el acto que la dirección de Podemos ha organizado en el centro de Madrid para dar el pistoletazo de salida a la consulta que comenzará este jueves y que durará hasta el sábado.

Los cerca de 393.000 inscritos de Podemos -el censo se cerró el 2 de abril, fecha en la que Iglesias anunció que el sentido del voto de sus diputados en una hipotética segunda sesión de investidura lo decidirían las bases- tendrán que decir sí o no a dos preguntas: si apoyan un Gobierno basado en el acuerdo PSOE-Ciudadanos y si secundan la propuesta de "gobierno a la valenciana". Iglesias condicionó su futuro al frente del partido al resultado de ese referéndum interno, que en el PSOE consideran que es tramposo.

"La decisión la toma la gente porque a la gente no se la compra -ha defendido Alegre-. La única garantía por la que no nos vamos a convertir en otra cosa es porque la gente decide. Lo que vamos a hacer es lo que salga en esta consulta y si la gente nos dice no claudiquéis, si hay que ir a elecciones se va. E iremos sin miedo". "Si nos hacen ir a elecciones vamos a tener dos meses más de campaña y a por ellos", ha zanjado Alegre en la misma plaza en la que Podemos cerró su campaña de las europeas, cuando se estrenaron en las instituciones.

De un paraíso fiscal en el Caribe a un paraíso fiscal en Europa. El ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, acercó sus negocios a la isla británica de Jersey cuando dio por disuelta la mercantil UK Lines en Londres y la sustituyó en la misma sede por Oceanic Lines Ltd. Solo que si la primera estuvo constituida al 50% entre su padre, Manuel Soria Segovia, y su socio original, el palmero Manuel Kadi Perera, en la nueva sociedad la mayoría del capital (80%) aparece a nombre de una empresa opaca con sede en Jersey, siempre según el registro de empresas británico. 

Oceanic Lines, la mercantil inglesa abierta por el ministro en la City como sucesora de UK Lines en 1997, estaba participada por una entidad opaca radicada en la isla del Canal, de nombre Mechanical Trading Limited, con un 80% de participaciones. 

El 20% restante figura como propiedad de la matriz de la familia del presidente del PP de Canarias, Consignataria Oceanic, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, según obra en la documentación consultada en el registro mercantil británico por este periódico. 

Se trata de un documento oficial fechado el 7 de abril de 1998 con los nombres de José Manuel Soria López, en calidad de “director” (administrador), y de su hermano Luis Alberto como secretario, además de la notificación de la baja como tal del socio de los Soria en UK Lines Ltd, Manuel Kadi, fechada el 23 de julio de 1997. 

El registro oficial detalla el listado de accionistas de esa empresa y no constata que José Manuel y Luis Alberto Soria López hubieran cesado en sus cargos, como sí figura la baja de Manuel Kadi. Y en el apartado de miembros de Oceanic Lines Limited se hace constar con un 20% de acciones la dirección de la matriz isleña Consignataria Oceanic SA, con sede en Luis Morote 6 – 2 Floor (piso) de Las Palmas de Gran Canaria, y un 80% de la sociedad Mechanical Trading Ltd, en Le Couteur Court, Mulcaster Street, St. Helier, Jersey. 

Es más, también se recoge un cambio de domicilio del hermano del ministro, por lo que el documento aparenta haber sido revisado y corregido. Tachada a mano figura la sede social de la matriz familiar, en la calle Luis Morote, y se cambia por la misma dirección en la que aparece José Manuel Soria: 6 Currie House Herbert Walker Avenue, Western Docks, Southampton. 

Oceanic Lines Limited fue creada en 1997 justo en el mismo domicilio social de UK Lines Limited, la sociedad de la que José Manuel Soria dijo no saber nada pero en la que figura su firma de puño y letra aceptando el cargo de secretario en 1990, tras el fallecimiento de su padre. La sociedad opaca de Jersey, Mechanical Trading, dejó de operar en 2004, según los datos recabados por este periódico. 

En origen, Luis Alberto Soria, hermano del ministro, fue el director de Oceanic Lines, hasta que el 27 de octubre de 1997 fue relevado por el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria desde 1995. Oceanic Lines se mantiene vigente, en los registros consultados por este diario, hasta febrero de 2006, once años después de que Soria asumiera cargos públicos, primero como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003) y después como presidente del Cabildo de Gran Canaria (2003-2007). 

Según los papeles de Panamá, UK Lines abrió en 1992 una empresa offshore en Bahamas a través del despacho Mossack Fonseca a cuyo frente figuró inicialmente José Manuel Soria, que fue sustituido en esas funciones por su hermano Luis Alberto alegando un error. Ambos hermanos, los dos únicos varones de la saga familiar, aparecen en todas las sociedades que se montaron y se desmontaron en torno al negocio de la consignación marítima para el transporte de fruta y hortalizas entre las Islas Canarias y los mercados europeos, particularmente el Reino Unido y Holanda.

Jersey está considerado uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo. Es el referente europeo para las operaciones opacas financieras y fiscales y el que dio lugar a principios de este siglo a la caída de un referente de la banca, Emilio Ybarra, tras descubrirse más de un centenar de cuentas opacas de españoles amparadas bajo el BBVA Privanza.

