José Manuel Soria vuelve a estar vinculado en un documento público a una empresa de la que primero dijo que no tenía conocimiento y luego admitió que fue fundada por su padre a la vez que insistía en negar su relación con la misma. Según documentos del registro mercantil de Reino Unido publicados por El Mundo, el ministro de Industria firmó el acta anual de UK Lines en 1990. Es la misma sociedad en la que aparece su firma como secretario para sustituir a su padre, y de igual nombre a otra fundada en el paraíso fiscal de Bahamas y que aparece en los papeles de Panamá.

Este segundo autógrafo de Soria en documentos de UK Lines fue registrado siete meses después de su nombramiento como secretario, momento en el que aún no ocupaba ningún cargo público. Una rúbrica que era necesaria dado el cargo que ocupaba, al tratarse de un informe de actividad anual requerido por Reino Unido a todas las compañías cuando cumplen un año. Esto motiva que el nombre ministro aparezca hasta en nueve ocasiones en los documentos que publica El Mundo.

Soria fue secretario de esta sociedad entre 1990 y 1997, a pesar de que negó este extremo primero y después sostuvo que se trataba de "un error". Tanto que anunció que había dado instrucciones a su abogado para que requiriese información al registro mercantil británico para conocer por qué su nombre aparecía en esos papeles. El que también aparecía, y en varias ocasiones, era Manuel Soria Segovia. El padre del ministro era accionista y junto a él aparecía como administrador Manuel Kadi, un empresario canario.

Según explicó el ministro, esta compañía actuó de socia comercial de Consignataria Oceanic, empresa dirigida por su padre para la descarga y aprovisionamiento de los barcos que utilizó la empresa familiar para la exportación de frutas y hortalizas desde Canarias. La versión de Soria mantiene que esta relación se cortó en 1997, cuando él y su hermano Luis Alberto Soria fundaron Oceanic Lines.

La vinculación del ministro en funciones con los paraísos fiscales no termina aquí. Soria trasladó desde Bahamas, donde se encontraba UK Lines Bahamas, a Jersey una sociedad que contaba con el 80% del capital de la empresa que gestionaba junto a su hermano en Reino Unido, Oceanic Lines. En el PP ya no niegan que Soria "no está diciendo toda la verdad".

Pedro Sánchez se ha reunido con los líderes sindicales de UGT y CCOO, que le han dado la razón en la necesidad de articular un Gobierno en torno a las "fuerzas del cambio". Los sindicatos hacen un llamamiento a PSOE y Ciudadanos para que rebajen la "ambición" de su pacto y a Podemos para que "dé una oportunidad" al cambio. El líder socialista, que ha agradecido "su aliento", ha aprovechado para afear a Pablo Iglesias que esté pensando ya en la posible confluencia con Alberto Garzón antes de que acabe el plazo para intentar formar Gobierno, pese a que todas las fuerzas lo dan por imposible.

"Pido al resto de fuerzas que se dejen de pensar en coaliciones electorales y empiecen a trabajar para hacer frente a las urgencias sociales", ha señalado Sánchez en una clara alusión a las palabras de Iglesias, que expresó el miércoles que tiene que sentarse con Alberto Garzón para replantearse la posibilidad de ir juntos a las elecciones. Así, Sánchez ha reprochado que el líder de Podemos que se plantee las conversaciones con IU-Unidad Popular antes de la ronda del rey con las fuerzas políticas convocada para los días 25 y 26 de abril. No obstante, ha evitado responder a la pregunta de si teme que la confluencia de Garzón con Podemos pudiera arrebatar al PSOE la primera posición en la izquierda. El 20D, por separado, IU-Unidad Popular y Podemos sumaron más papeletas que los socialistas.

Esas declaraciones de Sánchez se han producido después de su reunión con los líderes de UGT y CCOO, que han hecho un llamamiento a las "fuerzas del cambio" para que formen un Gobierno que eche andar cuanto antes para hacerse cargo "de los problemas de los ciudadanos". El llamamiento de los dos principales sindicatos es para PSOE, Ciudadanos y Podemos.

A los dos primeros les han pedido que sean menos "ambiciosos" en su acuerdo y que planteen una serie de medidas para lo que consideran esencial: el crecimiento económico, creación de empleo, la lucha contra la corrupción, la negociación con las instituciones comunitarias para que sean más flexibles en el cumplimiento del déficit... A Podemos le han pedido que dé una oportunidad a las conversaciones eliminando las "líneas rojas", aunque han reconocido que no puede sumarse a un pacto que ya le han dado cerrado. "Nadie puede pedir a nadie que apoye un acuerdo cerrado", ha señalado Pepe Álvarez, líder de UGT.

