El ministro de Educación ha vuelto a hablar de las razones que le llevan a pensar que un estudiante sin recursos debe tener un rendimiento mínimo en la universidad para recibir una beca que le permita pagar las tasas. "La pregunta que hay que hacerse es si ese estudiante que no puede conseguir un 6,5 está bien encaminado o debería estar estudiando otra cosa", ha dicho José Ignacio Wert en una entrevista en Los desayunos de TVE, en referencia específica a aquellos que reciben ayuda pública para poder estudiar en igualdad de condiciones que sus compañeros.

Varios colectivos en defensa de la educación pública han denunciado en las últimas semanas que se incurre en una injusticia al exigir a los jóvenes con menos dinero que rindan por encima de sus compañeros para acceder a la misma programación educativa. "Un 6,5 no es una exigencia exagerada", ha insistido Wert, "está por debajo de la media del resto de alumnos".

Además, el ministro niega que esté sacando adelante la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en solitario. "Ve mi agenda y he dedicado el 70% de mi tiempo a hablar, a dialogar", ha dicho. "Lo que no se va a incorporar a la reforma son los argumentos inmovilistas que se niegan a afrontar la reforma", ha precisado.

Rechazo de la comunidad educativa

Los rectores de las universidades españolas calculan que la mitad de los becados podría perder las ayudas con los nuevos requisitos y han dejado solo al Gobierno se queda solo en su defensa del endurecimiento de los méritos académicos necesarios para obtener y conservar las becas. Los rectores sostienen que las ayudas son un derecho y no un premio al rendimiento o a la brillantez de los alumnos.

Tras el rechazo del Consejo Escolar y de los consejeros autonómicos, los rectores de las 75 universidades españolas piden la retirada del borrador y el retorno a la política de becas de la administración anterior. "Parece que el que es más pobre tiene que ser más inteligente", resumía el rector de la Universidad Complutense, José Carrillo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha inadmitido este lunes la solicitud de amparo remitida por el juez de Instrucción de Madrid número 9, Elpidio José Silva, instructor del "caso Blesa", ante las presiones que dice sufrir desde distintos ámbitos.

En su escrito, el magistrado que mantuvo 15 días en prisión al expresidente de Caja de Madrid Miguel Blesa dice sufrir injerencias en su trabajo por parte de la Fiscalía de Madrid, de miembros del propio CGPJ y de algunos periodistas.

La semana pasada, fuentes del CGPJ aconsejaron al juez Silva que presentara por escrito y formalmente solicitud de amparo tras denunciar durante un acto público estar sufriendo "todo tipo de presiones" y "muchísimas injerencias".

El extécnico de la NSA hace escala en Moscú a la espera de viajar a Ecuador. EEUU recuerda que ha revocado su pasaporte y que no debería ser admitido en vuelos internacionales. Wikileaks está apoyando a Snowden y Baltasar Garzón estudia el caso.

José Saturnino Martínez es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Fue vocal asesor en el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2011 y en la actualidad es profesor de Sociología en la Universidad de La Laguna. Experto sobre desigualdades en Educación, colabora con el espacio de debate político Agenda Pública.

Las reformas en el sistema de becas, ¿cómo incrementan la desigualdad?

Hay dos puntos fundamentales. El primero, es que genera incertidumbres entre aquellos más sensibles a ellas y, el segundo, es que la mejora de la eficiencia se hace a costa de las clases populares. La exigencia de nota sólo es para los más pobres, sólo recae sobre la parte más débil, por lo que se quedan fuera los que no pueden pagar desde el momento en el que la nota es un requisito fundamental.

¿A qué se refiere con las incertidumbres?

Porque de un año para otro cambiará el dinero disponible para becas. Habrá una bolsa de dinero y los becados no siempre serán los mismos de un curso para otro. Las familias no van a poder planificar los estudios universitarios de sus hijos porque no van a saber si al año siguiente podrán seguir disponiendo de ayudas. La inseguridad es enorme precisamente para quienes más necesitan saber si van a tener o no dinero para los estudios de sus hijos. Las personas que menos dinero tienen son las más sensibles a los riesgos, las que más se retraen si hay incertidumbre económica.

¿Dónde radica el principal cambio con el sistema actual?

En época de José Luis Rodríguez Zapatero se puso en marcha un sistema que traía de cabeza a Hacienda, porque consistía en no poner un límite al dinero para las becas, sino en dar becas a quienes cumplían una serie de requisitos. La clave estaba en los requisitos, no un fondo dado que se repartía hasta que se agotara. En términos presupuestarios era complicado, porque las partidas no eran previsibles, había flexibilidad.

¿Y cómo será ahora?

La LOMCE mantendrá una parte de los requisitos, pero, en líneas generales reduce la cuantía del dinero destinado a becas y, por otro, aumenta la nota hasta el 6,5  para conservarlas. Habrá un dinero determinado de becas y de beneficiarios, en lugar de lo que había antes, en el que el dinero se adaptaba a los estudiantes que cumplían con los requisitos.

¿Cuál es el perfil del estudiante universitario?

Hay que tener en cuenta que el fracaso escolar, es decir, los que no pasan de la ESO, afecta al 30% de las clases más bajas, mientras que sólo al 5% de las clases más altas. En el paso a la universidad, que en el caso de la pública está subvencionada con dinero público, ya se produce una brecha.

Messi ha realizado este pago de forma voluntaria después de que un juzgado de Gavà (Barcelona) haya imputado al futbolista y a su padre por presuntamente haber defraudado más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria entre 2006 y 2009 correspondientes a sus derechos de imagen, y les haya citado a declarar el martes 17 de septiembre.

El diario 'La Vanguardia' adelanta en su edición de este lunes que Leo Messi ha presentado en los últimos días declaraciones complementarias de la Renta (IRPF) del 2010 y el 2011 y ha pagado al fisco 10 millones de euros adicionales. La noticia, añade el periódico, podría implicar que el jugador está buscando un acuerdo con el erario público para abonar las cantidades que éste le reclama, correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009.

Según la Fiscalía, la supuesta estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales --Belice y Uruguay-- y, paralelamente, formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza.

De este modo, los ingresos del futbolista transitaban presuntamente desde estos países europeos hasta las sociedades ubicadas en los paraísos fiscales sin someterse prácticamente a tributación alguna en la Hacienda Pública, según el escrito del fiscal.

EL PADRE, IDEÓLOGO.

Para el fiscal, el padre del futbolista, Jorge Horacio Messi Pérez, es el presunto ideólogo de este fraude cuando el jugador era menor, ante las expectativas del elevado valor económico de la cesión de sus derechos de imagen.