José Manuel Soria vuelve a estar vinculado en un documento público a una empresa de la que primero dijo que no tenía conocimiento y luego admitió que fue fundada por su padre a la vez que insistía en negar su relación con la misma. Según documentos del registro mercantil de Reino Unido publicados por El Mundo, el ministro de Industria firmó el acta anual de UK Lines en 1990. Es la misma sociedad en la que aparece su firma como secretario para sustituir a su padre, y de igual nombre a otra fundada en el paraíso fiscal de Bahamas y que aparece en los papeles de Panamá.

Este segundo autógrafo de Soria en documentos de UK Lines fue registrado siete meses después de su nombramiento como secretario, momento en el que aún no ocupaba ningún cargo público. Una rúbrica que era necesaria dado el cargo que ocupaba, al tratarse de un informe de actividad anual requerido por Reino Unido a todas las compañías cuando cumplen un año. Esto motiva que el nombre ministro aparezca hasta en nueve ocasiones en los documentos que publica El Mundo.

Soria fue secretario de esta sociedad entre 1990 y 1997, a pesar de que negó este extremo primero y después sostuvo que se trataba de "un error". Tanto que anunció que había dado instrucciones a su abogado para que requiriese información al registro mercantil británico para conocer por qué su nombre aparecía en esos papeles. El que también aparecía, y en varias ocasiones, era Manuel Soria Segovia. El padre del ministro era accionista y junto a él aparecía como administrador Manuel Kadi, un empresario canario.

Según explicó el ministro, esta compañía actuó de socia comercial de Consignataria Oceanic, empresa dirigida por su padre para la descarga y aprovisionamiento de los barcos que utilizó la empresa familiar para la exportación de frutas y hortalizas desde Canarias. La versión de Soria mantiene que esta relación se cortó en 1997, cuando él y su hermano Luis Alberto Soria fundaron Oceanic Lines.

La vinculación del ministro en funciones con los paraísos fiscales no termina aquí. Soria trasladó desde Bahamas, donde se encontraba UK Lines Bahamas, a Jersey una sociedad que contaba con el 80% del capital de la empresa que gestionaba junto a su hermano en Reino Unido, Oceanic Lines. En el PP ya no niegan que Soria "no está diciendo toda la verdad".

Pedro Sánchez se ha reunido con los líderes sindicales de UGT y CCOO, que le han dado la razón en la necesidad de articular un Gobierno en torno a las "fuerzas del cambio". Los sindicatos hacen un llamamiento a PSOE y Ciudadanos para que rebajen la "ambición" de su pacto y a Podemos para que "dé una oportunidad" al cambio. El líder socialista, que ha agradecido "su aliento", ha aprovechado para afear a Pablo Iglesias que esté pensando ya en la posible confluencia con Alberto Garzón antes de que acabe el plazo para intentar formar Gobierno, pese a que todas las fuerzas lo dan por imposible.

"Pido al resto de fuerzas que se dejen de pensar en coaliciones electorales y empiecen a trabajar para hacer frente a las urgencias sociales", ha señalado Sánchez en una clara alusión a las palabras de Iglesias, que expresó el miércoles que tiene que sentarse con Alberto Garzón para replantearse la posibilidad de ir juntos a las elecciones. Así, Sánchez ha reprochado que el líder de Podemos que se plantee las conversaciones con IU-Unidad Popular antes de la ronda del rey con las fuerzas políticas convocada para los días 25 y 26 de abril. No obstante, ha evitado responder a la pregunta de si teme que la confluencia de Garzón con Podemos pudiera arrebatar al PSOE la primera posición en la izquierda. El 20D, por separado, IU-Unidad Popular y Podemos sumaron más papeletas que los socialistas.

Esas declaraciones de Sánchez se han producido después de su reunión con los líderes de UGT y CCOO, que han hecho un llamamiento a las "fuerzas del cambio" para que formen un Gobierno que eche andar cuanto antes para hacerse cargo "de los problemas de los ciudadanos". El llamamiento de los dos principales sindicatos es para PSOE, Ciudadanos y Podemos.

A los dos primeros les han pedido que sean menos "ambiciosos" en su acuerdo y que planteen una serie de medidas para lo que consideran esencial: el crecimiento económico, creación de empleo, la lucha contra la corrupción, la negociación con las instituciones comunitarias para que sean más flexibles en el cumplimiento del déficit... A Podemos le han pedido que dé una oportunidad a las conversaciones eliminando las "líneas rojas", aunque han reconocido que no puede sumarse a un pacto que ya le han dado cerrado. "Nadie puede pedir a nadie que apoye un acuerdo cerrado", ha señalado Pepe Álvarez, líder de UGT.

Sánchez ha mostrado de nuevo su disposición a hacer cambios en el documento suscrito con Albert Rivera y ha insinuado que Podemos no dijo la verdad tras la reunión a tres al asegurar que Ciudadanos solo admitiría "retoques" del texto. Así, ha dicho que se trata de una "excusa" para romper las negociaciones: "Si se quiere el acuerdo, no hay excusas", ha dicho el líder del PSOE.