Sánchez ha mostrado de nuevo su disposición a hacer cambios en el documento suscrito con Albert Rivera y ha insinuado que Podemos no dijo la verdad tras la reunión a tres al asegurar que Ciudadanos solo admitiría "retoques" del texto. Así, ha dicho que se trata de una "excusa" para romper las negociaciones: "Si se quiere el acuerdo, no hay excusas", ha dicho el líder del PSOE.

UGT y CCOO han planteado una posibilidad a Sánchez para que la legislatura eche a andar: que dentro de dos años se someta a una moción de confianza. Fernández Toxo ha expresado que se trataría de iniciar la legistaltura con "un punto intermedio", es decir, con la "previa garantía" de que se celebrara esa moción de confianza para evaluar el cumplimiento de los acuerdo.

Podemos descartó precisamente este miércoles esa opción al entender que una moción no supone directamente la dimisión del presidente en caso de que haya una mayoría en su contra y la disolución de las Cortes para la celebración de elecciones, sino que requiere una mayoría alternativa para un nuevo proyecto, según expresó Carolina Bescansa en un acto celebrado en la plaza del museo Reina Sofía. Sánchez se ha comprometido a estudiar esa posibilidad.

La comparecencia de José Manuel Soria en el Congreso para dar explicaciones sobre su aparición en Los Papeles de Panamá será previsiblemente el próximo lunes 18 de abril a las 16:30 horas. Así se lo ha trasladado el letrado de la Comisión de Industria a los portavoces de los grupos, aunque la decisión final debe pasar por la Mesa del Congreso que se reúne esta tarde y que deberá calificar oficialmente la solicitud de comparecencia que el Gobierno registró este martes. 

El PP quería que la comparecencia fuera el próximo martes. El propio ministro en funciones dijo que sería previsiblemente en esa fecha, pero en una reunión de la Mesa de la Comisión de Industria convocada ayer, los portavoces se mostraron partidarios de que fuera el lunes o el miércoles dado que el martes hay otras comparecencias de ministros, según han explicado fuentes socialistas. 

La Mesa del Congreso calificará la solicitud de comparecencia de Soria en su reunión de esta tarde. La cita de los portavoces de Industria se convocó este miércoles tras la sesión de la Comisión en la que precisamente estaba citado Soria para someterse a las preguntas de los grupos sobre asuntos diversos -como el caso Castor o las prácticas anticompetitivas como el dumping social y medioambiental en el sector siderúrgico, entre otras-, pero el ministro en funciones no apareció por la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario.

Soria no ha dado explicaciones desde el martes, pese a la aparición de nuevos datos que demuestran su participación en la empresa UK Lines. El ministro en funciones figuraba en Los Papeles de Panamá, que en España están publicando El Confidencial y La Sexta, por figurar en esa sociedad radicada en Bahamas. También figura como administrador en una con el mismo nombre en Reino Unido. El titular de Industria atribuyó su presencia a "un error" que no alcanzaba a comprender.

No obstante, y pese a que en un principio aseguró no haber tenido -ni él ni su familia ningún tipo de participación en UK Lines-, en una rueda de prensa el martes reconoció que la sociedad británica había pertenecido a su padre "hasta el momento de su muerte". También dijo desconocer si había heredado sus acciones tras su fallecimiento.

Un documento publicado unas horas más tarde reveló que Soria no solo figuraba como administrador en el Registro Mercantil británico -aparición que él calificó de "error"- sino que firmó en el acta anual de esa empresa, tal y como publicó El Mundo. Además, la firma del dirigente del PP sustituyó a la de su progenitor en UK Lines.

La consulta de Podemos a sus bases para determinar su posición ante el pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos ha arrancado este jueves. Los inscritos en el partido deberán decir si apoyan o no el acuerdo sellado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera o si prefieren que Podemos mantenga su defensa de la propuesta de Gobierno de coalición que lanzó el 22 de enero.

El partido cuenta con 397.840 personas inscritas pero el Área de Participación ha optado por establecer un censo de usuarios activos: aquellas personas que lleven más de un año sin entrar en la web y no lo hagan antes de que se cierre el plazo de votación no contabilizarán a la hora de ofrecer los resultados.