Cuando Messi cumplió la mayoría de edad, la Fiscalía cree que consintió la táctica de su padre para defraudar a lo largo de 2006, 2007, 2008 y 2009 al FC Barcelona, Banco Sabadell, Danone, Adidas, Pepsi-Cola, Telefónica y Kuwait Food Company, entre otros, a sabiendas de que no pagaba ningún tipo de impuesto por la cesión y explotación de dichos derechos.

De este modo, los ingresos netos obtenidos por Messi ascendieron a 2.558.771 euros en el ejercicio de 2007, 3.817.733 en 2008; y 3.798.181 euros en 2009.

Una asociación llamada En defensa de la democracia presentó este sábado una querella por prevaricación y coacciones contra Álvaro Domínguez Calvo, instructor del expediente disciplinario abierto al juez del caso Blesa, Elpidio José Silva, así como contra la fiscal María José Rodríguez Abadía y el magistrado del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid Juan Antonio Toro Peña, que sustituye a Silva tras su recusación en el caso del crédito otorgado por Cajamadrid a Díaz Ferrán.

La querella tiene que ver con la actuación del instructor, Álvaro Domínguez Calvo, que solicitó el pasado 19 de junio al Juzgado de guardia de Madrid (que en ese momento era el de Toro Peña) para que se personase un médico forense en el domicilio de Carlos Yunta, abogado de Silva en ese expediente.

El Consejo General del Poder Judicial abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario al juez Silva por diversos motivos. El pasado 16 de junio, el abogado de Silva, Carlos Yunta no se presentó a la práctica de una prueba testifical, justificando su ausencia con el correspondiente parte de baja médica por un cólico nefrítico severo.

Como consecuencia de este hecho, Domínguez Calvo, a petición de la fiscal Rodríguez Abadía, envió un forense de guardia al domicilio del abogado para comprobar si la baja médica era cierta. En la querella se considera que esa resolución es incompetente e injusta porque el juez interviene en ese expediente como funcionario público y no como instancia jurisdiccional "pues tramita un expediente de carácter claramente administrativo" y no debió requerir al Juzgado de Guardia de Diligencias de Madrid como si de una causa judicial se tratase.

En la querella, firmada por Milagros Hernández Calvo y el abogado Reinaldo López, se destaca que "es totalmente improcedente desplazar a un forense de guardia para indagar si un letrado se halla o no enfermo". "Se trata —añaden— de un hecho desmesurado sin ningún precedente. En la historia de un país que ha pasado por cuarenta años de dictadura, jamás se ha practicado una actuación tan desproporcionada por el instructor de un expediente disciplinario".

Los firmantes consideran que si Domínguez Calvo pensó que Carlos Yunta mentía debió acudir a la Inspección médica o deducir testimonio para que se incoasen diligencias penales, "en cuyo seno, desde luego, el desplazamiento del forense al domicilio del letrado se hallaría totalmente injustificado, pues, no se subsume en una actuación urgente propia del servicio de guardia" y que el Reglamento de asuntos accesorios no contempla el menor título habilitante al respecto.

Por otra parte, el pasado jueves el juez Domínguez Calvo requirió a Silva, a través de una resolución a que cambiase de abogado en el expediente. Este hecho se considera que pretende acelerar de modo injustificado "y exorbitantemente desviado el citado expediente disciplinario".

La asociación cree que el expediente es "totalmente infundado, carente de base, ambiguo, disperso y manifiestamente constitutivo de indefensión" y que esos excesos se quieren encubrir "acelerando torticeramente la tramitación", así como dejando indefenso al juez, puesto que su abogado es quien conoce a fondo la marcha del expediente. Aseguran que estos hechos incrementan "una situación de acoso institucional ya en marcha".

Falciani tiene una nueva etapa dentro de su periplo contra la evasión fiscal. Después de ayudar a las justicias estadounidense y española, el exempleado del HSBC Hervé Falciani ha pasado unos días en Francia, donde supuestamente habría iniciado su colaboración con la Justicia gala, y esta misma semana aterriza en un nuevo destino: Bélgica.

Falciani ha sido citado en los próximos días a declarar como testigo por un juez de primera instancia de Bruselas en un caso de evasión fiscal, según publica el diario local Le Soir. Hasta ahora, la conocida como "lista Falciani" no había pasado por un proceso judicial en Bélgica, donde se habría llegado simplemente a acuerdos fiscales con una gran parte de los clientes que aparecían en el primer listado que llegó en 2009 (en el mismo proceso que a España llegó la información de la familia Botín) con datos extraídos de la filial suiza del banco HSBC.

Tras la vista de extradición en España, que devolvió a Hervé Falciani al foco mediático en Europa, la fiscalía francesa reabrió las causas pendientes en el país galo y ahora Bélgica ha hecho lo mismo. Pese a su reducido tamaño, el enclave belga es fundamental en las tramas de blanqueamiento de dinero en Europa. Amberes es conocida como la capital internacional del diamante, uno de los productos más utilizados por la banca suiza para blanquear dinero, según algunas fuentes conocedoras de estos procesos.

Precisamente, la información sobre HSBC fue clave para que la fiscalía española pudiera entender las conexiones internacionales de la red de blanqueo de capitales de Gao Ping, la que se conoce como Operación Emperador. Uno de los cerebros de la trama de Gao Ping es el ciudadano belga Francois Leiser que ya había sido detenido en los años ochenta por blanqueo de capitales con diamantes.

Según publicó la prensa en 1986, Leiser protagonizó una llamativa huida de Amberes después de depositar una fianza de 150.000 dólares de la época. Leiser, que aparentemente regentaba una casa de cambio en Amberes, se ofreció mediante dos periódicos belgas a regresar al país a cambio de que liberaran a sus colaboradores y le ofrecieran un trato justo. Sobre su casa de cambios pendía una multa de 50 millones de dólares (de 1986) por evasión fiscal. Leiser llegó a reconocer que blanqueó dinero de al menos 800 marchantes de diamantes por valor de 1.000 millones de dólares.

Según las hemerotecas, Leiser lleva ayudando a las fortunas españolas a comprar diamantes con dinero negro desde 1977. Más de 35 años de dedicación que le han supuesto la confianza de una tupida red de ricos, entre los que figuran familiares del rey.