UGT y CCOO han planteado una posibilidad a Sánchez para que la legislatura eche a andar: que dentro de dos años se someta a una moción de confianza. Fernández Toxo ha expresado que se trataría de iniciar la legistaltura con "un punto intermedio", es decir, con la "previa garantía" de que se celebrara esa moción de confianza para evaluar el cumplimiento de los acuerdo.

Podemos descartó precisamente este miércoles esa opción al entender que una moción no supone directamente la dimisión del presidente en caso de que haya una mayoría en su contra y la disolución de las Cortes para la celebración de elecciones, sino que requiere una mayoría alternativa para un nuevo proyecto, según expresó Carolina Bescansa en un acto celebrado en la plaza del museo Reina Sofía. Sánchez se ha comprometido a estudiar esa posibilidad.

La comparecencia de José Manuel Soria en el Congreso para dar explicaciones sobre su aparición en Los Papeles de Panamá será previsiblemente el próximo lunes 18 de abril a las 16:30 horas. Así se lo ha trasladado el letrado de la Comisión de Industria a los portavoces de los grupos, aunque la decisión final debe pasar por la Mesa del Congreso que se reúne esta tarde y que deberá calificar oficialmente la solicitud de comparecencia que el Gobierno registró este martes. 

El PP quería que la comparecencia fuera el próximo martes. El propio ministro en funciones dijo que sería previsiblemente en esa fecha, pero en una reunión de la Mesa de la Comisión de Industria convocada ayer, los portavoces se mostraron partidarios de que fuera el lunes o el miércoles dado que el martes hay otras comparecencias de ministros, según han explicado fuentes socialistas. 

La Mesa del Congreso calificará la solicitud de comparecencia de Soria en su reunión de esta tarde. La cita de los portavoces de Industria se convocó este miércoles tras la sesión de la Comisión en la que precisamente estaba citado Soria para someterse a las preguntas de los grupos sobre asuntos diversos -como el caso Castor o las prácticas anticompetitivas como el dumping social y medioambiental en el sector siderúrgico, entre otras-, pero el ministro en funciones no apareció por la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario.

Soria no ha dado explicaciones desde el martes, pese a la aparición de nuevos datos que demuestran su participación en la empresa UK Lines. El ministro en funciones figuraba en Los Papeles de Panamá, que en España están publicando El Confidencial y La Sexta, por figurar en esa sociedad radicada en Bahamas. También figura como administrador en una con el mismo nombre en Reino Unido. El titular de Industria atribuyó su presencia a "un error" que no alcanzaba a comprender.

No obstante, y pese a que en un principio aseguró no haber tenido -ni él ni su familia ningún tipo de participación en UK Lines-, en una rueda de prensa el martes reconoció que la sociedad británica había pertenecido a su padre "hasta el momento de su muerte". También dijo desconocer si había heredado sus acciones tras su fallecimiento.

Un documento publicado unas horas más tarde reveló que Soria no solo figuraba como administrador en el Registro Mercantil británico -aparición que él calificó de "error"- sino que firmó en el acta anual de esa empresa, tal y como publicó El Mundo. Además, la firma del dirigente del PP sustituyó a la de su progenitor en UK Lines.

La consulta de Podemos a sus bases para determinar su posición ante el pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos ha arrancado este jueves. Los inscritos en el partido deberán decir si apoyan o no el acuerdo sellado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera o si prefieren que Podemos mantenga su defensa de la propuesta de Gobierno de coalición que lanzó el 22 de enero.

El partido cuenta con 397.840 personas inscritas pero el Área de Participación ha optado por establecer un censo de usuarios activos: aquellas personas que lleven más de un año sin entrar en la web y no lo hagan antes de que se cierre el plazo de votación no contabilizarán a la hora de ofrecer los resultados.

En las últimas consultas que ha hecho Podemos a las bases el índice de participación se ha reducido a la vez que crecía el número de inscritos. Es decir, el porcentaje de personas que votaban en los procesos internos del partido se reducía aunque el número neto de inscritos fuera similar. El motivo: el número de inscritos ha crecido desde la primera consulta, en otoño de 2014 para cerrar la Asamblea de Vistalegre.

Desde el Área de Participación aseguran a eldiario.es que las personas que pueden votar en el referéndum suman 397.840. Es decir, todos los inscritos. Aunque "el censo válido para la votación" que figura en la web de Podemos es de "169.851 personas". El partido explica que "si alguien que no ha iniciado sesión en el último año, la inicia ahora, ese censo aumenta de una persona".

"Es una forma más realista de calcular el censo para la participación", aseguran desde el Área de Participación a eldiario.es. En una nota remitida por Podemos durante esta mañana a la prensa, el partido asegura que el objetivo es "que se llegue a un recuento de la participación sobre una base real" de participantes.

En las primeras horas de la votación ya han participado más de 30.000 personas, según el contador en tiempo real que ha hecho público Podemos.

El último gran proceso estatal del partido fue en el verano de 2015, cuando los inscritos en Podemos fueron llamados a las primarias para las elecciones generales y, posteriormente, consultados sobre los procesos de confluencia que se habían puesto en marcha en diversos territorios.