En las últimas consultas que ha hecho Podemos a las bases el índice de participación se ha reducido a la vez que crecía el número de inscritos. Es decir, el porcentaje de personas que votaban en los procesos internos del partido se reducía aunque el número neto de inscritos fuera similar. El motivo: el número de inscritos ha crecido desde la primera consulta, en otoño de 2014 para cerrar la Asamblea de Vistalegre.

Desde el Área de Participación aseguran a eldiario.es que las personas que pueden votar en el referéndum suman 397.840. Es decir, todos los inscritos. Aunque "el censo válido para la votación" que figura en la web de Podemos es de "169.851 personas". El partido explica que "si alguien que no ha iniciado sesión en el último año, la inicia ahora, ese censo aumenta de una persona".

"Es una forma más realista de calcular el censo para la participación", aseguran desde el Área de Participación a eldiario.es. En una nota remitida por Podemos durante esta mañana a la prensa, el partido asegura que el objetivo es "que se llegue a un recuento de la participación sobre una base real" de participantes.

En las primeras horas de la votación ya han participado más de 30.000 personas, según el contador en tiempo real que ha hecho público Podemos.

El último gran proceso estatal del partido fue en el verano de 2015, cuando los inscritos en Podemos fueron llamados a las primarias para las elecciones generales y, posteriormente, consultados sobre los procesos de confluencia que se habían puesto en marcha en diversos territorios.

Frente a los 107.488 que votaron en la elección de Iglesias como secretario general en noviembre de 2014, la participación en las primarias de julio de 2015 para formar las candidaturas de las elecciones generales bajó hasta los 59.280 votantes, cuando el censo de inscritos superaba ya los 380.000. Poco después, en la consulta sobre los procesos de confluencia apenas participaron 44.792 personas, un 11,6% de los inscritos entonces.

De quienes sí votaron, un 85% avaló las alianzas territoriales para las generales. Esa disparidad de datos (11% de participación frente a 85% de votos favorables) es lo que quiere reducir Podemos con esta decisión y dar así un resultado más realista sobre un censo que en el partido saben que está hinchado pero al que, de momento, no han metido mano.

La red societaria montada alrededor de José Manuel Soria comienza a desenmarañarse. Anoche, eldiario.es desvelaba que la empresa familiar de los Soria Oceanic Lines estaba participada en un 80% por una sociedad instrumental radicada en Jersey, otro conocido paraíso fiscal en el Canal de la Mancha. Esta mañana El Mundo ha tenido acceso al documento de disolución de esta compañía en 2002, en la que figuran como administadores los hermanos Soria (José Manuel y Luis Alberto). Además, en esta sociedad aparecen dos testaferros, BIBJ Managament y BIBJ Nominees, que a su vez son habituales en Los Papeles de Panamá tal y como desvelan laSexta y El Confidencial.

Los años en los que los Soria tienen implicación con estas empresas de Jersey van desde 1993, dos años antes de que José Manuel Soria entrara en política al lograr la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, hasta 2002, cuando seguía todavía de regidor. Estos dos testaferros lo son a la vez de unos antiguos conocidos de la Justicia española. Se trata de empresas fiduciarias de Canal Trust Company, un vehículo que utilizaba BBV Privanza para montar esquemas societarios opacos a sus clientes españoles. Los Soria disuelven la compañía de Jersey en 2002, cuando en España el escándalo de BBV Privanza está en pleno apogeo.

En su comparecencia el martes en el Congreso, José Manuel Soria negó de plano haber sido cliente de BBV Privanza. Esta filial del banco BBVA era la encargada de proveer de productos fiscales ventajosos a los clientes VIP del banco. El juez Baltasar Garzón instruyó el caso conocido como "las cuentas secretas de BBVA".

Además, Mossack Fonseca aparece como agente en al menos cuatro empresas con testaferros comunes a la que los Soria tenían en Jersey, según los registros mercantiles a los que ha tenido acceso eldiario.es. En Los Papeles de Panamá aparecen hasta 251 sociedades creadas por Canal Trust Company.

Una resolución interna firmada por el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, ha desatado un hondo malestar en gran parte de los investigadores que trabajan en este organismo público. El documento del mayor organismo público de investigación de España, fechado el 6 de abril, que la presidencia de la Agencia Estatal ha hecho llegar a todos los departamentos, culpabiliza de la paralización de nuevas contrataciones a los trabajadores que han litigado contra el Consejo para exigir sus derechos laborales.

El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es (ver abajo), establece "las actuaciones a desarrollar al objeto de reducir los desequilibrios generados por el ingreso de personal indefinido en cumplimiento de sentencia en los Institutos, Centros y Unidades ('CU) del CSIC".