El francés, que ofreció una serie de entrevistas a eldiario.es a principios de mes, encadena con Bélgica el quinto país con el que colabora en su huida hacia adelante. Así, después de huir de Suiza a Francia, Falciani ha logrado ayudar con su conocimiento a las fiscalías estadounidenses, donde multaron a HSBC con casi 2.000 millones de dólares por blanqueo de capitales, española, francesa, italiana y ahora belga. A Falciani le tocó huir para encontrar asilo, huyendo de la orden de búsqueda y captura de Suiza. El informático insiste en todo momento en que las fiscalías trabajen juntas para desactivar este tipo de redes, al igual que lo hacen los que las conforman.

La semana pasada, la Comisión Europea llamó la atención a Bélgica por no haber traspuesto a su directiva local los mecanismos necesarios para evitar la evasión fiscal. Bélgica no aplica los criterios de transparencia financiera e intercambio de información mínimos que se exigen a los países de la UE.

Una beca era, hasta ahora, una "subvención para realizar estudios o investigaciones". Y, siempre según la RAE, becar era "sufragar o conceder a alguien una beca o estipendio para estudios" a quien no pudiera por su situación económica, costeárselos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha añadido a esa definición un anexo condicionante que podría resumirse así: una beca o estipendio que se otorga sólo a los estudiantes cuyo rendimiento académico sea superior al necesario para aprobar y cuya cuantía depende de las calificaciones obtenidas.

Con esta salvedad el Ministerio de Educación ha cambiado por completo la fórmula con la que se calculaban estas subvenciones con el objetivo de premiar a los alumnos brillantes. O para dejar fuera a los sencillamente buenos. Lo ha defendido el ministro José Ignacio Wert al asegurar que si un universitario saca menos de un 6,5 "debería estar estudiando otra cosa". El borrador del nuevo decreto que regula las ayudas hace lo propio con el mismo argumento pero con algo más de tacto: "La política de becas y ayudas al estudio debe ser un instrumento de estímulo a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de los niveles superiores del sistema educativo".

El problema es que incorporar el elemento académico a la ecuación podría no sólo dejará fuera a miles de estudiantes –el propio ministro ha reconocido 18.840 becados menos el último curso con requisitos menos restrictivos que los que propone para 2013-2014– sino además generar desigualdades entre los propios beneficiarios. Esto es, que a un estudiante con menos recursos le tocara una asignación más baja que a otro con mayores ingresos pero mejores notas. "No se sabe aún cómo va a funcionar. Ni siquiera el ministerio podía explicarlo con claridad", explica Montserrat Milán, profesora miembro del Consejo Escolar del Estado.

Esto genera, además, un doble inconveniente para los estudiantes y las universidades. Hasta que no se resuelva la solicitud –y esto puede ser bien entrado el curso– no se sabe cuánto dinero se asigna al becario, y por lo tanto las familias no pueden calcular si con esa ayuda bastará para cubrir los gastos. Muchos universitarios se han enterado hace un par de meses de que su solicitud había sido rechazada, por lo que han sido o están siendo expulsados por no poder abonar la matrícula después de haber cursado todo el año. Los estudiantes se quedan sin carrera y las universidades sin ingresos, en un momento en el que la financiación es un verdadero problema para ellas.

"Antes cuando solicitabas una beca sabías qué es lo que te tocaría porque estaba muy establecida la cuantía en relación con los requisitos de renta o distancia del centro de estudios, pero con el nuevo decreto será todavía más complicado y más difícil de calcular", adelanta Julio Serrano, de CCOO.

Un fijo de menos de la mitad

El decreto de 2007, que el ministro Wert modificó por primera vez el curso pasado, establecía unas cuantías (en el caso de las rentas más bajas y jóvenes cursando estudios en otra ciudad) que sumadas alcanzaban hasta los 6.056 euros anules, más la matrícula en el caso de los universitarios (en Bachillerato y FP es gratis). "Este dinero, complementado por la aportación familiar y muchas veces por eventuales trabajos de los estudiantes, ayudaba a pagar una residencia o piso, comida, material educativo y traslados", enumera Serrano. El mismo caso (el de mayor necesidad económica) obtendría con la nueva regulación unos 3.000 euros. Más 60 euros como mínimo del variable por nota. Esta cantidad dependerá, además del expediente académico del año anterior, de lo que haya 'en caja'. "Serán tus notas y tu renta compitiendo con las notas y la renta de los demás solicitantes por el dinero disponible", explica Serrano, responsable de la Secretaría de Universidad e Investigación de la FECCOO. El ministerio cubriría para empezar las asignaciones fijas y el resto se repartiría en las proporciones variables. Aunque los sindicatos sospechan que con la bajada de la cuantía y del número de becas el ministerio busca ahorrar más de 200 millones de euros.

En resumen: menos dinero y más difícil de obtener. Y no es que España destaque en cuanto a la generosidad de sus becas. Si la media europea es dedicar un 0,28% del PIB, España se queda en un escaso 0,11%. Porque recibir (y conservar) esa "subvención para realizar estudios" que el borrador del nuevo decreto argumenta como "el deber constitucional de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la educación" dependerá de unos umbrales académicos que "rompen con la igualdad de oportunidades", según la Conferencia de Rectores. Un 6,5 en la prueba de acceso a la universidad (un 5,5 en el caso de la FP) o la aprobación del 100% de los créditos en el caso de muchas carreras no son un logro al alcance de todos pero sí una barrera para acceder a las aulas. A menos que lo puedas pagar.

La directora general de Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Liana Ardiles, lo ha asegurado, según informa Expansión. El precio del agua subirá al menos un 50% para cumplir con los compromisos comunitarios en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas y para cumplir con la Directiva Marco del Agua. Los costes de las inversiones en infraestructuras que habrá que acometer entre 2014 y 2021 serán repercutidos a los usuarios.

En las jornadas sobre planificación hidrológica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), Ardiles agregó, según cita Expansión, que en los dos últimos años “se han reducido en un 80% los incumplimientos en materia de depuración”, y confió en “entrar en la senda del cumplimiento a partir de 2014”. De lo contrario, España se enfrenta a una multa de entre 30 y 60 millones de euros por incumplir su Plan Nacional de Calidad de las Aguas (aprobado en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero para dar cumplimiento a la directiva).

Según explica Expansión, el problema es que las concesiones de depuradoras suponen más déficit público o encarecimiento del agua. Para que esos 10.000 millones no engorden el agujero presupuestario, Eurostat exige que corran a cargo de los consumidores, como mínimo, el 50% del coste de inversión y el 100% del coste de explotación de las obras.

Los analistas, los expertos, las empresas de abastecimiento y los ingenieros consultados por Expansión han calculado que el encarecimiento será, cuando menos, del 50%. Y hasta fuentes gubernamentales coinciden en ese diagnóstico. No obstante, el Gobierno espera poder aminorar el impacto de las inversiones en el consumidor por medio de financiación europea, según cuenta Ardiles al diario económico.