Frente a los 107.488 que votaron en la elección de Iglesias como secretario general en noviembre de 2014, la participación en las primarias de julio de 2015 para formar las candidaturas de las elecciones generales bajó hasta los 59.280 votantes, cuando el censo de inscritos superaba ya los 380.000. Poco después, en la consulta sobre los procesos de confluencia apenas participaron 44.792 personas, un 11,6% de los inscritos entonces.

De quienes sí votaron, un 85% avaló las alianzas territoriales para las generales. Esa disparidad de datos (11% de participación frente a 85% de votos favorables) es lo que quiere reducir Podemos con esta decisión y dar así un resultado más realista sobre un censo que en el partido saben que está hinchado pero al que, de momento, no han metido mano.

La red societaria montada alrededor de José Manuel Soria comienza a desenmarañarse. Anoche, eldiario.es desvelaba que la empresa familiar de los Soria Oceanic Lines estaba participada en un 80% por una sociedad instrumental radicada en Jersey, otro conocido paraíso fiscal en el Canal de la Mancha. Esta mañana El Mundo ha tenido acceso al documento de disolución de esta compañía en 2002, en la que figuran como administadores los hermanos Soria (José Manuel y Luis Alberto). Además, en esta sociedad aparecen dos testaferros, BIBJ Managament y BIBJ Nominees, que a su vez son habituales en Los Papeles de Panamá tal y como desvelan laSexta y El Confidencial.

Los años en los que los Soria tienen implicación con estas empresas de Jersey van desde 1993, dos años antes de que José Manuel Soria entrara en política al lograr la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, hasta 2002, cuando seguía todavía de regidor. Estos dos testaferros lo son a la vez de unos antiguos conocidos de la Justicia española. Se trata de empresas fiduciarias de Canal Trust Company, un vehículo que utilizaba BBV Privanza para montar esquemas societarios opacos a sus clientes españoles. Los Soria disuelven la compañía de Jersey en 2002, cuando en España el escándalo de BBV Privanza está en pleno apogeo.

En su comparecencia el martes en el Congreso, José Manuel Soria negó de plano haber sido cliente de BBV Privanza. Esta filial del banco BBVA era la encargada de proveer de productos fiscales ventajosos a los clientes VIP del banco. El juez Baltasar Garzón instruyó el caso conocido como "las cuentas secretas de BBVA".

Además, Mossack Fonseca aparece como agente en al menos cuatro empresas con testaferros comunes a la que los Soria tenían en Jersey, según los registros mercantiles a los que ha tenido acceso eldiario.es. En Los Papeles de Panamá aparecen hasta 251 sociedades creadas por Canal Trust Company.

Una resolución interna firmada por el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, ha desatado un hondo malestar en gran parte de los investigadores que trabajan en este organismo público. El documento del mayor organismo público de investigación de España, fechado el 6 de abril, que la presidencia de la Agencia Estatal ha hecho llegar a todos los departamentos, culpabiliza de la paralización de nuevas contrataciones a los trabajadores que han litigado contra el Consejo para exigir sus derechos laborales.

El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es (ver abajo), establece "las actuaciones a desarrollar al objeto de reducir los desequilibrios generados por el ingreso de personal indefinido en cumplimiento de sentencia en los Institutos, Centros y Unidades ('CU) del CSIC".

Según argumenta Lora-Tamayo, "las demandas presentadas contra el CSIC por trabajadores contratados con cargo a proyectos de investigación que han dado lugar a sentencias judiciales contrarias a los intereses de esta Agencia" están suponiendo "un grave perjuicio para el desarrollo de una adecuada política de recursos humanos".

Toda esta problemática viene derivada porque hasta hace aproximadamente dos años el CSIC impedía que los inscritos en su bolsa de empleo que hubieran encadenado contratos durante un año pudieran ser elegibles para un puesto durante otros cuatro meses. De esta forma, se evitaba que estos trabajadores adquirieran la condición de indefinidos. La situación fue denunciada por CCOO, que exigió la erradicación de estas prácticas.

Las demandas durante aquella etapa llovieron y decenas de estos investigadores terminaron ganando los pleitos en los tribunales teniendo que ser reconocida  su condición de indefinidos tras encadenar varios contratos temporales.

"Aplazar contrataciones"

Esta situación tan elevada de litigios, a juicio del presidente de este organismo científico, va a obligar, en primer lugar, a "aplazar cualquier nueva autorización de contratación de personal a solicitud de los investigadores y grupos en cuyo ámbito haya demandas pendientes, hasta la resolución de las demandas", dice la circular.

Y, en segundo lugar, a "modular la autorización de contratación de personal a solicitud de los investigadores y grupos afectados por resoluciones judiciales contrarias al CSIC".

Según los datos que desgrana el organismo, entre enero de 2005 y diciembre de 2015, un total de 1.231 investigadores volvieron a ingresar en el Consejo "en cumplimiento de sentencias". "El coste económico que para el CSIC tienen estas prácticas ha sido y es significativo". Según sus cálculos ha superado los 2,6 millones de euros durante los últimos tres años.

Una antigua investigadora del centro que prefiere preservar su nombre considera "intolerable y terrible" que el propio presidente del organismo vuelque la presión directamente de los grupos de investigación a los propios investigadores que han regresado a su trabajo. "Es una manera de culpabilizarles de una situación a todas luces injusta".