Según argumenta Lora-Tamayo, "las demandas presentadas contra el CSIC por trabajadores contratados con cargo a proyectos de investigación que han dado lugar a sentencias judiciales contrarias a los intereses de esta Agencia" están suponiendo "un grave perjuicio para el desarrollo de una adecuada política de recursos humanos".

Toda esta problemática viene derivada porque hasta hace aproximadamente dos años el CSIC impedía que los inscritos en su bolsa de empleo que hubieran encadenado contratos durante un año pudieran ser elegibles para un puesto durante otros cuatro meses. De esta forma, se evitaba que estos trabajadores adquirieran la condición de indefinidos. La situación fue denunciada por CCOO, que exigió la erradicación de estas prácticas.

Las demandas durante aquella etapa llovieron y decenas de estos investigadores terminaron ganando los pleitos en los tribunales teniendo que ser reconocida  su condición de indefinidos tras encadenar varios contratos temporales.

"Aplazar contrataciones"

Esta situación tan elevada de litigios, a juicio del presidente de este organismo científico, va a obligar, en primer lugar, a "aplazar cualquier nueva autorización de contratación de personal a solicitud de los investigadores y grupos en cuyo ámbito haya demandas pendientes, hasta la resolución de las demandas", dice la circular.

Y, en segundo lugar, a "modular la autorización de contratación de personal a solicitud de los investigadores y grupos afectados por resoluciones judiciales contrarias al CSIC".

Según los datos que desgrana el organismo, entre enero de 2005 y diciembre de 2015, un total de 1.231 investigadores volvieron a ingresar en el Consejo "en cumplimiento de sentencias". "El coste económico que para el CSIC tienen estas prácticas ha sido y es significativo". Según sus cálculos ha superado los 2,6 millones de euros durante los últimos tres años.

Una antigua investigadora del centro que prefiere preservar su nombre considera "intolerable y terrible" que el propio presidente del organismo vuelque la presión directamente de los grupos de investigación a los propios investigadores que han regresado a su trabajo. "Es una manera de culpabilizarles de una situación a todas luces injusta".

Esta investigadora recuerda que para reivindicar sus derechos, un grupo de trabajadores creó la plataforma Afectados por la Bolsa de Empleo del CSIC. Incluso denunciaron que había una lista negra con aquellas personas que habían llevado a los tribunales al organismo.

La situación, a juicio de esta antigua investigadora que sigue en contacto con compañeros que están actualmente trabajando pero que también temen hablar, no ha variado demasiado. Sigue habiendo precariedad laboral y pocos medios debido a los fuertes recortes de presupuesto que ha realizado el Gobierno del PP en I+D+I a lo largo de estos años.

"La fuga de cerebros no existe"

La gestión de Lora-Tamayo al frente de organismo investigador, del que ha sido presidente en dos etapas diferentes con Gobiernos del PP, sigue siendo muy cuestionada. Muchos científicos no olvidan unas declaraciones suyas realizadas en noviembre de 2014 en las que aseguró que la fuga de cerebros en España "no existe", "es una leyenda urbana exagerada".

El malestar por la decisón de la presidencia del organismo ha tenido una contundente respuesta del sindicato CCOO del CSIC. En un duro comunicado, y tras explicar que han esperado un tiempo prudencial "para digerir esta nueva agresión contra el personal del organismo por parte de la presidencia y sus gestores", el sindicato califica la resolución de "caza de brujas que no tiene parangón en la Administración Pública". Y las enmarca "dentro de una ofensiva generalizada contra las Instituciones Públicas y sus empleados, tratando de imponer un modelo neoliberal de gestión".

"Acosados por el fracaso de sus políticas de personal, el CSIC intenta ahora criminalizar al personal, amenazando con castigar a los centros y grupos de investigación donde los trabajadores litigien ejerciendo sus derechos", afirman.

Oferta 275 nuevas plazas para 2016

Ante el malestar generado, la presidencia del Consejo ha reaccionado ofreciendo nuevas plazas para este año 2016. En un comunicado de hoy mismo se informa que "la convocatoria del CSIC contará con 165 plazas libres de nueva creación y 110 plazas de promoción interna". Es decir, un total de 275 plazas.  "Son plazas de profesor de investigación, investigador científico, científico titular, técnico superior especializado, técnico especializado y ayudante de investigación", aclaran.

"Una vez conocida la asignación de ofertas y los procesos de acceso a las plazas de los Organismos Públicos de Investigación centralizados por la Secretaría de Estado de Investigación, Innovación y Desarrollo, la distribución para el CSIC supondrá 165 plazas libres y 110 de promoción interna", remarca el comunicado. Esta redacción intentó conocer la opinión del organismo, sin éxito.