Unos 340.000 alumnos del millón y medio total que en la actualidad cursan estudios en las universidades españolas no cumplirían los nuevos requisitos para becas del próximo curso, según una estimación del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía, Antonio Ávila.

Ávila ha hecho estas declaraciones antes de entrar en la Conferencia de Política Universitaria que preside el ministro José Ignacio Wert y aportando datos extrapolados de la cifra de Andalucía, 90.000 universitarios, es decir, el 40% del total de esa comunidad no cumplirían los requisitos, que incluyen tener un 6,5 para acceder a la Universidad.

El consejero ha asegurado que venía a la reunión "en positivo" porque, independientemente de la circunstancia económica, hay "una situación evidente de demanda social en torno a una preocupación que es el futuro universitario" de los estudiantes en cuanto a las becas.

"Hoy estamos aquí los máximos responsables en esta materia de España" y el ministro "no tiene que escuchar a un consejero andaluz o socialista sino al clamor que hay en la sociedad" en cuanto a un tema que "afecta a la igualdad".

Por su parte, la consejera asturiana Ana González (PSOE) ha manifestado al entrar en la reunión su "total rechazo" a una "propuesta clasista" de becas que, en su opinión, "solo pretende que estudie la gente que tiene dinero".

González ha criticado la política de "esfuerzo" que defiende Wert señalando que todos los estudios, incluso los del Ministerio, demuestran que las personas que tienen beca obtienen como mínimo un 14 por ciento mejores resultados que los que no becados.

Y el director general de Universidades de Cataluña, Antoni Castellá, ha enfatizado también su postura contraria a los nuevos requisitos; "no nos gustan", ha afirmado.

Durante el pasado año la población española disminuyó por primera vez desde 1971. En 2012 vivían en España 113.902 personas menos. Nacen menos y se van más. Aumentan los españoles que dejan el país pero, sobre todo, los extranjeros: 417.023 inmigrantes han abandonado el estado en busca de unas oportunidades que cada vez son más difíciles de encontrar en nuestro país.

Los emigrantes españoles continúan en aumento. Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2012 se fueron del país 59.724 españoles, lo que supone un 7,7% más que en el año anterior. El descenso de población se produjo en el rango de edades de 15 y 39 años, un 474.998 personas y entre los niños menores de 10 años, que se redujeron en 14.351.

Además, se registra una caída notable en el grupo de edad de 75 a 79 años. Desde el INE explican este descenso por la llegada a dichas edades de las generaciones más reducidas nacidas durante la Guerra Civil. La población mayor de 64 años se incrementó en 134.356 personas durante 2012, un 1,7% más.

La diferencia entre la población extranjera que llega a España y aquellos inmigrantes que se van alcanzó los 135.045 emigrantes durante el año pasado, lo que supone un descenso siete veces mayor que el registrado durante 2011. Esto se debe, por un lado, a la caída de la inmigración por la crisis económica y la consiguiente disminución de las oportunidades laborales españolas. Y es que en 2012,  establecieron su residencia en nuestro país 53.915 menos que el año anterior -281.978 personas en total-. Por otro, al intenso aumento de los inmigrantes que han abandonado el país en este periodo de tiempo.

Las personas de origen rumano son las que más frenaron sus llegadas en 2012 con un 45,5% menos con respecto al año anterior, seguidos de los venezolanos (29,6%) y peruanos (27,7%). Aunque la inmigración procedente de Rumanía descendió de forma notable, continúa siendo el principal país de origen de los extranjeros residentes en España, seguidos de los marroquíes (23.408) y los británicos (16.569).

Ecuador, Reino Unido, Francia y Alemania fueron los principales destinos de los emigrantes españoles, con más de 4.000 salidas en cada uno de estos países. En términos relativos, destacó el fuerte aumento de españoles que trasladaron su residencia a Colombia y Ecuador, así como el descenso de la emigración a China y Bulgaria.

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, se ha mostrado en contra de la propuesta del ministro de Educación de excluir del sistema de becas a los estudiantes universitarios que no lleguen al 6,5 de nota media. Alonso ha explicado que un 5 es ya un aprobado y ha defendido la "igualdad de oportunidades es que nadie deje de estudiar porque no tiene dinero para hacerlo".

El diputado popular se ha opuesto así a limitar el acceso a las becas en función de las calificaciones: "Se puede primar el esfuerzo, pero tiene que haber una base de igualdad de oportunidades", ha expresado el portavoz en una declaración improvisada a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso. Alonso ha evitado la rueda de prensa habitual de los martes.

Los dirigentes populares han evitado pronunciarse sobre la medida que ha planteado el ministro José Ignacio Wert. "No es bueno entrar a hacer comentarios sobre comentarios en asuntos tan delicados", respondió este lunes el número tres de la organización, Carlos Floriano.

No obstante, la oposición manifestada por Alonso no es la primera reacción contra las exigencias propuestas por Wert para el acceso a las ayudas al estudio. El consejero de Educación de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez, se pronunció este lunes en la misma línea que el portavoz popular en el Congreso y avisó de que "nadie se debe quedar fuera de la Universidad por motivos económicos" porque es "truncar una vida".

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha valorado las palabras de su homólogo popular como "una enmienda a la totalidad al Gobierno y al minstro Wert". También ha destacado el "aislamiento" por parte del PP a la propuesta educativa. La diputada socialista ha insistido en que el Gobierno debe "retirar la reforma educativa".

Desde Izquierda Unida consiran que Wert se ha convertido "en el pirómano de este Gobierno, que intenta distraer la atención". Por su parte, Joan Coscubiela ha afirmado que "la polémica suscitada es una reacción fingida", ya que el PP defiende la política "clasista" del ministro de Educación.

¡Ladrones!", "¡quiero mi dinero!, ¿me oyes?, ¡mi dinero!", "mangante, sinvergüenza", "menos cuento, ¡así con ese rollo nos engañasteis!". Son algunos de los insultos que los accionistas de Bankia han gritado al presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia. El banquero ha dado un discurso con ocasión de la junta general de accionistas, que se celebra hoy en Valencia. Al acto han acudido centenares de accionistas que han abucheado a los directivos. La estampa resultante era de una docena de ejecutivos con traje en el escenario que aguantaban estoicos los gritos del público, en el que abundaban jubilados y personas sin corbata. 