Esta investigadora recuerda que para reivindicar sus derechos, un grupo de trabajadores creó la plataforma Afectados por la Bolsa de Empleo del CSIC. Incluso denunciaron que había una lista negra con aquellas personas que habían llevado a los tribunales al organismo.

La situación, a juicio de esta antigua investigadora que sigue en contacto con compañeros que están actualmente trabajando pero que también temen hablar, no ha variado demasiado. Sigue habiendo precariedad laboral y pocos medios debido a los fuertes recortes de presupuesto que ha realizado el Gobierno del PP en I+D+I a lo largo de estos años.

"La fuga de cerebros no existe"

La gestión de Lora-Tamayo al frente de organismo investigador, del que ha sido presidente en dos etapas diferentes con Gobiernos del PP, sigue siendo muy cuestionada. Muchos científicos no olvidan unas declaraciones suyas realizadas en noviembre de 2014 en las que aseguró que la fuga de cerebros en España "no existe", "es una leyenda urbana exagerada".

El malestar por la decisón de la presidencia del organismo ha tenido una contundente respuesta del sindicato CCOO del CSIC. En un duro comunicado, y tras explicar que han esperado un tiempo prudencial "para digerir esta nueva agresión contra el personal del organismo por parte de la presidencia y sus gestores", el sindicato califica la resolución de "caza de brujas que no tiene parangón en la Administración Pública". Y las enmarca "dentro de una ofensiva generalizada contra las Instituciones Públicas y sus empleados, tratando de imponer un modelo neoliberal de gestión".

"Acosados por el fracaso de sus políticas de personal, el CSIC intenta ahora criminalizar al personal, amenazando con castigar a los centros y grupos de investigación donde los trabajadores litigien ejerciendo sus derechos", afirman.

Oferta 275 nuevas plazas para 2016

Ante el malestar generado, la presidencia del Consejo ha reaccionado ofreciendo nuevas plazas para este año 2016. En un comunicado de hoy mismo se informa que "la convocatoria del CSIC contará con 165 plazas libres de nueva creación y 110 plazas de promoción interna". Es decir, un total de 275 plazas.  "Son plazas de profesor de investigación, investigador científico, científico titular, técnico superior especializado, técnico especializado y ayudante de investigación", aclaran.

"Una vez conocida la asignación de ofertas y los procesos de acceso a las plazas de los Organismos Públicos de Investigación centralizados por la Secretaría de Estado de Investigación, Innovación y Desarrollo, la distribución para el CSIC supondrá 165 plazas libres y 110 de promoción interna", remarca el comunicado. Esta redacción intentó conocer la opinión del organismo, sin éxito.

La brecha de ingresos que separa a los menores más empobrecidos en España de la media es la cuarta más grande de la Unión Europea. En concreto, nuestro país ocupa el puesto 36 de un listado de 41 en equidad (incluyendo a países también de la OCDE), solo por encima de México, Bulgaria o Rumanía. Esa distancia, que mide el informe de Unicef 'Equidad en los niños' presentado este jueves, ha aumentado casi siete puntos desde 2002 y es del 62%, frente al 37% de países como Noruega.

El documento de Unicef disecciona, a través del análisis de 41 países desarrollados, la igualdad entre los menores a través de cuatro indicadores –ingresos, educación, salud y satisfacción vital–. El empeoramiento en el primer parámetro es evidente, a la luz de los datos; mientras en el segundo (sobre la base del informe PISA) y tercero (que atiende a la frecuencia de ciertas dolencias) se observa cierta estabilidad pese a los recortes de los últimos años. 

La peor parte se la lleva la satisfacción vital de los menores, es decir, cómo se sienten con la vida que tienen: España es el tercer país de los 41 que más ha empeorado y se sitúa en el puesto 24 de 35 (no todos midieron todos los parámetros). Especialmente preocupante, según Unicef, son los niveles de satisfacción expresados por los niños y niñas de origen migrante, a menudo por debajo de la media.

Desde la organización, no obstante, advierten de que "no siempre es bueno que haya poca brecha". "Si se ha acortado la diferencia porque la media es mucho más baja no es una buena noticia", explica Gabriel Sánchez, especialista en Políticas de Infancia.

Con todo, el informe puntualiza que "el estudio de la desigualdad y sus efectos se topa de manera recurrente con la inexistencia o mala calidad de los datos". "Hay grupos escondidos de niños que no aparecen en las encuestas y cuya situación es relevante para el análisis, como los que están en escuelas especiales o los que representan la situación de las comunidades gitanas en distintos países europeos", explica el documento.

Dinamarca es el país que menos brecha presenta en el conjunto de las dimensiones. Es el único, de hecho, que se sitúa en el primer tercio de la tabla en todos los parámetros. También son paradigmáticos para Unicef los casos de Canadá, Francia, Italia o Luxemburgo, con altos ingresos pero en la parte inferior de la clasificación. "Esto indica que unos niveles de renta altos no significa una reducción de la inequidad. No solo hay que poner esfuerzo en el desarrollo económico", puntualiza Sánchez.