La brecha de ingresos que separa a los menores más empobrecidos en España de la media es la cuarta más grande de la Unión Europea. En concreto, nuestro país ocupa el puesto 36 de un listado de 41 en equidad (incluyendo a países también de la OCDE), solo por encima de México, Bulgaria o Rumanía. Esa distancia, que mide el informe de Unicef 'Equidad en los niños' presentado este jueves, ha aumentado casi siete puntos desde 2002 y es del 62%, frente al 37% de países como Noruega.

El documento de Unicef disecciona, a través del análisis de 41 países desarrollados, la igualdad entre los menores a través de cuatro indicadores –ingresos, educación, salud y satisfacción vital–. El empeoramiento en el primer parámetro es evidente, a la luz de los datos; mientras en el segundo (sobre la base del informe PISA) y tercero (que atiende a la frecuencia de ciertas dolencias) se observa cierta estabilidad pese a los recortes de los últimos años. 

La peor parte se la lleva la satisfacción vital de los menores, es decir, cómo se sienten con la vida que tienen: España es el tercer país de los 41 que más ha empeorado y se sitúa en el puesto 24 de 35 (no todos midieron todos los parámetros). Especialmente preocupante, según Unicef, son los niveles de satisfacción expresados por los niños y niñas de origen migrante, a menudo por debajo de la media.

Desde la organización, no obstante, advierten de que "no siempre es bueno que haya poca brecha". "Si se ha acortado la diferencia porque la media es mucho más baja no es una buena noticia", explica Gabriel Sánchez, especialista en Políticas de Infancia.

Con todo, el informe puntualiza que "el estudio de la desigualdad y sus efectos se topa de manera recurrente con la inexistencia o mala calidad de los datos". "Hay grupos escondidos de niños que no aparecen en las encuestas y cuya situación es relevante para el análisis, como los que están en escuelas especiales o los que representan la situación de las comunidades gitanas en distintos países europeos", explica el documento.

Dinamarca es el país que menos brecha presenta en el conjunto de las dimensiones. Es el único, de hecho, que se sitúa en el primer tercio de la tabla en todos los parámetros. También son paradigmáticos para Unicef los casos de Canadá, Francia, Italia o Luxemburgo, con altos ingresos pero en la parte inferior de la clasificación. "Esto indica que unos niveles de renta altos no significa una reducción de la inequidad. No solo hay que poner esfuerzo en el desarrollo económico", puntualiza Sánchez.

El informe pone también de relieve, en el caso de España, la ineficacia de las políticas públicas para mejorar la vida de los menores. "Nuestro gasto en infancia no es suficiente y no está bien focalizado. No están siendo suficientes para sacar a los más desiguales de este pozo", argumenta Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia.

España es el país de la UE que dedica menos porcentaje de su PIB (0,5%) a prestaciones para la infancia y las familias, pese a que la tasa de pobreza infantil alcanza el 36%. Según estimaciones de la organización, la inversión en políticas de infancia del conjunto de las administraciones por menor "disminuyó en más de 6.300 millones de euros entre 2010 y 2013, a pesar del incremento de los niveles de necesidad".

Los recortes y la LOMCE no ayudan

Unicef ha insistido en que el riesgo de pobreza se ha ido desplazando desde los años 80 de los mayores a los jóvenes y menores. Y propone para atajarlo el aumento de la prestación social por hijo a cargo de 291 a 1.200 euros al año. "16 países europeos cuentan con ayudas universales de este tipo y han dado resultados", justifica Gabriel Sánchez. Actualmente hay en España 8.200.000 menores, el 18% de la población.

Para la organización, la ley educativa en vigor (LOMCE) no ayuda a "atacar la inequidad". Tampoco han favorecido a los menores los recortes en la educación pública de los que advierten "podrían verse los resultados en los próximos años. "El impacto puede manifestarse en el futuro, no es tan inmediato como el de los ingresos, por ejemplo", apunta Gabriel Sánchez.

El informe 'Equidad de los niños' ha tratado de medir también "el volumen de actividad parlamentaria como termómetro del nivel de compromiso y prioridad otorgados por la clase política española" a la infancia. Según la información recopilada, durante la legislatura se han celebrado 550 actos parlamentarios relacionadas con este ámbito, pero "más del 90% de esta actividad corresponde a preguntas al Gobierno y a iniciativas de orientación política que carecen del potencial transformador de las leyes". Estas solo representan el 9% de la actividad en el Congreso entre 2011 y 2015.