El exportavoz del PP Rafael Blasco ha solicitado en las Cortes Valencianas abandonar el Grupo Popular para integrarse en el de diputados sin partido, los no adscritos, en el Parlamento autonómico. Blasco, al que la Generalitat pide 11 años de cárcel por su supuesta implicación en el caso Cooperación, una trama que supuestamente robó dinero del contribuyente destinado a ayudas al tercer mundo, no abandona su escaño.

El exconsejero, uno de los hombres fuertes del PP valenciano desde la época de Eduardo Zaplana, iba a ser expulsado esta tarde del Grupo Popular. Según fuentes del partido, ha optado por no dar batalla –en contra de lo que había insinuado públicamente– al constatar su falta de apoyos entre los otros 54 representantes de su partido en las Cortes.

De hecho, Blasco confiaba en atraer a su causa a varios de los otros 9 diputados autonómicos del PP imputados por casos de corrupción como Gürtel o Brugal. No ha sido así. La dirección del partido se ha empleado a fondo para evitar la conformación de un frente de diputados imputados y el exconsejero de Solidaridad no ha querido que se visualice su soledad, siempre según algunos cargos del PP.

Expulsado del PP por sus críticas, no por corrupción

El ostracismo de Blasco es consecuencia de su implicación en el caso Cooperación, la trama supuestamente creada para expoliar fondos públicos destinados  al tercer mundo. Concretamente, los abogados de la Generalitat acusan a Blasco de los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Según los servicios jurídicos del Gobierno valenciano, la consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por Blasco, estaba en el centro de la cadena de "acciones y omisiones de funcionarios y cargos públicos que favorecen, contribuyen, conocen, consienten y no impiden el resultado que se alcanza en cuanto a la desviación de fondos públicos".

Sin embargo, no es su presunta participación en este caso lo que le ha costado su puesto en el partido. El PP sólo decidió suspenderle de militancia de manera cautelar pero fulminante después de que el exconsejero criticara al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en una televisión, 13TV.

Fabra ha ganado la primera batalla, pero Blasco no se da por vencido. En su petición de abandonar el Grupo Popular deja abierta la puerta a su regreso: lo solicitará si consigue su readmisión en el partido, que, según afirma, ni siquiera le ha comunicado oficialmente su expulsión.

El Comité Olímpico Internacional le pide a la candidatura de Madrid 2020 que trabaje para conseguir el “compromiso de toda la nación”. Según el informe técnico publicado por el COIsobre las ciudades aspirantes (Madrid, Estambul y Tokio), existe una preocupación  por que se “preste una atención temprana por parte del Comité Organizador durante todas las preparaciones para conseguir promover” ese compromiso. La comisión evaluadora dice de Madrid que “serían necesarios esfuerzos de comunicación para promover el compromiso alrededor de los Juegos”.

Aunque el documento habla de un “proyecto compacto con la mayoría de las sedes deportivas a menos de 20 minutos de la villa olímpica y ya construidas”, lo cierto es que, según se lee el reporte, a los evaluadores del comité les tiene preocupado la caída de popularidad de su fiesta en las poblaciones donde pueden celebrarse. En el caso de la capital de España, esta popularidad ha caído unos quince puntos respecto a anteriores intentonas y esto no ha pasado desapercibido para los que han de otorgar la organización. El propio COI realizó una encuesta en enero pasado donde el 76% de los ciudadanos de la región de Madrid “apoya” el proyecto. En anteriores candidaturas (2012 y 2016), ese apoyo fue del 91% y el 93% respectivamente. En Estambul, el apoyo medido por el COI es del 81% y en Tokio el 70%. En cuanto al resto del estado, en España, la candidatura obtuvo un 81% de simpatías por un 67% de Japón y un 76% en Turquía. Los aros olímpicos son menos seductores que en ediciones previas y el COI exige a los aspirantes  trabajar las relaciones públicas con sus ciudadanos para aumentar la buena imagen de los Juegos Olímpicos.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha contrapuesto a estas indicaciones “el espectacular evento de apoyo” que se vivió en una carrera nocturna por el centro de Madrid el sábado 22 de junio. Y, además, ha matizado ese dato al relacionarlo con la coyuntura económica negativa que compromete cualquier proyecto en España. En este sentido, la evaluación olímpica incluye que “la economía española estuvo en recesión en 2012. Su perspectivas económicas atribuyen al país una caída del PIB para este año del 1,3% y para 2016 un crecimiento del 1,1%. Así que, establece “el Comité Organizador podría enfrentarse con algunos riesgos asociados al estado de la economía española”. Según el COI, “tanto la oficina de la candidatura Madrid 2020 como el Gobierno han indicado que España muestra signos de recuperación”.

Desembarco gubernamental en Lausana

Con todo, en las dos últimas aspiraciones olímpicas de Madrid, el apoyo popular no se tradujo en el apoyo de los casi cien miembros del COI que acabarán votando la sede. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que “el lobby importanse se hará en Lausana (Suiza) en la primera semana de julio”. Y como lo que realmente preocupa a los dirigentes municipales es que el COI se crea que las finanzas no serán un problema y que la economía no impediría los Juegos”, el mismo ministro de Economía, Luis de Guindos aparecerá en la ciudad centroeuropea para dar seguridades, según cuentan a eldiario.es las mismas fuentes del Ayuntamiento. “Incluso puede acercarse el presidente Mariano Rajoy”, apuntan, aunque no confirman. En este sentido económico, el informe destaca que en España, “la importación, uso y exportacion de bienes requeridos por el COI o las federaciones internacionales y sus delegaciones, así como de los medios de comunicación estarán libres de impuestos”. También los no residentes que vengan a trabajar a los Juegos “tendrán exención en sus ingresos”.

La cantidad de datos personales y de información que los ciudadanos subimos a Internet convierte en preocupante la vigilancia de las comunicaciones que practican los gobiernos. Programas como el recientemente destapado en Estados Unidos, Prism, hacen preguntarse sobre lo que los países pueden hacer y especialmente sobre lo que ya están haciendo, pasando desapercibidos.

Un informe de la Asamblea de Naciones Unidas (PDF) fechado el 17 de abril de 2013 destaca la facilidad tecnológica existente en la actualidad para vigilar las comunicaciones. Existen herramientas para monitorizar el tráfico web, así como las llamadas y los mensajes de texto. De la misma manera se puede intervenir la red de individuos concretos, teniendo acceso a sus datos y conexiones privadas. También señala que ha sido una ambición de los estados desde hace tiempo el interceptar este tipo de comunicaciones.