El informe pone también de relieve, en el caso de España, la ineficacia de las políticas públicas para mejorar la vida de los menores. "Nuestro gasto en infancia no es suficiente y no está bien focalizado. No están siendo suficientes para sacar a los más desiguales de este pozo", argumenta Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia.

España es el país de la UE que dedica menos porcentaje de su PIB (0,5%) a prestaciones para la infancia y las familias, pese a que la tasa de pobreza infantil alcanza el 36%. Según estimaciones de la organización, la inversión en políticas de infancia del conjunto de las administraciones por menor "disminuyó en más de 6.300 millones de euros entre 2010 y 2013, a pesar del incremento de los niveles de necesidad".

Los recortes y la LOMCE no ayudan

Unicef ha insistido en que el riesgo de pobreza se ha ido desplazando desde los años 80 de los mayores a los jóvenes y menores. Y propone para atajarlo el aumento de la prestación social por hijo a cargo de 291 a 1.200 euros al año. "16 países europeos cuentan con ayudas universales de este tipo y han dado resultados", justifica Gabriel Sánchez. Actualmente hay en España 8.200.000 menores, el 18% de la población.

Para la organización, la ley educativa en vigor (LOMCE) no ayuda a "atacar la inequidad". Tampoco han favorecido a los menores los recortes en la educación pública de los que advierten "podrían verse los resultados en los próximos años. "El impacto puede manifestarse en el futuro, no es tan inmediato como el de los ingresos, por ejemplo", apunta Gabriel Sánchez.

El informe 'Equidad de los niños' ha tratado de medir también "el volumen de actividad parlamentaria como termómetro del nivel de compromiso y prioridad otorgados por la clase política española" a la infancia. Según la información recopilada, durante la legislatura se han celebrado 550 actos parlamentarios relacionadas con este ámbito, pero "más del 90% de esta actividad corresponde a preguntas al Gobierno y a iniciativas de orientación política que carecen del potencial transformador de las leyes". Estas solo representan el 9% de la actividad en el Congreso entre 2011 y 2015.

Aunque el documento valora positivamente algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno (como II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia o el Fondo Extraordinario contra la Pobreza Infantil), critica que "ninguna de las más de 50 iniciativas legislativas presentadas por la oposición fue aprobada". Versaban sobre cuestiones tan dispares como la mejora de las prestaciones por hijo a cargo, el sistema de permisos y prestaciones por paternidad o maternidad o la pobreza energética.

La vida política de José Manuel Soria se apaga. Su dimisión se producirá "en cuestión de horas", según aseguran a eldiario.es fuentes del entorno de Mariano Rajoy. Soria ya no acudirá al Consejo de Ministros de mañana porque "ha excusado su presencia", afirman desde Moncloa a eldiario.es. El argumento oficial es que el todavía ministro en funciones estará preparando su comparencia del lunes. 

"Estamos en ello". Así de contundente se mostraba un dirigente del Partido Popular preguntado esta tarde sobre la posibilidad de que José Manuel Soria presentara su dimisión. Rajoy ha querido esperar a que el propio ministro diese el paso definitivo, sin presionarle demasiado pero dándole a entender que la situación se había convertido en insostenible. 

La dimisión inminente de Soria evitaría a Soraya Sáenz de Santamaría tener que dar la cara por él en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros convocado para mañana. Se trata de la opción más probable, según las fuentes consultadas. No obstante, el todavía ministro intentó convencer esta tarde a sus interlocutores para aguantar hasta el lunes y poder dar explicaciones en el Parlamento. La decisión no está cerrada pero todas las opciones se decantan por la solución más rápida: que Soria dimita ya y la comparecencia se suspenda. 

En Génova dan por seguro que la caída de Soria será a todos los efectos y que tendrán que buscar un nuevo cabeza de cartel para Las Palmas en el probable escenario de repetición de elecciones.

El enfado con el ministro es monumental. La convicción de sus palabras en las primeras ruedas de prensa en las que se defendió del escándalo de los papeles de Panamá movió a muchos de sus compañeros a salir en su respaldo. Después llegaron nuevos datos: el registro mercantil de Reino Unido, Bahamas, Jersey...

El ministro forma parte del grupo del Gobierno que se ha enfrentado frontalmente contra la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Rajoy decidió poco antes de las elecciones desequilibrar el enfrentamiento y apostó por el canario. En una decisión que causó sorpresa, el presidente quitó a su número dos las competencias sobre las adjudicaciones públicas de nuevas licencias de televisión. El receptor de tal alta responsabilidad fue José Manuel Soria. 

La relación de Rajoy con Soria es intensa desde hace años. El presidente se apoyó en el canario para tejer su estrategia de aguantar sin mover un pie cada vez que un nuevo caso de corrupción llamaba a las puertas del PP. Soria era para Rajoy el ejemplo del político constantemente acusado de algo de lo que siempre ha acabado librándose. Esa destreza parece que no ha servido esta vez.