Aunque el documento valora positivamente algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno (como II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia o el Fondo Extraordinario contra la Pobreza Infantil), critica que "ninguna de las más de 50 iniciativas legislativas presentadas por la oposición fue aprobada". Versaban sobre cuestiones tan dispares como la mejora de las prestaciones por hijo a cargo, el sistema de permisos y prestaciones por paternidad o maternidad o la pobreza energética.

La vida política de José Manuel Soria se apaga. Su dimisión se producirá "en cuestión de horas", según aseguran a eldiario.es fuentes del entorno de Mariano Rajoy. Soria ya no acudirá al Consejo de Ministros de mañana porque "ha excusado su presencia", afirman desde Moncloa a eldiario.es. El argumento oficial es que el todavía ministro en funciones estará preparando su comparencia del lunes. 

"Estamos en ello". Así de contundente se mostraba un dirigente del Partido Popular preguntado esta tarde sobre la posibilidad de que José Manuel Soria presentara su dimisión. Rajoy ha querido esperar a que el propio ministro diese el paso definitivo, sin presionarle demasiado pero dándole a entender que la situación se había convertido en insostenible. 

La dimisión inminente de Soria evitaría a Soraya Sáenz de Santamaría tener que dar la cara por él en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros convocado para mañana. Se trata de la opción más probable, según las fuentes consultadas. No obstante, el todavía ministro intentó convencer esta tarde a sus interlocutores para aguantar hasta el lunes y poder dar explicaciones en el Parlamento. La decisión no está cerrada pero todas las opciones se decantan por la solución más rápida: que Soria dimita ya y la comparecencia se suspenda. 

En Génova dan por seguro que la caída de Soria será a todos los efectos y que tendrán que buscar un nuevo cabeza de cartel para Las Palmas en el probable escenario de repetición de elecciones.

El enfado con el ministro es monumental. La convicción de sus palabras en las primeras ruedas de prensa en las que se defendió del escándalo de los papeles de Panamá movió a muchos de sus compañeros a salir en su respaldo. Después llegaron nuevos datos: el registro mercantil de Reino Unido, Bahamas, Jersey...

El ministro forma parte del grupo del Gobierno que se ha enfrentado frontalmente contra la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Rajoy decidió poco antes de las elecciones desequilibrar el enfrentamiento y apostó por el canario. En una decisión que causó sorpresa, el presidente quitó a su número dos las competencias sobre las adjudicaciones públicas de nuevas licencias de televisión. El receptor de tal alta responsabilidad fue José Manuel Soria. 

La relación de Rajoy con Soria es intensa desde hace años. El presidente se apoyó en el canario para tejer su estrategia de aguantar sin mover un pie cada vez que un nuevo caso de corrupción llamaba a las puertas del PP. Soria era para Rajoy el ejemplo del político constantemente acusado de algo de lo que siempre ha acabado librándose. Esa destreza parece que no ha servido esta vez.

En la antesala de las elecciones de 2011, el presidente y su ministro compartieron muchas horas en las constantes visitas que Rajoy realizaba a las islas para visitar a su padre. De aquellos encuentros queda un intenso registro gráfico a través del videoblog que el propio Rajoy puso en marcha bajo el nombre "Rajoy en acción". De confirmarse la dimisión del ministro será difícil volver a verle junto al presidente cuando Rajoy compra el Marca en una estación de servicio.     

Diciembre de 2014. Gobierno y agentes sociales firman un acuerdo para poner en marcha una nueva ayuda para parados de larga duración que no cobren prestaciones. Un año y cuatro meses después, los datos revelan que el programa apenas ha tenido impacto: el Ministerio de Empleo solo ha ejecutado el 15% del presupuesto destinado a la ayuda y solo 100.000 personas han cobrado los 426 euros que se concedían.

El llamado Programa de Activación para el Empleo tenía dos objetivos: llegar a entre 400.000 y 450.000 personas en situación precaria y aumentar la tasa de cobertura social, que no paraba de caer, en ocho puntos. Sin embargo, a 31 de marzo, el Ministerio de Empleo contabilizaba 99.410 beneficiarios. Y según los últimos datos, la tasa de protección social se sitúa en el 54,7%, tres puntos por debajo de la que existía en diciembre de 2014, del 57,6%.