Los argumentos de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen son los más recurrentes para justificar cambios en las legislaciones que permitan la vigilancia. El documento de la ONU reconoce la importancia que pueden tener estas comunicaciones para los propósitos anteriores. Pero las leyes que regulan la intervención de los estados en el control de Internet suelen ser inadecuadas o inexistentes. “Los marcos legales inadecuados a nivel nacional crean un suelo fértil para violaciones arbitrarias e ilegales del derecho a la privacidad en las comunicaciones. Y, consecuentemente, también amenazan la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”, destaca el informe.

El caso de Prism es el último conocido y uno de los más polémicos debido a la magnitud del espionaje. También por su capacidad para llegar a ciudadanos de fuera de Estados Unidos. Pero es especialmente grave por la implicación de compañías tecnológicas tan populares como Google, Facebook o Apple. Al principio negaron su colaboración, pero poco a poco han ido revelando que atendieron a las solicitudes de información. Sin embargo, el caso de Estados Unidos no es una excepción. Tal vez su red de espionaje cuente con más recursos y experiencia que la mayoría de países, pero la vigilancia de la Red se produce en muchos lugares.

Europa: algo más que retención de datos

La Unión Europea aprobó en 2006 la Directiva de Retención de datos, mediante la cual se obliga a los proveedores de telecomunicaciones a conservar información de la actividad de sus clientes durante un periodo entre seis meses y dos años. Los números de teléfono de las llamadas, direcciones IP, localización, destinatarios de correos electrónicos y otros detalles para identificar las comunicaciones de los usuarios, así como su duración, pueden estar a disposición de las autoridades si lo necesitan.

Muchos países complementaron esta directiva con legislaciones nacionales. Incluso algunos de fuera de la Unión Europea, como Serbia e Islandia, han adoptado leyes basadas en este modelo. En España, el texto procedente de Bruselas se concretó en la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. En ella se exige a los operadores que conserven una serie detallada de datos orientados a identificar a los sujetos que realizan una conexión, cuánto dura ésta, cuándo se produce y desde qué lugares.

En Alemania, Rumanía, República Checa, Chipre y Bulgaria ha habido tribunales que han declarado inconstitucionales las leyes que estos países promulgaron basándose en la directiva Europea. Juristas en el Parlamento Europeo han defendido que la normativa promueve la vigilancia de la sociedad y perjudica a los derechos humanos. Uno de los estados que más apoyó en su momento el texto legal europeo fue Reino Unido, con el respaldo de Estados Unidos.

En estos momentos en Reino Unido está en proceso de aprobación un proyecto de ley con una de las legislaciones más intrusivas que se han dado en telecomunicaciones. Joe McNamee, director ejecutivo de Edri.org, que lucha por los derechos digitales en la UE, explica que la ‘Communication Data Bill’ constituye la medida más alarmante que un país democrático ha propuesto. “Básicamente permite al estado acceder a múltiples bases de datos de compañías privadas, para generar perfiles de personas más detallados incluso que los que las propias compañías pueden producir. Por ejemplo, el estado podría obtener datos del perfil de Facebook, datos de localización del operador móvil, detalles de los contactos de email de un proveedor de correo”, señala.

En España también está pendiente una propuesta para reformar el Código Procesal Penal con el fin de poder introducir software espía en ordenadores personales, aunque tendría que autorizarlo un juez primero.

La excusa de la seguridad nacional

Uno de los argumentos que defendieron el establecimiento de la directiva europea fue la salvaguarda de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. El debate y la posterior aprobación se produjeron tras los atentados del 11-M, el año 2004 en Madrid, y los del 7-J, en el 2005, en Londres. En Estados Unidos, el Patriot Act, que dota a las agencias del país de poderes más amplios de vigilancia para combatir el terrorismo, fue aprobado apenas un mes y medio después del 11-S.

Otros países también han utilizado este argumento para modificar endurecer sus legislaciones sobre vigilancia. En India, un mes después de los atentados de Bombay de 2008 se modificó la Ley de Tecnología de la Información. No hubo debate en el Parlamento. En 2011 se volvió a reformar la legislación y las autoridades obtuvieron capacidad para escuchar llamadas telefónicas, controlar los mensajes de texto y el tráfico web. Recientemente se ha puesto en marcha un sistema para centralizar toda la vigilancia. Instituciones como Hacienda o los servicios de inteligencia tienen acceso a esta información. Según Reporteros sin fronteras, India también lleva tiempo presionando a compañías como BlackBerry, Google o Skype para que le den acceso a las comunicaciones que realizan sus usuarios.

Otro de los países que esgrime la seguridad nacional para controlar las redes es Rusia. El servicio federal de supervisión de las comunicaciones y la tecnología de la información (Roskomnadzor) está lealmente capacitado para llevar a cabo una monitorización a gran escala. Esta autoridad admite la instalación de software online para identificar contenido que se considere “extremista”. Su política traspasa fronteras, ya que Kazajstán o Bielorrusia se ven influenciados por ella.

La institucionalización de la vigilancia

El país que tiene más organizada la vigilancia de las redes es China. Es obligación de las compañías locales, con una gran participación estatal, controlar sus redes. La intención es impedir que proliferen mensajes contrarios al régimen y para ello se practica una censura permanente. Donde más se dejan notar estas acciones quizá sea en Weibo, el Twitter chino, en el que se suprimen comentarios caso a tiempo real con ayuda de más de 4.000 censores. Además, desde marzo de 2012 los usuarios de microblogging tienen que registrarse bajo su verdadero nombre y dar su número de teléfono.

Esta obligación de certificar la identidad real también se ha establecido para los usuarios de WeChat (el WhatsApp chino), que deben dar su número de DNI, número de móvil y enviar una fotocopia de su DNI, según el informe Enemigos de Internet 2013, de Reporteros sin Fronteras. Desde Citizen Lab detectaron la presencia de servidores de tipo PacketShaper, que identifican y controlar el tráfico web, construidos por la empresa especialista en vigilancia de redes Bluecoat.

La situación no es tan grave en Irán, pero el modelo de control tiene similitudes. La legislación establece que se puede monitorizar el correo electrónico, las conversaciones VoIP y los chats. Las páginas requieren una licencia de la Telecommunication Company of Iran (el proveedor de Internet mayoritario, controlado parcialmente por el Estado) y los blogs otra del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. En enero de 2013 las autoridades anunciaron que estaban creando una tecnología para monitorizar mejor las redes sociales, cuya utilidad para organizar protestas políticas ha quedado de manifiesto durante los últimos años. Las compañías chinas Huawei y ZTE proporcionan servicios de DPI (deep packet inspection) a proveedores iraníes, para que puedan interceptar las comunicaciones de los usuarios.