En la antesala de las elecciones de 2011, el presidente y su ministro compartieron muchas horas en las constantes visitas que Rajoy realizaba a las islas para visitar a su padre. De aquellos encuentros queda un intenso registro gráfico a través del videoblog que el propio Rajoy puso en marcha bajo el nombre "Rajoy en acción". De confirmarse la dimisión del ministro será difícil volver a verle junto al presidente cuando Rajoy compra el Marca en una estación de servicio.     

Diciembre de 2014. Gobierno y agentes sociales firman un acuerdo para poner en marcha una nueva ayuda para parados de larga duración que no cobren prestaciones. Un año y cuatro meses después, los datos revelan que el programa apenas ha tenido impacto: el Ministerio de Empleo solo ha ejecutado el 15% del presupuesto destinado a la ayuda y solo 100.000 personas han cobrado los 426 euros que se concedían.

El llamado Programa de Activación para el Empleo tenía dos objetivos: llegar a entre 400.000 y 450.000 personas en situación precaria y aumentar la tasa de cobertura social, que no paraba de caer, en ocho puntos. Sin embargo, a 31 de marzo, el Ministerio de Empleo contabilizaba 99.410 beneficiarios. Y según los últimos datos, la tasa de protección social se sitúa en el 54,7%, tres puntos por debajo de la que existía en diciembre de 2014, del 57,6%.

Este número tan reducido de beneficiarios sobre la previsión inicial es lo que ha hecho que el presupuesto destinado a la ayuda apenas se consuma. De los 1.200 millones asignados, Empleo solo ha gastado 182,05 millones, es decir, el 15% del presupuesto. La ayuda caduca este viernes y el Gobierno aún no ha anunciado si la prorrogará y, si lo hace, con qué condiciones. 

Otro de los compromisos del programa era que los servicios públicos de empleo realizaran itinerarios personalizados a cada persona para tratar de insertarla en el mercado de trabajo. En este caso los datos tampoco acompañan: Empleo señala que apenas 15.212 beneficiarios han encontrado un empleo.

Aplicación restrictiva

CCOO y UGT denuncian que el Ministerio ha hecho una aplicación restrictiva del subsidio que ha impedido llegar a los potenciales beneficiarios. Los sindicatos aseguran que durante los últimos meses se han dirigido en varias ocasiones al Gobierno para hacerle llegar su queja y proponerles una adaptación del programa que permitiera llegar a más gente.

Empleo se reunió con representantes sindicales y empresariales para valorar la evolución del programa. El compromiso, no obstante, tal y como fijaron en 2014, era hacer la evaluación tres meses antes de que expirara la ayuda.

Pedro Sánchez ha tirado la toalla y ha dado por perdidas las esperanzas que ha albergado desde el 20D de poder formar Gobierno. A pesar de los llamamientos públicos a Podemos para que "desbloquee" la situación, en el PSOE cunde el desánimo tras el fracaso de la reunión a tres. El candidato socialista hizo un último llamamiento a Pablo Iglesias pidiéndole la abstención pero fue una mera utilización más del relato puesto que el PSOE lleva semanas sin intentar convencer al resto de sus interlocutores, cuyo voto favorable sería imprescindible en el caso de que Sánchez pretendiera ser presidente gracias al voto en blanco de los diputados de Podemos-En Comú-En Marea.

La dirección del PSOE vio más claro que la balanza se inclinaba definitivamente hacia la repetición electoral el 26-J después de que Pablo Iglesias diera por zanjadas las conversaciones y traspasara la decisión sobre secundar el pacto PSOE-Ciudadanos a las bases de la formación. Los socialistas piensan que la pregunta está dirigida a un 'no' masivo en la consulta. A partir de ahí, todas sus actuaciones se han dirigido a responsabilizar a Podemos de que se tengan que celebrar de nuevo los comicios.

Así, respondieron a sus 20 propuestas asegurando que hay un 70% de puntos de encuentro entre ambas formaciones, pese a que Podemos siempre ha sostenido que el problema para que no haya acuerdo es Ciudadanos. Después el PSOE cargó con beligerancia contra Iglesias: "No es de fiar", exclamó Antonio Hernando, que negó cualquier intento más por acercar posturas: "El tiempo para ofertas y contraofertas ya pasó". 

Pero apenas 24 horas después Sánchez sorprendió a los suyos al pedir a Podemos que "desbloquee" la situación y le deje gobernar. En el sector más crítico con el líder socialista molestó esa nueva salida de Sánchez porque entendieron que era un nuevo giro en el guión de Ferraz, a quien acusan de no haber sabido mantener una estrategia definida desde el varapalo electoral.

Además, Sánchez hizo un llamamiento a Iglesias pidiéndole que le dejara sacar adelante la investidura mediante la abstención. Sin embargo, es en balde porque, aunque Podemos se abstuviera, PSOE y Ciudadanos necesitarían el voto favorable de Compromís, PNV e IU-Unidad Popular además del de Coalición Canaria para sacar más síes que noes en esa hipotética votación.

Sin hablar con los demás

El PSOE no ha mantenido el diálogo con esas fuerzas durante este tiempo. El último "contacto informal" con Compromís fue hace más de una semana, según han confirmado a eldiario.es desde la coalición valenciana. La formación de Mónica Oltra admite, además, que sería complicado votar en la investidura algo distinto que Podemos, con quien concurrieron en las elecciones, y aseguran que la negociación con el PSOE buscó también presionar a Iglesias en un primer momento para que se sentara. 