Este número tan reducido de beneficiarios sobre la previsión inicial es lo que ha hecho que el presupuesto destinado a la ayuda apenas se consuma. De los 1.200 millones asignados, Empleo solo ha gastado 182,05 millones, es decir, el 15% del presupuesto. La ayuda caduca este viernes y el Gobierno aún no ha anunciado si la prorrogará y, si lo hace, con qué condiciones. 

Otro de los compromisos del programa era que los servicios públicos de empleo realizaran itinerarios personalizados a cada persona para tratar de insertarla en el mercado de trabajo. En este caso los datos tampoco acompañan: Empleo señala que apenas 15.212 beneficiarios han encontrado un empleo.

Aplicación restrictiva

CCOO y UGT denuncian que el Ministerio ha hecho una aplicación restrictiva del subsidio que ha impedido llegar a los potenciales beneficiarios. Los sindicatos aseguran que durante los últimos meses se han dirigido en varias ocasiones al Gobierno para hacerle llegar su queja y proponerles una adaptación del programa que permitiera llegar a más gente.

Empleo se reunió con representantes sindicales y empresariales para valorar la evolución del programa. El compromiso, no obstante, tal y como fijaron en 2014, era hacer la evaluación tres meses antes de que expirara la ayuda.

Pedro Sánchez ha tirado la toalla y ha dado por perdidas las esperanzas que ha albergado desde el 20D de poder formar Gobierno. A pesar de los llamamientos públicos a Podemos para que "desbloquee" la situación, en el PSOE cunde el desánimo tras el fracaso de la reunión a tres. El candidato socialista hizo un último llamamiento a Pablo Iglesias pidiéndole la abstención pero fue una mera utilización más del relato puesto que el PSOE lleva semanas sin intentar convencer al resto de sus interlocutores, cuyo voto favorable sería imprescindible en el caso de que Sánchez pretendiera ser presidente gracias al voto en blanco de los diputados de Podemos-En Comú-En Marea.

La dirección del PSOE vio más claro que la balanza se inclinaba definitivamente hacia la repetición electoral el 26-J después de que Pablo Iglesias diera por zanjadas las conversaciones y traspasara la decisión sobre secundar el pacto PSOE-Ciudadanos a las bases de la formación. Los socialistas piensan que la pregunta está dirigida a un 'no' masivo en la consulta. A partir de ahí, todas sus actuaciones se han dirigido a responsabilizar a Podemos de que se tengan que celebrar de nuevo los comicios.

Así, respondieron a sus 20 propuestas asegurando que hay un 70% de puntos de encuentro entre ambas formaciones, pese a que Podemos siempre ha sostenido que el problema para que no haya acuerdo es Ciudadanos. Después el PSOE cargó con beligerancia contra Iglesias: "No es de fiar", exclamó Antonio Hernando, que negó cualquier intento más por acercar posturas: "El tiempo para ofertas y contraofertas ya pasó". 

Pero apenas 24 horas después Sánchez sorprendió a los suyos al pedir a Podemos que "desbloquee" la situación y le deje gobernar. En el sector más crítico con el líder socialista molestó esa nueva salida de Sánchez porque entendieron que era un nuevo giro en el guión de Ferraz, a quien acusan de no haber sabido mantener una estrategia definida desde el varapalo electoral.

Además, Sánchez hizo un llamamiento a Iglesias pidiéndole que le dejara sacar adelante la investidura mediante la abstención. Sin embargo, es en balde porque, aunque Podemos se abstuviera, PSOE y Ciudadanos necesitarían el voto favorable de Compromís, PNV e IU-Unidad Popular además del de Coalición Canaria para sacar más síes que noes en esa hipotética votación.

Sin hablar con los demás

El PSOE no ha mantenido el diálogo con esas fuerzas durante este tiempo. El último "contacto informal" con Compromís fue hace más de una semana, según han confirmado a eldiario.es desde la coalición valenciana. La formación de Mónica Oltra admite, además, que sería complicado votar en la investidura algo distinto que Podemos, con quien concurrieron en las elecciones, y aseguran que la negociación con el PSOE buscó también presionar a Iglesias en un primer momento para que se sentara. 

Tampoco con IU-Unidad Popular hubo ningún tipo de avance desde Semana Santa ya que los de Alberto Garzón dejaron en el aire hasta ver qué pasaba con Podemos, ya que sin sus diputados el acuerdo era inviable. El último contacto con Garzón fue el día antes de la reunión a tres y, tras ella, para IU-Unidad Popular quedó claro que no había ningún margen para el diálogo, según fuentes de su equipo negociador. Con el PNV tampoco ha habido más contactos. 