Las otras consecuencias de la Primavera Árabe

La apertura que trajo la Primavera Árabe también ha motivado a los gobiernos de la región a afianzar su control sobre la población. Dado que uno de los vehículos de difusión más destacados de las protestas fue Internet, la vigilancia de las redes se ha incrementado considerablemente. En Bahréin, el régimen de la familia real filtra el contenido online, evitando que estén accesibles temas como la pornografía, pero también las opiniones políticas o religiosas que no comulgan con el Gobierno.

Los servicios de inteligencia controlan a los miembros de la oposición y disidentes a través de las redes sociales, según la información de Reporteros sin Fronteras. El régimen utiliza los servicios de tres de las compañías más famosas por sus productos para vigilar las redes: Blue Coat, Gamma y Trovicor. La segunda de ellas estaría en tratos con Egipto para venderle su suite de spyware FinFisher, aunque según la empresa aún no se ha firmado ningún acuerdo.

La guerra civil en Siria ha permitido al Gobierno de Bachar Al Asad actuar con impunidad en lo que se refiere al control de Internet. El filtrado de contenido y la monitorización de las comunicaciones están a la orden del día. Se han descubierto servidores de Blue Coat que utilizan técnicas de DPI para analizar las actividades de los usuarios sirios. El régimen controla a la Syrian Telecommunications Establishment (STE) y a la Syrian Computer Society (SCS), proveedores de conexiones fijas a Internet y de la red 3G, respectivamente.

Espionaje político fuera de la ley

Se han descubierto casos de otros países cuyo principal objetivo parece ser espiar directamente a la oposición política. Para ello han utilizado tácticas propias del cibercrimen, como el envío de troyanos. Hauke Gierow, responsable del área de libertad de Internet en Reporteros sin Fronteras Alemania, apunta a la implicación de la compañía alemana Gamma International. “Se ha informado de casos sobre periodistas y activistas que han sido espiados en Etiopía, presuntamente usando  software intrusivo alemán”, explica.

Citizen Lab ha detectado malware avanzado que utiliza imágenes de miembros de un grupo de la oposición (Ginbot 7) como anzuelo. Se identificó el producto FinSpy, de la compañía Gamma. También se ha descubierto software espía en el ordenador de un miembro de la disidencia de Angola. Se identificó cuando se encontraba en una conferencia anual sobre derechos humanos, en Oslo, durante un taller de formación para enseñar a los asistentes a protegerse de la vigilancia de los gobiernos.

Los cambios de leyes en Latinoamérica

En América Latina algunos países están modificando sus legislaciones para dar cada vez más poder a las autoridades. En México, desde hace más de un año, la policía puede acceder a los datos de localización de los usuarios en tiempo real y sin necesidad de orden judicial. El gigante económico de la región, Brasil, también aprobó una norma que permite a la policía y a los fiscales exigir a los proveedores de Internet la información de registro de usuarios. Esto se puede producir mediante “una simple solicitud, sin orden judicial, en las investigaciones penales por lavado de dinero”, señala la activista de la Electronic Frontier Foundation (EFF) Katitza Rodríguez. Quien destaca la existencia de un proyecto de ley para ampliar esta medida a todos los casos de crímenes.

La situación en Colombia merece igualmente atención, tras la aprobación – sin debate público – de una legislación que recuerda al programa Prism de Estados Unidos. “El 15 de agosto de 2012, el Ministerio de Justicia y Tecnología de Colombia expidió el Decreto 1704 para obligar a los proveedores de telecomunicaciones, incluyendo los proveedores de servicios de Internet, a crear puertas traseras que harían más fácil a la policía espiar a los colombianos”, indica Rodríguez.

El marco legal como arma

El derecho internacional establece unos límites dentro de los cuales un estado legalmente puede restringir el derecho a la vida privada de sus ciudadanos de forma excepcional. Para ello es necesario que la vigilancia de las comunicaciones esté prevista por ley. Ésta debe tener un nivel de claridad y precisión suficiente para garantizar que las personas conozcan por adelantado la restricción y que se pueda prever su aplicación. La ejecución de este control tiene que ser estrictamente necesaria para alcanzar un objetivo legítimo y no se debe emplear si existen técnicas menos invasivas o no se han agotado otras vías para obtener información.

“El problema que vemos es que los Estados están adoptando normas que no cumplen con estos principios. Más bien, varias normas permiten la vigilancia masiva de las comunicaciones de todas las personas en un país. Es decir la vigilancia masiva de todo ciudadano ordinario y no sólo la vigilancia selectiva en base a una causa y una presunta responsabilidad que son sujeto de investigación”, argumenta Katitza Rodríguez. En su informe de abril de 2013 sobre derechos digitales, Naciones Unidas apunta que los marcos legales no están en consonancia con las nuevas tecnologías.

Los estados se están rigiendo por leyes antiguas y por marcos legales que no tienen en cuenta las posibilidades de las nuevas tecnologías. Éstas tienen un alcance mucho mayor de lo que las legislaciones anteriores se proponían. La falta de mediación judicial y las excepciones por casusas de seguridad nacional son preocupaciones destacadas que cita el informe de la ONU. La obligación de identificar a las personas que están detrás de los usuarios también se menciona. En muchos estados la legislación requiere registrar con su DNI . “En muchos estados, las leyes requieren la provisión de identificación en los cibercafés. En países en desarrollo muchas personas usan los cibercafés a menudo pues no cuentan con computadoras en sus casas”, denuncia Rodríguez.

El informe también hace referencia a la permisividad de las leyes con la vigilancia extraterritorial.  Estados Unidos ampara desde hace tiempo el espionaje a ciudadanos de fuera de sus fronteras, pero otros países están empezando a legislar ahora en este sentido. El pasado diciembre de 2012 la Asamblea Nacional de Pakistán aprobó la Ley de Garantías Judiciales para poder actuar en el exterior. “Existe una tendencia alarmante hacia la ampliación de las competencias de vigilancia más allá de las fronteras territoriales, aumentando el riesgo de acuerdos de cooperación entre la policía estatal y las agencias de seguridad para permitir la evasión de las restricciones legales nacionales”, explica Rodríguez.

“Esto plantea graves preocupaciones con respecto a la comisión extraterritorial de violaciones de derechos humanos y a la incapacidad de las personas de saber que ellas que podrían ser objeto de una vigilancia extranjera”, declara Rodríguez, haciendo hincapié en lo diluido que queda el derecho a la defensa cuando el espionaje se produce desde fuera del país.