Tampoco con IU-Unidad Popular hubo ningún tipo de avance desde Semana Santa ya que los de Alberto Garzón dejaron en el aire hasta ver qué pasaba con Podemos, ya que sin sus diputados el acuerdo era inviable. El último contacto con Garzón fue el día antes de la reunión a tres y, tras ella, para IU-Unidad Popular quedó claro que no había ningún margen para el diálogo, según fuentes de su equipo negociador. Con el PNV tampoco ha habido más contactos. 

El PSOE se esfuerza por dejar claro que la pelota está en el tejado de Podemos y creen que en la batalla por el relato conseguirán convencer a la opinión pública de que Sánchez lo ha intentado todo por evitar la repetición de las elecciones. "Esto nos puede permitir estar hablando de anguitazo durante 20 años", expresaba un diputado el miércoles. 

PSOE y Ciudadanos han renunciado, además, a presentar las actualizaciones de su pacto derivadas de las incorporaciones que les plantearon las organizaciones con las que se reunieron tras la investidura fallida. Fuentes socialistas aseguran que las aportaciones se incorporarán al texto, aunque reconocen que "no tiene mucho sentido" hacerlo públicamente "tal y como se han puesto las cosas". En algunos sectores del PSOE se preguntan ahora cuándo se va a producir el "divorcio" con Ciudadanos y ven con preocupación cómo se va a articular el discurso de los socialistas ante el 26-J tras pactar con Rivera.

Así las cosas, Ferraz se ha puesto en modo precampaña. Sánchez ha iniciado una ronda por varias comunidades, especialmente en Andalucía. El líder del PSOE visitó la Feria de Sevilla este miércoles, donde se encontró con la presidenta andaluza, Susana Díaz, aunque en el PSOE-A su visita no sentó muy bien. Además, tiene actos preparados este viernes en Córdoba y Granda y en Málaga el sábado. El domingo estará en Valladolid. 

Los socialistas no creen que vaya a haber un cambio de última hora y, por el momento, no lo están intentando. La dirección dijo que no habría nuevas ofertas a Podemos, aunque Sánchez ha transmitido a los sindicatos que pensará en la opción que plantean de someterse a una moción de confianza en un par de años a cambio de que permitan que la legislatura eche a andar.

La próxima decisión que tendrá que tomar Ferraz será cómo reelige al candidato a la presidencia para lo que tendrá que modificar sus normas, ya que con el actual reglamento de primarias los plazos no dan. En el PSOE dan por hecho que será el candidato y que no tendrá rival, pese a que Díaz transmitió a sus partidarios su intención de dar la batalla por el liderazgo del partido. Pero aceptó que se pospusiera el Congreso en el que se iba a votar de nuevo al secretario general y se produjo un repliegue de fuerzas. Incluso los suyos dan por hecho que no dará la batalla por la candidatura y que su el futuro se escribirá tras las elecciones que ven inevitables. 

Desde que se dio a conocer que José Manuel Soria fue administrador de una sociedad offshore que aparece en los Papeles de Panamá, la red societaria montada alrededor del actual ministro de Industria comienza a desmarañarse. Al final, parece que todos los caminos de la familia Soria conducen al paraíso, fiscal en este caso. Bahamas, Panamá, Jersey son los refugios fiscales vinculados a su entramado empresarial. Una información que nace a partir de los documentos publicados por El Confidencial y La Sexta, en colaboración con Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con las nuevas revelaciones de eldiario.es y El Mundo.

Tras las contradictorias explicaciones del ministro Soria sobre su vinculación con una sociedad registrada en Bahamas, eldiario.es desvelaba que la empresa familiar británica Oceanic Lines estaba participada en un 80% por una sociedad instrumental radicada en Jersey, otro conocido paraíso fiscal en el Canal de la Mancha. Una sociedad en la que también figuran como administadores los hermanos Soria (José Manuel y Luis Alberto), según los documentos a los que tuvo acceso El Mundo. Un entramado que también tiene sus vínculos con la trama de evasión fiscal de BBV Privanza.

La confusión es comprensible con tantos nombres, empresas, sociedades e intermediarios. Por ello, explicamos, paso a paso, cuáles han sido las conexiones del actual ministro de Industria con paraísos fiscales de todo el mundo. 

Una presencia societaria con vinculación en paraísos fiscales que coincide en el tiempo con su cargo como regidor de la capital de la provincia de Las Palmas. La información publicada por El Mundo demuestra que José Manuel Soria fue administrador de la sociedad instrumental en Jersey hasta 2002, cuando todavía era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y un año antes de convertirse en presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria.

Las nuevas revelaciones muestran como los vínculos del actual ministro de Industria con distintos paraísos fiscales se remontan a épocas donde ya ocupaba cargos públicos. Por el momento, José Manuel Soria no ha vuelto a dar explicaciones tras las últimas declaraciones del martes por la tarde. Hasta ahora, todos sus vínculos con empresas registradas en paraísos fiscales han sido negados por el ministro. Sin embargo, todos los caminos de Soria nos llevan a ellos.