El PSOE se esfuerza por dejar claro que la pelota está en el tejado de Podemos y creen que en la batalla por el relato conseguirán convencer a la opinión pública de que Sánchez lo ha intentado todo por evitar la repetición de las elecciones. "Esto nos puede permitir estar hablando de anguitazo durante 20 años", expresaba un diputado el miércoles. 

PSOE y Ciudadanos han renunciado, además, a presentar las actualizaciones de su pacto derivadas de las incorporaciones que les plantearon las organizaciones con las que se reunieron tras la investidura fallida. Fuentes socialistas aseguran que las aportaciones se incorporarán al texto, aunque reconocen que "no tiene mucho sentido" hacerlo públicamente "tal y como se han puesto las cosas". En algunos sectores del PSOE se preguntan ahora cuándo se va a producir el "divorcio" con Ciudadanos y ven con preocupación cómo se va a articular el discurso de los socialistas ante el 26-J tras pactar con Rivera.

Así las cosas, Ferraz se ha puesto en modo precampaña. Sánchez ha iniciado una ronda por varias comunidades, especialmente en Andalucía. El líder del PSOE visitó la Feria de Sevilla este miércoles, donde se encontró con la presidenta andaluza, Susana Díaz, aunque en el PSOE-A su visita no sentó muy bien. Además, tiene actos preparados este viernes en Córdoba y Granda y en Málaga el sábado. El domingo estará en Valladolid. 

Los socialistas no creen que vaya a haber un cambio de última hora y, por el momento, no lo están intentando. La dirección dijo que no habría nuevas ofertas a Podemos, aunque Sánchez ha transmitido a los sindicatos que pensará en la opción que plantean de someterse a una moción de confianza en un par de años a cambio de que permitan que la legislatura eche a andar.

La próxima decisión que tendrá que tomar Ferraz será cómo reelige al candidato a la presidencia para lo que tendrá que modificar sus normas, ya que con el actual reglamento de primarias los plazos no dan. En el PSOE dan por hecho que será el candidato y que no tendrá rival, pese a que Díaz transmitió a sus partidarios su intención de dar la batalla por el liderazgo del partido. Pero aceptó que se pospusiera el Congreso en el que se iba a votar de nuevo al secretario general y se produjo un repliegue de fuerzas. Incluso los suyos dan por hecho que no dará la batalla por la candidatura y que su el futuro se escribirá tras las elecciones que ven inevitables. 

Desde que se dio a conocer que José Manuel Soria fue administrador de una sociedad offshore que aparece en los Papeles de Panamá, la red societaria montada alrededor del actual ministro de Industria comienza a desmarañarse. Al final, parece que todos los caminos de la familia Soria conducen al paraíso, fiscal en este caso. Bahamas, Panamá, Jersey son los refugios fiscales vinculados a su entramado empresarial. Una información que nace a partir de los documentos publicados por El Confidencial y La Sexta, en colaboración con Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto con las nuevas revelaciones de eldiario.es y El Mundo.

Tras las contradictorias explicaciones del ministro Soria sobre su vinculación con una sociedad registrada en Bahamas, eldiario.es desvelaba que la empresa familiar británica Oceanic Lines estaba participada en un 80% por una sociedad instrumental radicada en Jersey, otro conocido paraíso fiscal en el Canal de la Mancha. Una sociedad en la que también figuran como administadores los hermanos Soria (José Manuel y Luis Alberto), según los documentos a los que tuvo acceso El Mundo. Un entramado que también tiene sus vínculos con la trama de evasión fiscal de BBV Privanza.

La confusión es comprensible con tantos nombres, empresas, sociedades e intermediarios. Por ello, explicamos, paso a paso, cuáles han sido las conexiones del actual ministro de Industria con paraísos fiscales de todo el mundo. 

Una presencia societaria con vinculación en paraísos fiscales que coincide en el tiempo con su cargo como regidor de la capital de la provincia de Las Palmas. La información publicada por El Mundo demuestra que José Manuel Soria fue administrador de la sociedad instrumental en Jersey hasta 2002, cuando todavía era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y un año antes de convertirse en presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria.

Las nuevas revelaciones muestran como los vínculos del actual ministro de Industria con distintos paraísos fiscales se remontan a épocas donde ya ocupaba cargos públicos. Por el momento, José Manuel Soria no ha vuelto a dar explicaciones tras las últimas declaraciones del martes por la tarde. Hasta ahora, todos sus vínculos con empresas registradas en paraísos fiscales han sido negados por el ministro. Sin embargo, todos los caminos de Soria nos llevan a ellos.