Foto: Henning Mühlinghaus

Cada vez son más los gobiernos que utilizan la tecnología para intentar controlar a sus ciudadanos, monitorizando las redes e intentando a acceder a los datos sin autorización judicial.

Una recopilación de hechos en distintos países puede aproximarnos a una idea de cómo está la situación de la vigilancia y el control de la red en todo el mundo.

El presidente de la Junta de Andalucía no volverá a ser candidato. José Antonio Griñán, que ya ha comunicado su decisión a la dirección federal del PSOE, hará público el anuncio en su dicurso inicial durante el debate sobre el estado de la región que se celebra este miércoles.

Griñán pretende acabar la legislatura al frente de la presidencia de Andalucía, donde gobierna gracias al apoyo de Izquierda Unida, y también mantener su cargo como secretario general de los socialistas andaluces y presidente del PSOE, según informa la Cadena SER. Eso supondría un largo camino de tres años hasta la convocatoria de elecciones, en los que tendrá que convivir en el liderazgo con quien el partido nombre como su sucesor para las urnas.

Uno de los nombres que suena para el relevo es el de la mano derecha de Griñán, Susana Díaz, consejera de la Presidencia y líder del PSOE en Sevilla, aunque los procesos de la formación prevén unas primarias donde podrían concurrir otros candidatos.

El líder de los socialistas andaluces ya dijo sobre su futuro que su vida política acabaría en la Junta de Andalucía y descartó dar el salto a Madrid para liderar la candidatura del PSOE a la presidencia del Gobierno. En el caso del relevo de Alfredo Pérez Rubalcaba, Griñán ha defendido que las primarias deben acercarse lo máximo posible al calendario electoral, "seis o siete meses" antes de las elecciones generales. En el caso del PSOE andaluz, todo apunta a que el calendario se adelantará.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha dicho desconocer las razones que han podido llevar a su sucesor, José Antonio Griñán, a decidir no volver a presentarse como candidato en las próximas autonómicas, pero ha pedido que "sean cuáles sean" no se interpreten en clave interna dentro del PSOE. Es más, se ha mostrado convencido de que esta situación no va a condicionar "la agenda" del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Así se ha pronunciado Chaves en los pasillos del Congreso, tras expresar su "profundo respeto" por lo que decida hacer Griñán y remitiéndose a las explicaciones que el presidente andaluz ofrezca este miércoles durante el Debate del estado de la comunidad.

"Sean cuales sean las razones, espero que no desvíen la atención del partido de los problemas de los ciudadanos, que esto no se enfoque hacia el interior del partido", ha comentado Chaves, quien no ha querido valorar el hecho de que Griñán anuncie sus planes cuando aún quedan tres años para que concluya la legislatura andaluza, limitándose a comentar que, como él hizo, habrá elegido el momento que él considera "más oportuno".

Querrán mezclar las cosas

Preguntado sobre si la marcha de Griñán puede interpretarse como un relevo generacional que acabe afectando a Rubalcaba, el presidente de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo ha subrayado que "una cosa no tiene nada que ver con la otra", puesto que "uno es presidente y el otro es secretario general".

"Habrá quién quiera mezclar ambas cosas --ha pronosticado--, pero estoy seguro de que su decisión no va a condicionar la agenda de la dirección federal del partido ni del secretario general" de los socialistas.

Durante toda la mañana, y buena parte de la madrugada, los teléfonos hierven en las manos de los responsables del PSOE andaluz. Desde los más altos cargos del partido, el mensaje que se transmite no es único, lo que evidentementte implica que el resultado final de la sustitución de José Antonio Griñán al frente de los socialistas andaluces es más incierto de lo que algunos pretenden transmitir.

"No es un calentón, como podrás comprender", dicen los encargados de calmar los ánimos. "Se trata de dar ejemplo, de crear una referencia que marque un camino también en España para el PSOE nacional. Y además se da un paso, un gesto, de los que perduran por el valor que tienen", aseguran fuentes del partido.

Desde fuentes del Gobierno andaluz, por otro lado, se destaca el carácter estratégico de la decisión de Griñán. "Los gobiernos de coalición son como los matrimonios, una veces se llevan bien y otras muy mal". Además, la situación económica y de enfrentamiento con el Gobierno de Madrid, "y sus amenazas de intervención, hacen que tenga sentido tener previstas todas estas contingencias y tener resuelta una posible salida", explican.

En definitiva, "para poder dejar despejado un horizonte lleno de incertidumbres" en el futuro político del Gobierno andaluz, por un lado, y por otro, para tomar la iniciativa dentro del propio PSOE federal y nacional, José Antonio Griñán anuncia hoy que ha puesto fecha a su jubilación, que sus días al frente de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz están contados.

"No nos va a ganar nadie en inciativa. El partido está cohesionado en torno a él. Tiene una hoja de ruta de cómo debe ser el relevo generacional en el partido que le ha costado muchos disgustos, y es el momento de ponerla en práctica, arbitar los mecanismos y marcar el camino al partido", explica uno de los más cercanos al presidente Griñán. Efectivamente, en Madrid, fuentes del PSOE aseguran que ya dan por hecho que se enfrentan a un inminente proceso de primarias en Andalucía.

Lo que no está tan claro, como sin duda interesadamente una parte intenta transmitir, es que la sucesión esté cantada a nombre de la actual consejera de Presidencia y secretaria general provincial del PSOE de Sevilla, además de coordinadora del Consejo Territorial del PSOE-A, Susana Díaz. "La decisión de abrir el melón la toman los dirigentes, pero son los militantes los que cierran el proceso", asegura una fuente de ese sector del partido que no parece dispuesto a aceptar que le nombren a la sucesora de Griñán.

Desde este mismo sector se apunta que será un proceso de primarias abierto y democrático y, por tanto, nada fijo. Un proceso que, previsibemente, arrancará mañana jueves, día en el que se ha convocado una reunión urgente de la Ejecutiva del PSOE-A.

Esta decisión de Griñán, al que le han encontrado ya dentro del partido rápidamente una nueva definición, la de "heterodoxo responsable", se enmarca además en una situación de efervescencia en la política andaluza, en la que los tres partidos con representación parlamentaria (PSOE, PP e IU) se han embarcado en un proceso de renovación de sus cúpulas dirigentes.

José Antonio Maíllo sustituyó la semana pasada a Diego Valderas a frente de IU. Ahora Griñán. Y en el PP, hace ya un par de meses, que las patadas bajo la mesa se han adueñado de la vida interna del partido, desde que en plena Feria de Sevilla, Juan Ignacio Zoido dejara clara que él no será el candidato a presidir la Junta de Andalucía.